La tarde de este miércoles El Nacional volvió a ser víctima de acciones de intimidación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Un fiscal del Ministerio Público llegó acompañado de una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a la vivienda del periodista y jefe de redacción José Gregorio Meza. Se lo llevaron para interrogarlo.
Sobre la situación, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, explicó que además de Meza, el Ministerio Público citó a otras 6 personas. Las familias de dos de ellos fueron amenazadas.
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«Esto tiene que ver con los trabajos de investigación que hemos publicado sobre los hermanos Morón, Santiago José y Ricardo José, porque aunque yo he sido imputado, y aún no tenemos claras las razones, los dos periodistas que realizaron los trabajos han sido requeridos por la Fiscalía. Aunque ellos no viven en Venezuela, Ramón Hernández y Carola Briceño, han amenazado a sus familias. Les dicen que no deben publicar más cosas. Contra ellos no pueden hacer nada porque están fuera del país, pero amenazan a sus familias», dijo Otero.
Exiliado en España, el presidente editor de El Nacional indicó que se trata de una nueva arremetida por parte del régimen. «Ahora mismo lo más importante es lo de José Gregorio Meza porque lo citaron y interrogaron en la Fiscalía el miércoles y este jueves tiene que regresar para continuar con el interrogatorio. Pero adicionalmente, citaron a la Gerente de Recursos Humanos, que no tiene nada que ver con el contenido editorial. Esta es una nueva arremetida contra el medio por publicar cosas que le molestan al régimen».
De igual manera, indicó que sumará esta situación a un expediente que presentará ante la Corte Penal Internacional. Señaló que la persecución y el ataque al medio de comunicación se han dado de manera sistemática.
«Es importante señalar que esto se suma al expediente que estamos llevando a la Corte Penal Internacional, donde abrieron las denuncias para individuos. Presentaremos el caso de El Nacional con todo lo que ha pasado. Ahora esto se suma. Por supuesto la CPI está muy interesada en este tipo de cosas porque es un proceso que está avanzando muy rápidamente y esto es un elemento más porque se trata de la libertad de expresión, del acoso a periodistas. Es una acción sistemática durante mucho tiempo y cumple con los requisitos de las denuncias ante la CPI, que es la sistematización de los ataques».
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Agregó: «Hemos padecido todo tipo de agresiones, incluso en un momento determinado nos pusieron una bomba, han agredido a los periodistas en el ejercicio de su profesión, nos han acosado administrativamente, tributariamente y después nos impidieron tener acceso a papel prensa. Pasamos a ser una plataforma web y después, con la demanda de difamación de Diosdado Cabello, nos quitaron el edificio con el ejército porque no fue un juicio legal».
Otero resaltó que lo que está ocurriendo con El Nacional es una demostración de cómo se persigue a los periodistas en el ejercicio de su profesión. «Ahora que estamos haciendo trabajos de investigación, ya sabemos las consecuencias de hacer periodismo e investigación: van contra los periodistas. Usan, no sé cuál mecanismo, probablemente la Ley de Odio, que fue hecha para atacar a los que disienten, a los que critican, a los periodistas».
Recordó que el portal ha sido bloqueado para evitar que los ciudadanos tengan acceso a la información. «Bloquean la página de un periódico que no tiene papel y van contra los periodistas».
Otero aseguró que El Nacional se mantendrá informando sobre lo que ocurre en el país. Señaló que los periodistas y trabajadores no deben ser citados debido a que no son los responsables de la línea editorial del medio.
«Vamos a seguir denunciando, no nos vamos a callar. No es la primera ni será la última vez que el régimen nos ataca por publicar materiales que a ellos nos les interesa que se sepan. Nosotros seguiremos haciendo periodismo. Esperamos que el régimen no tenga la osadía de ir contra los periodistas y citarlos a declarar. No son los responsables de la línea editorial».
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El presidente editor reafirmó el compromiso con sus trabajadores. Sostuvo que seguirá denunciando la persecución que sufren. «Vamos a denunciar todos estos atropellos. Y defenderemos a nuestros trabajadores, pero estamos hablando de una corporación criminal que ataca a la gente de esta manera. En este caso se ve que los hermanos Morón están en un negocio que está creciendo bajo la fuerza de ‘Nicolasito’. Y no quieren que nadie se entere porque, además, le están quitando negocios a otros del régimen. Hay un problema interno que no quieren que la gente sepa».
Agregó que el Ministerio Público lo cita para amedrentar a los periodistas. «Miren lo que les va a pasar’. Es tratar de silenciar al los periodistas de El Nacional y a los colaboradores».
Finalmente, comentó que en Venezuela cada vez se hace más difícil el ejercicio del periodismo. La libertad de prensa está continuamente amenazada. «En Venezuela los poderes públicos son un apéndice del Ejecutivo. En Venezuela hay más de 200 presos políticos. Además de todo el aparato represivo que ellos han montado sin ningún tipo de formas legales. Entonces, qué otra cosa pudiera ser sino una dictadura que no cede a ninguna de las condiciones para que una democracia pueda funcionar».
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