Trump y el petróleo de Venezuela: ¿qué significa el “histórico” acuerdo que da a EE.UU. acceso a 65.000 millones de barriles?

Inmediatamente después de la operación militar del 3 de enero del 2026 el la que Estados Unidos derrocó y capturó a Nicolás Maduro, Trump declaró que las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirían miles de millones de dólares en Venezuela.

Siete meses después, Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo” en Venezuela, mientras que Rodríguez destacó las inversiones millonarias que recibirá el país, algo que, aseguró, repercutirá en la recuperación económica y en la modernización de la industria petrolera local.

La Casa Blanca confirmó que Trump recibirá el martes a altos ejecutivos de la industria petrolera para hablar sobre la reducción de los precios de la gasolina en Estados Unidos, uno de los objetivos del pacto con Venezuela.

Estas son las claves del acuerdo:

Todavía no se conocen todos los términos del pacto. Trump informó en Truth Social que EE.UU. tendrá “el control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano “sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”. Eso representa el 21% de las reservas de crudo de esa nación sudamericana.

Venezuela tiene alrededor de 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, la mayor cifra del mundo y equivalente al 17% de las reservas globales.

Trump reveló que el acuerdo fue negociado por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y Delcy Rodríguez.

La mandataria precisó que el acuerdo implica el desarrollo de 17 campos estratégicos en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo y una inversión de más de 100.000 millones de dólares. Calculó “un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios”.

Dijo que los ingresos en tributos para el Estado Venezolano serán de unos US$209.000 millones, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril.

Remarcó que Venezuela conservará “la propiedad y la soberanía” de su petróleo.

Según Trump, el acuerdo supondrá duplicar las reservas probadas petroleras de Estados Unidos, que contaba con 46.400 millones de barriles de crudo y condensado al cierre del 2023.

La magnitud de las reservas de Venezuela no se traduce automáticamente en una producción elevada porque la mayor parte corresponde a crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, mucho más difícil de extraer, transportar y refinar que los crudos ligeros. De hecho, el país ha tenido que importar crudos más livianos para mezclarlos con el suyo y hacer viable su procesamiento en las refinerías.

Tras la caída de Maduro, Trump quería que las compañías estadounidenses asumieran rápidamente un papel dominante en el negocio petrolero venezolano, pero estas han mostrado reticencias a acelerar su participación. Ante ello, su administración diseñó una fórmula para que el propio Gobierno de Estados Unidos, a través de una oficina del Pentágono, se convierta en inversor directo de una empresa privada que obtendría derechos de largo plazo sobre reservas petroleras venezolanas.

Según una investigación del diario The Wall Street Journal, el Gobierno de Trump busca obtener una participación del 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt, que obtendrá los derechos sobre los 17 campos petroleros con reservas de 65.000 millones de barriles.

De acuerdo con el WSJ, Estados Unidos obtendría derechos preferenciales para comprar el 20% de la producción de la empresa a precio de costo.

La inversión sería estructurada a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, utilizando instrumentos financieros conocidos como “penny warrants”, que otorgan a su titular el derecho a adquirir acciones de una empresa a un precio de ejercicio nominal, generalmente de apenas unos centavos.

Entonces, mediante ese mecanismo el Gobierno Estadounidense podrá obtener una participación accionaria en el negocio sin realizar inicialmente una gran inversión de capital.

En cuanto a Betancourt, el WSJ explicó que ha sido intermediario en operaciones energéticas venezolanas y tiene vínculos cercanos con Delcy Rodríguez.

Agregó que su empresa, NABEP, se habría convertido en el segundo mayor productor privado de petróleo de Venezuela, después de Chevron.

Además, el diario mencionó que Betancourt ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero en España y Suiza, aunque estas no han terminado en cargos formales.

Mientras que el diario español El País describe a Betancourt como uno de los “bolichicos”: jóvenes que, sin trayectoria previa en sectores como el petrolero o eléctrico, obtuvieron contratos públicos multimillonarios durante el chavismo.

En resumen, el plan de Trump otorgará al Gobierno Estadounidense una participación económica y derechos preferenciales sobre proyectos que abarcan una enorme cantidad de reservas venezolanas.

El economista Asdrúbal Oliveros considera que la cifra de más de US$100.000 millones en inversiones anunciada debe interpretarse con cautela, pues no necesariamente corresponde a capital ya comprometido o que será desembolsado de inmediato.

“Más que una inversión que vaya a ejecutarse de manera inmediata, estamos hablando de una estimación del volumen de recursos que podría requerir la recuperación de una industria petrolera con décadas de deterioro acumulado”, explica a El Comercio.

Oliveros señala que el acuerdo puede ser relevante porque abre para Venezuela la posibilidad de recuperar un acceso sostenido a capital, tecnología, servicios especializados y mercados internacionales. Si el esquema permite una participación significativa de compañías privadas y ofrece una estructura contractual atractiva, sostiene, podría iniciar un proceso importante de rehabilitación de campos, recuperación de infraestructura y aumento de la producción.

Sin embargo, advierte que la recuperación de la industria petrolera venezolana será un proceso de largo plazo. “Venezuela tiene reservas extraordinarias, pero convertir reservas en producción comercial requiere inversión, infraestructura y tiempo”, afirma.

Según el economista, algunos campos podrían registrar aumentos relativamente rápidos mediante la recuperación de pozos existentes, pero llevar nuevamente la producción venezolana a varios millones de barriles diarios requeriría varios años y, probablemente, más de una década.

Por ello, Oliveros recomienda no concentrarse únicamente en la cifra de US$100.000 millones, sino observar tres factores: cuánto capital está realmente comprometido, bajo qué condiciones jurídicas y económicas se realizará la inversión y cuál será el cronograma de ejecución.

Oliveros considera que Venezuela enfrenta una “oportunidad histórica”, aunque su aprovechamiento dependerá de la capacidad del país para construir instituciones y reglas que permitan sostener las inversiones durante las próximas décadas.

“Pocas economías tienen la posibilidad de atraer semejante volumen de inversión hacia un sector donde ya existe una base de recursos tan grande”, afirma.

Agrega que una recuperación de la capacidad petrolera podría tener un impacto significativo en las exportaciones, los ingresos fiscales, el empleo, la infraestructura y la actividad privada.

No obstante, advierte que el petróleo por sí solo no garantiza una transformación económica. Recuerda que Venezuela ya recibió enormes ingresos petroleros en el pasado y eso no evitó el deterioro institucional ni la posterior crisis.

“La lección es precisamente que disponer de recursos naturales no sustituye instituciones sólidas”, sostiene.

Para que el nuevo ciclo de inversiones sea sostenible, Venezuela necesitará reglas estables, respeto a los contratos, seguridad jurídica, mecanismos transparentes de resolución de disputas, un régimen fiscal competitivo y una arquitectura institucional que limite la discrecionalidad política, precisa.

Oliveros subraya que las inversiones petroleras de esta magnitud tienen horizontes de 20, 30 o incluso 40 años, por lo que los inversionistas no pueden tomar decisiones de ese alcance basándose únicamente en el precio actual del petróleo o en un acuerdo político coyuntural.

“El éxito no se medirá únicamente por cuántos barriles adicionales produzca Venezuela, sino por si esos recursos ayudan a construir una economía más estable, productiva, diversificada y capaz de generar bienestar más allá del petróleo”, concluye.

El analista político venezolano Leandro Rodríguez Linárez manifiesta a El Comercio que el acuerdo refleja una amplia ventaja negociadora de Estados Unidos frente al gobierno de Delcy Rodríguez.

“La capacidad de discusión de Delcy Rodríguez es nula. Prácticamente, ella lo que hace es aceptar todo lo que propone Estados Unidos”, sostiene. Explica que la situación política del gobierno interino de origen chavista limita considerablemente su margen de negociación y permite a Washington imponer condiciones favorables a sus propios intereses.

Sin embargo, Rodríguez dice que el acuerdo no es necesariamente negativo para Venezuela, pero sostiene que pudo haberse negociado en mejores condiciones.

“Trump, a sabiendas de todo eso y de las condiciones que posee ahora el chavismo remanente, aprovecha y beneficia a las empresas estadounidenses, a las petroleras estadounidenses”, señala.

Rodríguez también hace una distinción entre el efecto que el acuerdo puede tener sobre Delcy Rodríguez frente a Estados Unidos y dentro de Venezuela.

“De cara a Estados Unidos, por supuesto que la fortalece, pero de cara al país, las reacciones han sido sumamente contrarias”, afirma. El pacto ha recibido críticas tanto de sectores opositores al régimen como de sectores del chavismo disidente, anota.

“Entonces, a lo interno del país la debilita, pero con quien tiene el poder de su permanencia, el tutelaje, esa relación sale fortalecida”, insiste.

El analista advierte que todavía existen importantes interrogantes sobre los términos concretos del pacto. Entre ellos, menciona su duración y las condiciones de participación de otras empresas extranjeras que trabajan actualmente en Venezuela.

Cree que compañías de países como Italia, España, Rusia y China podrían mantener su presencia Venezuela, aunque remarca que su participación futura dependerá de cómo evolucione el panorama político venezolano y de las condiciones definitivas del acuerdo alcanzado con Trump.