Un mercado municipal en el este de Venezuela está repleto de clientes de fin de semana que esperan conseguir un buen trato en los puestos de frutas, verduras, carne, queso y productos no perecederos. Algunos cargan plátanos, galletas de yuca, harina de maíz o medio cartón de huevos de camino a casa.
Cruz Brito, profesora de secundaria, está parada al otro lado de la calle en medio del olor a pescado que se aferra al aire cálido y húmedo de Maturín. Tiene alrededor de 27 dólares en su cuenta bancaria y una sola lata de sardinas en casa. Faltan cinco días para que reciba su próximo sueldo y su hija mayor necesita útiles escolares para el día siguiente. Así que se marcha con las manos vacías. Tal vez la tienda de su vecindario le venda un par de cosas a crédito.
MIRA: El plan de la oposición de Venezuela para cuidar los votos el 28 de julio y el papel clave de los testigos de mesa
Tras 11 años de compleja crisis en el país, los días de escasez de alimentos han quedado prácticamente atrás, pero como muchos ganan menos de 200 dólares al mes, obtener lo esencial es una lucha constante para las familias de las zonas rurales y urbanas por igual. La gente tiene un segundo y tercer empleo, inicia pequeños negocios, intercambia servicios y apuesta para juntar dinero, pero aun así cada decisión parece implicar una calculadora y un calendario.
Esas angustiantes matemáticas son una de las razones por las que el poder del partido gobernante parece vulnerable en las elecciones presidenciales del domingo.
Brito reza por un nuevo presidente, y, por extensión, por el fin de la aflicción que en ocasiones la ha dejado sin esperanza.
“He llorado porque no he tenido qué comer”, dijo Brito el domingo afuera del mercado, una semana antes de las elecciones. “No nos hemos ido primero porque tengo a mi mamá y a mi papá, y segundo, porque creo en Dios y creo que vamos a salir de esto. Pero si no, sí me tengo que ir lamentablemente, con el corazón destrozado, como todos los que han emigrado”.
La prolongada crisis de Venezuela ha evolucionado a lo largo de los años. El gobierno del presidente Nicolás Maduro puede incluso señalar un crecimiento económico en los años pospandemia. Pero los salarios y los beneficios de los trabajadores no se han recuperado.
Cada mes, los empleados públicos reciben el salario mínimo del país: 130 bolívares venezolanos, o un poco más con base en su experiencia, sus habilidades y los contratos. Esa cantidad no ha cambiado desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares. Las variaciones en los tipos de cambio de divisas lo han reducido ahora a 3,50 dólares. Los trabajadores también ganan un bono mensual de asistencia alimentaria de unos 40 dólares, y quienes se han inscrito en un sistema de beneficios gubernamentales conocido como carnet de la patria, obtienen 90 dólares adicionales.
Es así como, con 20 años de experiencia como profesora de inglés, Brito gana 143 dólares al mes. Recibe 6,50 dólares el día 10 de cada mes y nuevamente el día 25, cuando también recibe 40 dólares en asistencia alimentaria. El día 15 del mes, recibe los 90 dólares del carnet de la patria, un estipendio que el gobierno ha llamado Bono contra la Guerra Económica, en referencia a lo que Maduro y sus aliados consideran ataques a la economía de Venezuela por parte de Estados Unidos.
Las familias de todo el país sudamericano necesitan al menos 385 dólares al mes sólo para comprar una canasta básica, que entre otras cosas incluye 1 litro (1/4 de galón) de aceite vegetal; 1 kilogramo (2 libras) tanto de arroz como de azúcar, papas, plátanos y carne molida; medio kilo (1 libra) de frijoles; y al menos 12 huevos.
Así que Brito intenta ganar dinero extra de varias maneras: apuesta en juegos de casino por las noches en una app de celular, realiza traducciones, organiza rifas y vende paletas heladas en las calles de Maturín. Ganó 1.000 bolívares —los 27 dólares de su cuenta bancaria— al apostar a la ruleta. Sus apuestas oscilan entre 33 centavos y 66 centavos.
Brito da clases de lunes a viernes, pero los educadores de todo el país a menudo solo asisten a las aulas dos o tres días a la semana porque tienen que conseguir dinero en otros lugares.
“Llegar, agarrar un carrito en el supermercado y comprar: yo ya no sé qué es eso”, dijo Brito, de 47 años. “Antes compraba un pollo, ahora ni medio pollo compro. He llegado a comprar tres huevos porque ya no puedo comprar un cartón de huevos”.
Los trabajadores del sector privado obtienen mejores salarios, pero no por mucho: ganan un promedio de 231 dólares al mes.
Hoy, el 80% de la población vive en la pobreza.
En Maturín, un centro de la industria petrolera, los signos de una clase media que alguna vez fue próspera están por todas partes: casas de dos pisos en mal estado con carteles de “se vende” en lotes de esquina; centros comerciales tapiados y concesionarias de automóviles cerradas. Un centro comercial con amplio estacionamiento tiene marcas en las paredes de donde alguna vez colgaron las marquesinas de las tiendas. Las largas y anchas calles de la ciudad se construyeron para una época en la que prácticamente cualquiera podía permitirse un automóvil y la gasolina era efectivamente gratuita.
Hoy en día, un auto —sin importar lo viejo que sea— es un lujo. Israel Gimon tuvo que vender uno de sus dos vehículos debido a la crisis que atraviesa el país. Recibe alrededor de 28,50 dólares al mes entre su pensión —que por ley debe ser igual al salario mínimo mensual— y un bono del carnet de la patria. Los jubilados como él no reciben asistencia alimentaria.
Gimon, de 66 años, trabajó durante más de cuatro décadas como gerente de construcción y esperaba vivir cómodamente de su pensión. En cambio, vende hielo en su garaje y repara electrodomésticos. Ocasionalmente también recibe 30 dólares de su hija, quien vive en Estados Unidos.
En un buen mes, gana 50 dólares con su negocio de reparaciones después de deducir suministros y transporte. Dijo que fija sus precios bajos porque de lo contrario no sería contratado por sus vecinos y conocidos, quienes se encuentran en condiciones económicas similares. Con frecuencia también realiza reparaciones por las que acepta pagos en especie.
Sus ganancias deben cubrir las necesidades de su esposa, su otra hija y Princesa del Carmen, su amada perra poodle.
“Hay días que no tenemos comida”, dijo categóricamente. “A veces compramos vísceras de res porque es más económico. Puede que compremos medio kilito de carne de res, o compro recortes de pollo que viene del cuello, patitas, alitas. ¡Yo era de clase media alta!”.
A través de su carnet de la patria, tiene acceso a un paquete de alimentos subsidiados que incluye harina de arepa, frijoles, pasta, café y otros alimentos no perecederos. El gobierno ha sido criticado desde hace mucho tiempo por la calidad de los alimentos que distribuye a lo largo del país, pero Gimon dijo que los come incluso cuando no son apetecibles.
El carnet da a las personas acceso a una variedad de programas sociales, que incluyen gasolina subsidiada, medicamentos y paquetes de alimentos. Los líderes de la oposición y los observadores internacionales han acusado al gobierno de utilizar el carnet como palo y zanahoria durante las elecciones.
Antes de la crisis, los beneficios sociales del gobierno eran muy variados e incluían becas para universidades en Europa y Estados Unidos, vivienda gratuita y viajes a Cuba con todos los gastos pagados para cirugías de cataratas.
Gimon necesitaba desesperadamente 700 dólares a mediados de julio para una cirugía de cataratas en el ojo derecho, a pesar de que se supone que los hospitales públicos no cobran por los servicios. Redujo el costo en 200 dólares cuando su cirujano aceptó que reparara un congelador independiente en lugar de pagar sus honorarios completos. El resto, incluidos 300 dólares por la lente artificial y 200 dólares por el equipo quirúrgico, lo cubrió con ayuda de su hija.
El sábado, permitió que algunas personas estacionaran sus motocicletas para asistir a una manifestación cercana de opositores a Maduro, encabezada por la influyente potencia opositora María Corina Machado. Él no pudo ir debido a su reciente cirugía, pero repartió copias tamaño tarjeta de presentación de la boleta electoral del 28 de julio que resaltan al candidato que representa a la principal coalición opositora, el exdiplomático Edmundo González Urrutia.
Nilda Contreras, quien sudaba como prácticamente todos los presentes en el mitin, esperó pacientemente la llegada de Machado. Se protegió del sol abrasador bajo una sombrilla y se puso de puntillas para intentar ver la caravana del líder de la oposición. Contreras planea votar por González —quien es respaldado por Machado— con la principal esperanza de ver un aumento en los salarios y las pensiones.
A los 65 años, pensó que disfrutaría de la jubilación, pero tiene que vender pasteles, helados y otros postres para complementar los aproximadamente 103 dólares que recibe cada mes. Debe conseguir al menos 200 dólares tras combinar todas sus fuentes de ingresos para poder pagar las gotas para los ojos de su esposo y los medicamentos para el corazón que ambos necesitan.
“Yo tenía calidad de vida, pero nos ha pisoteado el gobierno”, dijo Contreras. “Mi idea era viajar, visitar a mi familia. Ahora eso ya no es posible”.
Local US
