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Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, la cárcel federal de Nueva York destinada a acusados de delitos de alta gravedad y conocida como el “infierno en la Tierra” por las condiciones extremas de detención. La pareja fue trasladada allí tras la operación “Resolución Absoluta”, ejecutada en la madrugada del sábado en Venezuela que derivó en la captura del líder chavista y de su esposa, en una acción que Washington calificó como quirúrgica y sin precedentes.
En las horas posteriores a la detención comenzaron a circular imágenes de Maduro en dependencias de la DEA en Nueva York, escoltado por agentes federales, sonriente, saludando y conversando tanto en inglés como en español. El material, difundido por canales oficiales y cuentas vinculadas a la Casa Blanca, buscó reforzar el mensaje político y judicial de la administración estadounidense: el líder chavista ya se encuentra bajo custodia federal y será juzgado en territorio norteamericano.
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De acuerdo a los medios locales, la lectura formal de los cuatro cargos federales que pesan contra Maduro y su esposa se realizará este lunes al mediodía ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Se tratara de su primera comparecencia judicial, paso clave antes de que el juez defina las condiciones de su detención preventiva mientras avanza el proceso penal.
El centro de detención donde permanece recluido, el MDC de Brooklyn, es una cárcel federal de máxima seguridad conocida por sus fallas estructurales, cortes de electricidad, frío extremo en invierno y denuncias reiteradas de violencia y abandono médico.
En esa prisión estuvieron conocidos reclusos como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Actualmente, Ismael ‘El Mayo’ Zambada se encuentra detenido en esta instalación a la espera de su juicio.
Detalles de las imputaciones
Una nueva acta de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recientemente desclasificada y presentada bajo sello en el Distrito Sur de Nueva York justo antes de Navidad, acusa a Maduro de dirigir un “gobierno corrupto e ilegítimo” sostenido por una vasta red de narcotráfico que habría inundado de cocaína a Estados Unidos durante más de una década.
La imputación amplía la acusación original presentada en el tribunal federal de Manhattan en el 2020, en el primer gobierno de Donald Trump, e incluye ahora a su esposa, Cilia Flores. También aparecen el ministro del Interior venezolano y figura clave del chavismo, Diosdado Cabello; el exministro Ramón Rodríguez Chacín; el hijo del dictador, Nicolás Ernesto Maduro; y Héctor Rusthenford Guerrero, alias “el Niño Guerrero”, líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
Maduro enfrenta cuatro delitos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer y usar ese tipo de armamento.
La acusación sostiene también que el dictador venezolano permitió que “la corrupción alimentada por la cocaína floreciera” en beneficio propio, de su familia y de altos funcionarios de su régimen, trabajando con organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, guerrillas colombianas como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y el Tren de Aragua.
El documento también imputa a Flores la recepción de cientos de miles de dólares en sobornos en el 2007 para organizar una reunión entre “un narcotraficante a gran escala” y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.
Según la imputación, el acuerdo contemplaba el pago de un soborno mensual al funcionario, además de unos 100.000 dólares por cada vuelo que transportara cocaína, a fin de garantizar el paso seguro de los cargamentos. Parte de esos fondos, sostiene el Departamento de Justicia, terminó en manos de la esposa del líder chavista.
Las presuntas condenas
Los procesos penales contra Maduro deben ser deteminados por un juez, pero de ser declarado culpable en los cuatro cargos federales por los que se le ha imputado, podría pasar el resto de sus días tras las rejas, pues los delitos combinan narcotráfico a gran escala, violencia organizada y uso de armamento de guerra.
En el caso de la conspiración de narcoterrorismo, la legislación de Estados Unidos establece una pena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua, al tratarse de delitos que vinculan el tráfico de drogas con organizaciones criminales violentas y que son considerados una amenaza directa a la seguridad nacional.
La conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense conlleva un castigo mínimo de 10 años de cárcel, con la posibilidad de una sentencia máxima de prisión vitalicia, dependiendo del volumen de droga involucrado, el grado de liderazgo dentro de la organización y el uso de recursos estatales para facilitar los envíos.
A ello se suman los cargos por uso, posesión y conspiración para emplear ametralladoras y dispositivos destructivos, que agravan de forma significativa la situación penal de los imputados. Estos delitos contemplan penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua, una de las sanciones más altas previstas en el Código Penal federal.
De manera adicional, la acusación incluye la conspiración para utilizar ese armamento, un delito que, bajo la legislación federal estadounidense, tiene como pena máxima la prisión de por vida. Así, el proceso judicial que se inicia esta semana en Nueva York podría convertirse en uno de los casos más emblemáticos de la justicia estadounidense contra un jefe de Estado extranjero en ejercicio.
"Condenado a cadena perpetua"
Para el internacionalista y periodista Carlos Novoa, el expediente judicial abierto en Nueva York configura un caso de extrema solidez contra Nicolás Maduro, que combina alto impacto político con una probabilidad real de condena. “Las acusaciones, sobre todo en materia de narcotráfico, son bastante sólidas. Se trata de un delito flagrante desde el punto de vista de las pruebas que se van a presentar ante el tribunal”, señala a El Comercio.
Novoa sostiene que el elemento decisivo es que Maduro ya se encuentra en territorio estadounidense, lo que elimina cualquier margen de maniobra política o diplomática. “De ahí no va a salir más. Lo concreto es que va a ser condenado probablemente a muchos años de prisión o a cadena perpetua”, afirma. A su juicio, el cargo más grave es el de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, un delito que, en el sistema judicial estadounidense, tiene un peso muy superior al de las imputaciones vinculadas al uso o posesión de armas.
Consultado sobre si resulta excepcional que un jefe de Estado extranjero enfrente penas mínimas obligatorias en Estados Unidos, Novoa descarta que se trate de un hecho inédito. “Ha ocurrido antes. El caso más claro es el de Manuel Antonio Noriega, expresidente de Panamá, capturado en 1989 y condenado en Estados Unidos. También hay otros precedentes de expresidentes y altos funcionarios juzgados tras ser extraditados”, recuerda. En ese contexto, concluye que las posibilidades de que Maduro salga ileso del proceso son prácticamente nulas.
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