Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, confirmó el martes que su padre fue trasladado hasta su casa en Maracaibo, capital del estado Zulia, para cumplir arresto domiciliario.

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“Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, afirmó Ramón en un mensaje publicado en X. También agradeció las gestiones del Gobierno Estadounidense “por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”.

Guanipa, exdiputado y colaborador muy cercano de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue excarcelado el domingo tras permanecer detenido desde mayo del 2025.

Una vez fuera de prisión, Guanipa declaró a la prensa para abogar por la reconciliación en Venezuela, pero “con la verdad”. Dijo que su nación “tiene derecho a ser un país libre”. También participó en una caravana de motociclistas hacia El Helicoide, centro de reclusión de presos políticos donde familiares de los cautivos realizan una vigilia para exigir su liberación.

Sin embargo, durante la noche fue detenido por “hombres no identificados” que interceptaron su vehículo.

Su familia y la propia Machado denunciaron que el dirigente fue “secuestrado” por el régimen y exigieron su liberación.

Además, se publicó su certificado de excarcelación donde se indicaban restricciones como la prohibición de salida del país y su presentación ante tribunales cada 30 días, nada más.

De acuerdo con el Foro Penal, desde el 8 de enero, 426 presos políticos han sido excarcelados por el régimen de Rodríguez. Sin embargo, al igual que Guanipa, estos no tienen libertad plena.

Quedan en prisión 644 presos políticos, entre ellos 185 militares, 80 mujeres y un adolescente.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, explicó a El Comercio que lo que está ocurriendo en Venezuela no es una liberación plena de presos políticos, sino excarcelaciones bajo estrictas condiciones judiciales.

“Estas personas salen de la cárcel, pero siguen sometidas a medidas cautelares”, remarcó. Según Himiob, los procesos penales permanecen abiertos, lo que permite al Estado mantener un control permanente sobre los excarcelados.

Entre las restricciones más frecuentes, detalló, figuran la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales y, en algunos casos, la prohibición de expresarse públicamente, ya sea ante los medios de comunicación o a través de redes sociales.

Esta situación implica —advirtió— que los excarcelados pueden volver a prisión en cualquier momento, si el Gobierno considera que han incumplido alguna de esas condiciones. “A todos les podría pasar lo mismo que le ocurrió a Juan Pablo Guanipa”.

El politólogo Luis Nunes coincidió en que las excarcelaciones de presos políticos no constituyen una libertad real, sino que forman parte de un esquema de medidas cautelares restrictivas que mantienen a los excarcelados bajo control del Estado.

Para Nunes, este esquema equivale a un mecanismo de censura y control político, más que a una política de justicia.

Al referirse específicamente al caso de Juan Pablo Guanipa, Nunes calificó el proceso como una “liberación ficticia”.

A su juicio, las decisiones del régimen con respecto a Guanipa no responden únicamente a la presidenta Delcy Rodríguez, sino a presiones internas ejercidas por Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y a quien atribuye un rol clave en la vigencia y el endurecimiento de estas medidas.

“Yo creo que Diosdado Cabello presiona a la presidenta a cambio de su apoyo. Pero pienso que las horas de Diosdado Cabello están contadas”, refirió.

Según el analista, la nueva detención de Guanipa se produjo luego de que el dirigente opositor rompiera el silencio, ofreciera declaraciones públicas y realizara actividades políticas visibles en Caracas, lo que —afirmó— generó alarma en el oficialismo ante el riesgo de que se desarticulara la “narrativa de paz” que el gobierno intenta proyectar.

Nunes remarcó que este patrón de excarcelaciones condicionadas no es nuevo y que reproduce prácticas ya vistas durante el gobierno de Maduro. “En este aspecto, nada ha cambiado en Venezuela. No es una transición real, es un engaño”, sostuvo.

También cuestionó el contenido de la ley de amnistía en discusión en la Asamblea Nacional, al señalar que estaría diseñada para beneficiar al chavismo y excluir a sectores clave, como militares presos, lo que contradice el principio de igualdad ante la ley. En ese sentido, recordó que el propio Guanipa reclamó que cualquier proceso de justicia “sea igual para todos”.

Nunes consideró que Estados Unidos incrementará la presión política y diplomática si persisten estas prácticas, tanto en materia de derechos humanos como en el debate sobre el cronograma electoral. No obstante, advirtió que una aceleración forzada del proceso electoral podría resultar contraproducente si no se completan antes las etapas de desmantelamiento del chavismo y estabilización institucional y de la economía del país.

“Tengo la impresión de que Estados Unidos va a presionar más duro a través de la jefa de misión. Y si Diosdado Cabello se pone malcriado, van a entrar y lo van a agarrar. No tengo la menor duda”, indicó.

El analista político venezolano Leandro Rodríguez Linárez afirmó que el caso de Guanipa refleja la persistencia de prácticas arbitrarias en el manejo de los presos políticos y la ausencia de garantías del debido proceso.

Recordó que muchas de las detenciones de presos políticos fueron abiertamente ilegales, realizadas sin órdenes judiciales, sin respeto al debido proceso y, en numerosos casos, por actores parapoliciales como los llamados colectivos. “Ni siquiera es claro por qué fueron encarcelados, ni bajo qué criterios son luego excarcelados”, señaló.

Para Rodríguez, la decisión de otorgar arresto domiciliario a Guanipa responde a la presión internacional, en particular de Estados Unidos, sobre el gobierno venezolano.

No obstante, advirtió que lo sucedido con Guanipa también funcionó como una señal de advertencia política interna: “un mensaje del régimen para recordar que sigue en el poder, aunque obligado a recalcular por el tutelaje externo bajo el que hoy opera”.

El analista sostuvo que este patrón de excarcelaciones condicionadas —incluidas prohibiciones tácitas o explícitas de hablar públicamente— no difiere del aplicado durante el gobierno de Maduro. “Es un proceso oscuro, típico del chavismo. No ha habido un cambio real en la forma de encarcelar ni de liberar”, afirmó.

En cuanto al escenario político más amplio, señaló que Estados Unidos ha avalado un periodo de transición encabezado por el chavismo, bajo la premisa de que aún controla las armas y las instituciones. Este proceso —explicó— se desarrolla por etapas, con evaluaciones trimestrales, orientadas primero a modificar leyes clave, generar estabilidad económica y desmontar gradualmente estructuras del poder chavista.

Sobre el calendario electoral, Rodríguez subrayó que no existe un cronograma definido, aunque Washington ha reiterado que las elecciones son inevitables. “Marco Rubio ha sido más enfático que otros actores en que el chavismo no puede perpetuarse en el poder”, dijo, en contraste con declaraciones internas de líderes chavistas que buscan dilatar el proceso.

Finalmente, al referirse al debate sobre el control de la Fuerza Armada en una eventual transición, el analista reconoció que existe resistencia dentro del estamento militar, al que describió como profundamente politizado y comprometido con actividades ilícitas, según señalamientos internacionales. En ese contexto, afirmó que el objetivo del proceso de transición sería reconstruir una Fuerza Armada más institucional, de modo que un futuro gobierno electo pueda ejercer autoridad efectiva sin enfrentar una ruptura inmediata.