“Hoy hay latinos arrestados aun con residencia legal”: el atentado del refugiado afgano que podría endurecer aún más las políticas antimigrantes de Trump

Un soldado se encuentra herido de gravedad y una murió el jueves 27 a causa de sus heridas, mientras que el sospechoso de perpetrar el ataque fue neutralizado al momento por otros miembros de la Guardia Nacional que llegaron al lugar advertidos por los disparos. Lo redujeron con cuatro balazos y, actualmente, se encuentra en estado crítico.

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Los medios han identificado al atacante como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos como refugiado en el 2022 y que, como muchos de sus compatriotas, ingresó al país tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Kabul.

Lakanwal trabajó anteriormente en Afganistán con el gobierno estadounidense, incluida la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según declaró el director de la CIA, John Ratcliffe, en un comunicado.

Para el internacionalista Francisco Belaunde, el caso de Lakanwal se debe analizar dentro del contexto migratorio que Estados Unidos ha implementado en los últimos años. Señala que el atacante ingresó al país como parte de un programa humanitario impulsado por la administración de Joe Biden tras la caída de Kabul.

“Era una persona que había luchado contra los talibanes y, en su momento, encajaba plenamente en los criterios de protección”, señala a El Comercio.

Coincide con Belaunde, Jorge Chávez Mazuelos: “Es difícil pensar que tenga algún tipo de vinculación peligrosa previa, porque él pasó por evaluaciones de seguridad y psicológicas antes de ser admitido. Eso forma parte del programa con el que llegó a Estados Unidos. Las investigaciones dirán si hubo alguna vinculación posterior o si esto tiene que ver con su situación psicológica”, sostiene.

“Con los programas Allies Welcome y Welcome Corps, han llegado cerca de 190 mil ciudadanos afganos a Estados Unidos. Muchos colaboraron con la CIA, con las Fuerzas Armadas o con el Departamento de Estado y tenían un temor fundado de persecución tras el regreso de los talibanes. Ese es el fundamento del programa”, añade el analista internacional.

Chávez explica que el problema es que hay unas 260 mil personas fuera de Estados Unidos que ya habían aplicado a estos programas y que ahora quedan congeladas. Y a los que ya están dentro se les volverá a entrevistar y evaluar. “Suspender de golpe estos procesos por un caso entre 190 mil parece una medida poco proporcional. Pero claro, existen preocupaciones de seguridad”.

En efecto, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos anunció en sus redes sociales la suspensión de todas las solicitudes de asilo de ciudadanos afganos. Lo hizo “a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes”, según declaró la agencia en X.

Belaunde sostiene que el enfoque migratorio estadounidense cambió drásticamente con el regreso de Trump al poder.

“Hasta antes de Trump, EE.UU. tenía una política relativamente abierta para recibir a quienes huían de situaciones críticas. Joe Biden, por ejemplo, incluyó a Venezuela en los programas de acogida. Pero ahora, con Trump, el criterio es mucho más restrictivo”, afirma.

El experto recuerda que este año el mandatario redujo el cupo de refugiados a 7.500 personas, en su mayoría blancos sudafricanos a los que el presidente considera víctimas de un supuesto ‘genocidio’. “Eso revela una selección claramente racial”, añade.

Para el analista, el atentado del miércoles es “la ocasión ideal” para justificar una agenda antimigrante más severa. “Aunque se trate de un caso aislado, para Trump y su entorno es el escenario perfecto para endurecer políticas y revisar solicitudes de asilo. Es un combustible político”, estima.

El líder republicano dio un mensaje luego del atentado en el que pidió reexaminar el ingreso de extranjeros y, además, arremetió contra las políticas de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

“Puedo informar esta noche que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional confía en que el sospechoso bajo custodia es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la Tierra”, manifestó Trump en el video.

Agregó que el sospechoso “fue trasladado en avión por la administración Biden en setiembre del 2021”.

“No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”, añadió Trump. “Debemos reexaminar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país”, señaló desde su residencia en Mar-a-Lago.

Por su parte, Chávez Mazuelos considera que quienes se verán más afectados son los afganos. Pero piensa que, de alguna manera, la situación puede servir para fortalecer “la idea de que hay migrantes que son una amenaza y que Estados Unidos tiene derecho a tomar mayores recaudos y políticas más estrictas para impedir que lleguen personas que puedan hacer daño”.

Y aunque la comunidad hispana no participa de este tipo de programas humanitarios —por lo que no se vería directamente afectada—, ese escenario impulsa la narrativa de “securitización”.

“La mayoría de actos de violencia armada en Estados Unidos no son perpetrados por inmigrantes del Medio Oriente, de Asia Central o de Latinoamérica, sino por estadounidenses. Pero se utilizan casos aislados para justificar políticas más duras y reforzar la idea de que el problema viene de fuera”.

Pero para Belaunde, las medidas antimigrantes podrían endurecerse, y no solo contra la comunidad afgana en Estados Unidos: hispanos, que ya viven una atmósfera de hostilidad, también podrían verse afectados.

“Hoy parece peligroso hablar castellano en Estados Unidos. Hay latinos arrestados aun teniendo residencia legal, incluso cónyuges de ciudadanos estadounidenses”, explica.

En su opinión, un caso como este no solo no ayudará a revertir esa tendencia, sino que podría acentuar la persecución hacia migrantes que no son blancos.

Las víctimas del atentado son miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. La Guardia Nacional es un cuerpo militar que depende de los gobernadores de cada uno de los 50 estados y funciona como una reserva: sus integrantes trabajan o estudian y solo se movilizan en ocasiones muy determinadas, como tras una catástrofe natural.

El presidente estadounidense movilizó a cientos de reservistas hacia la capital para luchar contra el crimen, un movimiento que generó controversia.

La semana pasada, Jia Cobb, jueza federal en Washington, decidió que la administración Trump no podía mantener el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, una medida que la ciudad recurrió en los tribunales. Cobb puso en suspenso su fallo durante tres semanas para dar tiempo al Gobierno a retirar a las tropas y a apelar la decisión.

Tras el suceso de este miércoles, la Casa Blanca pidió a Cobb que dejara sin efecto su decisión.

Al interior del debate político en Washington ya existían advertencias sobre los riesgos de mantener a la Guardia Nacional desplegada de forma permanente. Varios analistas habían señalado que una presencia tan amplia de efectivos —muchos de ellos sin experiencia operativa en zonas urbanas— podía terminar exponiéndolos a situaciones de violencia.

Para Belaunde, el atentado terminó materializando esos temores. “Había quienes advertían que tener a la Guardia Nacional en la calle, en un contexto tan tenso, podía traer consecuencias. Y finalmente algo ocurrió”, afirmó.

Chávez Mazuelos considera, en cambio, que Trump podría argumentar que el ataque no ocurrió por tener Guardia Nacional en las calles, sino porque el despliegue no fue lo suficientemente fuerte. “Es un razonamiento similar al que usan ciertos políticos republicanos respecto a las armas: no es que las armas generen violencia, sino que los ‘buenos’ necesitan estar más armados”.

Actualmente hay 2.300 efectivos de la Guardia Nacional apostados en Washington. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo este miércoles que el presidente había ordenado el despliegue de 500 tropas más en la capital como respuesta al tiroteo.