Migrantes venezolanos se exponen a 4.000 kilómetros de peligro camino a EE.UU.

Decenas de miles de venezolanos que recorren, desde Suramérica, una ruta hacia Estados Unidos, se exponen a unos 4.000 kilómetros plagados de riesgos que, en algunos casos, son más peligrosos que el tapón del Darién, según un informe difundido este jueves por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

“El flujo de personas por el corredor, desde el Golfo de Urabá (en Colombia) hasta la frontera norte de México, se ha incrementado por varias razones”, señala el estudio que se basa en el acompañamiento a dos migrantes de Venezuela por esta ruta que este año han tomado más de 158.000 personas, casi el 80 % procedentes del país petrolero.

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Quienes recorren estos tramos, explica el escrito, creen que la jungla del Darién es el mayor riesgo al que se expondrán y “no es necesariamente la etapa más dura del trayecto, sino una parte de esta peligrosa ruta minada de riesgos, ataques y contratiempos que no terminan cuando se sale de la selva”, detalla.

“Los peligros se registran a todo lo largo de la ruta, debido a la presencia de grupos delictivos y de tráfico de personas, muchos de los cuales actúan con la tolerancia o en complicidad de las autoridades”, prosigue el informe.

El aumento en el número de venezolanos que toman este camino se debe, siempre, según el CDH, a las nuevas restricciones en países receptores en América Latina, la contracción económica de la pospandemia, la exigencia de visa a la población venezolana por parte de México y Costa Rica y “un efecto llamada producido por una mala interpretación de algunas medidas adoptadas por EE.UU.”.

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El centro advierte que las estaciones migratorias enfrentan deficiencias para acoger a los migrantes, “muchas presentan condiciones de hacinamiento” y “tampoco hay espacios seguros para personas en condición de mayor vulnerabilidad”, por lo que recomienda establecer casas de abrigo para mujeres y niñas afectadas por violencia de género.

Asimismo, el documento insta a asegurar un corredor humanitario con estaciones de acogida “desde un enfoque de protección y con garantías de libre tránsito”, así como blindar el registro de todos los niños, independientemente de su edad, y fortalecer los protocolos de identificación, inhumación y repatriación de fallecidos.