¿Cuáles son las señales que apuntan a una eventual transición política en Venezuela?

La expectativa generalizada de que el candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, ganará la elección del 28 de julio, plantea escenarios que están vinculados con una eventual transición política en Venezuela como no había ocurrido en los últimos 25 años.

A pocos días de la elección presidencial más desafiante en los últimos años para el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición unificada, que ahora lideran María Corina Machado y González Urrutia, hay señales que apuntan a un hipotético proceso de transición a partir de los eventuales resultados de los comicios del 28 de julio, de acuerdo con los politólogos consultados por El Pitazo.

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En medio de un proceso electoral que no transcurre con normalidad, marcado por el ventajismo y la persecución política a cargo del oficialismo, el director del centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Cepyg-UCAB), Benigno Alarcón, precisa cuatro elementos comunes en procesos de transición analizados en el mundo en los últimos años que son una realidad en Venezuela, como lo reflejan encuestas y estudios de opinión pública.

“Primero, una elección que implica la salida del poder de quienes lo controlan. Segundo, una oposición unificada en torno a un liderazgo. Tercero, que la gente esté movilizada alrededor de ese liderazgo para producir un cambio. En cuarto lugar, la presión internacional, que la tenemos no en los niveles de 2019, pero que existe y cada vez es mayor”, detalló Alarcón.

Hay un quinto elemento que, de acuerdo con Alarcón, tiene que ver con las fracturas internas que pueden producirse en regímenes autoritarios -como el de Venezuela- ante situaciones límites similares a la que podría presentársele al oficialismo ante los eventuales resultados del 28 de julio.

“El quinto elemento que todavía no vemos de forma clara, pero que puede existir, tiene que ver con las fracturas internas. Eso se ve el día de la elección o después, es raro verlo antes. Pudiéramos presenciar un quiebre institucional que no lo veremos hasta el día de la elección”, agregó Alarcón.

Si aún no es evidente el quiebre institucional o las fracturas internas en la colación gobernante, sí lo es en lo que respecta al respaldo popular, que está erosionado al punto de que el oficialismo vive su peor momento político y electoral desde 2012.

La brecha de 21 puntos porcentuales entre la candidatura de González Urrutia y Maduro, según encuestas y estudios de opinión pública, plantea mayores desafíos con costos políticos cada vez más elevados para el Gobierno.

“Las encuestas dan una diferencia muy grande a favor de Edmundo González. Una diferencia irreversible y, de alguna forma, empiezo a notar un deslave en lo que queda del chavismo, gente desmoralizada que ve que la situación va por otra vía, y eso deja a Maduro sin capacidad operativa de imponer un golpe de Estado: de decir que ganó el 28, cuando las encuestas muestran una diferencia muy grande”, resalta el politólogo y experto en opinión pública, José Vicente Carrasquero.

Un estudio de opinión pública de finales de junio a cargo de la firma ORC Consultores muestra que la intención de voto a favor de González Urrutia es de 58,6 %, mientras que Maduro cuenta con 14,5 % de respaldo.

Una encuesta más reciente, del 19 de julio, de la empresa Hercon Consultores, también ubica a González Urrutia en el primer lugar de preferencia de votación con 63,3 % frente a 29,8 % de Maduro.

El contexto

A medida que se acerca la fecha de la elección presidencial, la presión interna y la externa aumentan. Maduro acusa al “imperialismo” de convertir la campaña electoral en Venezuela en un hecho mundial; sin embargo, el oficialismo -con irregularidades y sus acciones al margen de la ley- se encargó de encender las alarmas dentro y fuera del país.

“Esta es la única elección que se celebra en la región con todas las irregularidades que hemos visto y que tiene este halo de que necesita vigilancia, de que hay que tomar medidas con respecto a lo que está pasando en el país. Estamos frente a un proceso electoral atípico en la región”, añadió Carrasquero.

Aliados ideológicos regionales del oficialismo como los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, no eluden su preocupación con respecto al contexto electoral venezolano y por lo que esté dispuesto a hacer el oficialismo.

“Petro y Lula están preocupados por los resultados, al igual que EE. UU., porque un posible mantenimiento de Maduro en el poder sería una hecatombe geopolítica por la migración, de ahí el interés del resto de los países para que Maduro se dé cuenta de que no está operando en el vacío y que hay observación alrededor”, añadió Carrasquero.

Hace dos semanas, Lula manifestó su deseo de que las elecciones en Venezuela “transcurran de forma tranquila y que los resultados sean reconocidos por todos”.

Petro, por su parte, planteó nuevamente la necesidad de un acuerdo con garantías para la oposición y el respeto de los resultados de la elección presidencial.

En Venezuela, con el paso de los días y a medida que transcurre la campaña electoral en la que persisten la persecución política y las irregularidades de parte del oficialismo, así como el aumento de la presión sobre el gobierno de Maduro, quedan en evidencia los intentos del oficialismo por tener una elección en la que pueda controlar los resultados o las consecuencias de los números finales de la elección, según Alarcón.

“En realidad, lo que caracterizará este proceso será una alta participación que podría ser superior a 70 %, con la expectativa de que la oposición va a ganar y el Gobierno va a perder, y que el Gobierno no va a respetar el resultado. Esos son los escenarios”, añadió el director del Cepyg-UCAB.

Qué tipo de transición podría ocurrir

En enero de 1958, se produjo en Venezuela una transición por ruptura, un tipo de cambio político que no se produce por una negociación, como lo explica Alarcón, sino que se genera por hechos como un golpe de Estado. “Eso podría pasar en Venezuela”, dice Alarcon.

Sin embargo, puntualiza el director del Cepyg-UCAB, las circunstancias hoy en Venezuela apuntan a que la transición que podría ocurrir a partir del 28 de julio será una que surja de la mezcla entre el conflicto y la negociación.

“Es una transición en la que el Gobierno se da cuenta de que no puede ganar y negocia su salida y mantener espacios de poder que le den garantías de supervivencia. En Venezuela no habrá una transición solamente negociada porque el Gobierno no da señales de querer negociar y apuesta a que puede mantenerse en el poder por las buenas o por las malas”, explica Alarcón.

Tanto González Urrutia como Machado han manifestado su disposición a negociar en medio del conflicto y han resaltado la conveniencia de que el círculo de poder del oficialismo negocie una transición ordenada y en paz.

Ningún escenario hasta ahora implica una solución sencilla para el Gobierno, según Carrasquero y Alarcón. En todo régimen autoritario, finalmente frente al inicio de una transición, hay deseos de mantener los llamados enclaves autoritarios, reservas de dominio y garantías.

El reto de la oposición está en definir, entre otras cosas, lo que más conviene para la transición en medio del conflicto y ante las demandas de una coalición que, si reconoce su derrota, persistirá en sus exigencias.

“La transición a la democracia va a ser un asunto complejo. Yo estimo que Maduro se va a separar del poder después de julio. El gobierno quedará en manos de una vicepresidencia más o menos neutral, habrá conversaciones desde el punto de vista del Ejecutivo, pero no hay que olvidar que al chavismo le quedará un año más de la Asamblea Nacional y ojalá ahí entiendan que habrá que facilitar los procesos para la transición”, agregó Carrasquero.

Riesgos y alertas en una transición

Forzar el inicio de una transición no es sencillo y la oposición venezolana lo sabe por todos los fracasos de los últimos años. Sin embargo, si llegara a producirse en Venezuela una transición por la vía electoral, lo complejo también será su consolidación y funcionamiento.

“Lo difícil de una transición viene después de que se inicia. Lograrlo es complejo. Las transiciones a veces se dan por hechos poco previsibles. Algunos gobiernos fracasan en los intentos por consolidar la transición, como sucedió en Nicaragua, con Violeta Chamorro, y en Egipto, por ejemplo”, destaca Alarcón.

En ese contexto, ¿con qué situaciones habrá que tener más cuidado y cuáles serán los riesgos en los que habrá que trabajar frente a un gobierno de transición?

“Mantener en pie un gobierno de transición y consolidar la democracia no es un proceso de corto plazo y la gente demanda mucho de ese nuevo gobierno en poco tiempo. Además, quienes salen del gobierno, actores que tienen recursos y poder, esperan señales de debilidad para actuar. La parte que no va a ser fácil es consolidar un proceso de transición y mantenerlo funcionando”, añadió Alarcón.

El rol del estamento militar que hoy se identifica con una parcialidad política, al margen de lo que establece la Constitución, será fundamental, según Carrasquero.

“Al hablar de transición, con lo primero que hay que contar es con el sector militar, con el papel que le atribuye la Constitución: ponerse al servicio del pueblo. Recordar que el 28 de julio no es que gana uno y pierde otro, sino que el pueblo expresa una opinión y dice en qué dirección debe ser manejado el país”, resaltó el politólogo.

Alarcón precisa tres aspectos de crucial atención en medio de las exigencias de un gobierno de transición.

“En primer lugar, la capacidad estatal y las respuestas a las demandas de la población. Segundo, un Estado de Derecho que goce de legitimidad para tener un marco jurídico que sostenga todo el proceso, eso incluye el sistema judicial e incluso modificar normas constitucionales. Y lo tercero sería rearmar el entramado que sostiene una democracia: lo electoral, la libertad de expresión, de asociación, entre otras cosas”, detalló Alarcón.

Un elemento que será transversal en un hipotético gobierno de transición es el relacionado con los derechos humanos y la justicia, sobre todo porque en regímenes autoritarios una de las principales exigencias de parte de quienes conforman el círculo de poder tiene que ver con garantías judiciales.

A la situación en Venezuela se le suma un proceso adicional no menor: el caso que avanza en la Corte Penal Internacional (CPI) y la investigación que adelanta la Fiscalía General de la CPI por crímenes de lesa humanidad.

“Sin duda habrá dificultades en el proceso de transición. Hay que comenzar a hablar de justicia transicional. Las denuncias de crímenes de lesa humanidad, los casos de corrupción, son elementos que resaltan y que representan un reto grande para quienes vayan a liderar todo el proceso”, destacó Carrasquero.

Existe un consenso en que los procesos vinculados con justicia y violaciones de DD. HH. se administran en periodos de transiciones con un sistema de justicia transicional y la figura de la amnistía es cada vez menos usual, sobre todo ante los pilares de un esquema de justicia transicional: memoria histórica, verdad, reparación de la víctimas y no repetición.

Venezuela enfrentará su prueba política y electoral más desafiante en las últimas décadas, con las consecuencias e implicaciones que se generen a partir del 28 de julio. Las expectativas y la incertidumbre se mezclan, pero también hay certezas que marcan los días por venir.

“La gente tiene dos escenarios muy claros: que Edmundo González ganará la elección y que el Gobierno hará todo lo posible por mantenerse en el poder”, concluyó Alarcón.