Alivio de sanciones y cronograma político en Venezuela: ¿qué tan cerca están las elecciones presidenciales?

El alivio parcial de las sanciones anunciado el martes por Estados Unidos marca un giro relevante en la política hacia Venezuela, aunque sin implicar un levantamiento total de las restricciones. La medida está enfocada en el Banco Central de Venezuela (BCV), una de las instituciones más afectadas por el esquema de medidas coercitivas vigente desde el año 2019, y en otras tres entidades bancarias estatales.

La decisión anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro, indica que las empresas de Estados Unidos podrán realizar operaciones financieras con el Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro.

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La medida llega menos de dos semanas después de que EE.UU. retirara a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados.

El levantamiento de estas sanciones era una de las principales demandas de Rodríguez para empezar a mostrar mejores resultados económicos y con ello estabilizar al país, pues hay sectores de la sociedad que ya están exigiendo aumento de salarios y pensiones.

Debido a las sanciones, durante años el BCV estuvo prácticamente aislado del sistema financiero internacional. Las sanciones impedían que bancos extranjeros —sobre todo aquellos con vínculos con Estados Unidos— realizaran operaciones con la entidad venezolana.

En la práctica, esto significaba que Venezuela no podía mover dinero libremente en dólares, tenía serias dificultades para recibir pagos del exterior y debía recurrir a mecanismos indirectos o intermediarios para cobrar ingresos clave, como los provenientes del petróleo.

El bloqueo financiero también afectaba la operatividad interna: Venezuela enfrentaba obstáculos para pagar importaciones, gestionar reservas o canalizar divisas dentro de su propia economía. Aunque el país generaba ingresos, una parte importante quedaba atrapada o circulaba por canales opacos, fuera del sistema bancario tradicional.

Ahora, se autoriza nuevamente a instituciones financieras a realizar transacciones con el BCV y los otros tres bancos, lo que abre la puerta a una reconexión parcial con el sistema financiero global.

Desde ahora, el BCV puede enviar y recibir transferencias internacionales, operar con mayor fluidez en divisas y recuperar vínculos con sus intermediarios financieros globales.

En términos prácticos, el cambio permite que Venezuela reciba directamente ingresos en dólares, incluidos los derivados de sus exportaciones petroleras, sin depender de intermediarios. También facilita el pago de compromisos externos, la importación de bienes y una mayor circulación de divisas dentro del país, lo que podría tener efectos en el mercado cambiario y en la actividad económica en general.

Sin embargo, el alcance del alivio es limitado. Otras sanciones, especialmente las dirigidas a funcionarios, empresas estatales y sectores estratégicos, siguen vigentes, y la flexibilización puede ser revertida si no se cumplen ciertas condiciones políticas exigidas por Estados Unidos.

En síntesis, el cambio no implica una normalización plena, pero sí modifica un elemento clave: Venezuela pasa de tener severas dificultades para usar su propio dinero a recuperar, al menos parcialmente, la capacidad de moverlo dentro del sistema financiero internacional.

El politólogo Luis Nunes consideró que el alivio de sanciones a la banca venezolana forma parte de una estrategia gradual de Estados Unidos y no de un restablecimiento pleno de relaciones con Caracas. A su juicio, se trata de una apertura aún condicionada, inscrita en un cronograma impulsado por Washington para desmontar progresivamente el modelo político heredado del chavismo.

“Están levantando sanciones muy lentamente. Es parte de un proceso que ya estaba previsto”, explicó a El Comercio. Según Nunes, este movimiento corresponde a una “segunda etapa”, centrada en la estabilización económica del país. La fase siguiente —añadió— sería la convocatoria a elecciones democráticas.

En ese contexto, el analista sostuvo que el alivio financiero busca dar oxígeno a la economía venezolana, aunque reconoció que implica negociar con el actual gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, lo que calificó como una decisión pragmática de Washington. “Es un juego político. A Estados Unidos le interesa que esto funcione, pero todo lo está manejando con cautela”, afirmó.

Nunes advirtió, sin embargo, que dentro del oficialismo no habría apuro por avanzar hacia elecciones. Citó declaraciones recientes de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para señalar que la prioridad del gobierno sería la recuperación económica antes que un proceso electoral. Incluso, aseguró que existen movimientos internos de cara a una eventual candidatura de Delcy Rodríguez, quien —según versiones que maneja— podría dejar el poder para hacer campaña con una imagen renovada, distanciada del chavismo tradicional.

En paralelo, sostuvo que Estados Unidos mantiene un fuerte control sobre los recursos liberados, especialmente los vinculados al petróleo. “Saben exactamente en qué se está gastando el dinero”, indicó, al tiempo que subrayó que la flexibilización de sanciones también podría ayudar al gobierno a contener el malestar social, reflejado en recientes protestas por salarios y pensiones.

Sobre los tiempos políticos, el analista estimó que las elecciones no serían inmediatas y podrían concretarse recién el próximo año, ya que —según dijo— aún no están dadas las condiciones. No obstante, destacó que encuestas independientes muestran un crecimiento del respaldo a la oposición, particularmente a María Corina Machado.

En cuanto a las reformas económicas impulsadas por el gobierno, Nunes consideró que responden tanto a intereses internos como a exigencias de Estados Unidos, en sectores como petróleo, minería e inversión extranjera.

Finalmente, fue crítico con la llamada ley de amnistía para presos políticos aprobada por el oficialismo, al considerar que no cumple con las demandas de la oposición ni de la comunidad internacional. “Es una ley maquillada. No es para liberar presos políticos, sino para favorecer al propio régimen”, sostuvo, al asegurar que aún permanecen más de 400 detenidos por razones políticas en el país.