El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó este viernes al presidente Nicolás Maduro su “preocupación” por la situación en Venezuela tras su proclamada victoria en las elecciones del 28 de julio, que la oposición rechaza.
En su primera conversación telefónica desde los cuestionados comicios, Guterres expresó a Maduro su inquietud “por los informes de violencia poselectoral y violaciones de derechos humanos”.
Guterres hizo hincapié en la “necesidad de resolver cualquier disputa política de manera pacífica, a través de un diálogo genuino e inclusivo”, señaló un comunicado de la oficina de su portavoz.
También tomó nota de las posiciones del presidente venezolano sobre la situación.
“Hablamos unos 15 minutos y le expuse plenamente la lucha que estamos dando contra el fascismo. Hay que nombrarlo por su nombre, es el diablo, que nadie edulcore las expresiones de intolerancia, de persecución propias de los proyectos fascistas”, contó sobre la charla Maduro, que suele usar ese término para referirse a sus adversarios.
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La proclamación del mandatario izquierdista para un tercer período consecutivo desató protestas que dejaron 27 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos, según cifras oficiales.
Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin presentar el escrutinio detallado. Ese resultado fue luego validado por el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas instituciones están acusadas de servir al gobierno.
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, denunció que hubo fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas electorales, que asegura que demuestran el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.
El próximo jueves, durante la Asamblea General de la ONU, está previsto un encuentro ministerial para analizar la situación en Venezuela, auspiciado por Estados Unidos.
Según un panel de expertos de la ONU, el proceso electoral de Venezuela “no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad”.
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Una misión de observadores del Centro Carter consideró que la elección “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.
Tras pasar un mes en la clandestinidad, González Urrutia, sobre el que pesaba una orden de captura de la justicia venezolana, se exilió el 8 de septiembre en España.
El candidato opositor afirmó el miércoles haber firmado bajo “coacción” del gobierno venezolano un documento para “acatar” la reelección de Maduro, a cambio de permitirle la salida de su país.
Parte de la comunidad internacional, encabezada por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos, desconoce la victoria de Maduro.
El 12 de septiembre, medio centenar de países pidieron en la ONU que las autoridades electorales venezolanas hagan públicas las actas de votación.
Los Parlamentos europeo y español reconocieron en los últimos días a González Urrutia como “presidente legítimo”.
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Mientras tanto, el gobierno venezolano ha “intensificado el aparato represivo” para “silenciar” a la oposición, denunció el martes un grupo de expertos de la ONU, al mencionar violaciones de los derechos humanos que incluyen crímenes de lesa humanidad.
El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, sostiene que las violaciones de derechos humanos “no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro”.
Este viernes, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay pidieron ante el Consejo que se investiguen esas “graves violaciones”.
El Ministerio venezolano de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que “rechaza de manera categórica” un “informe vulgar y panfletario, redactado por una misión ilegítima, politizada e ideologizada” y acusó a los expertos de “cumplir órdenes de Washington”.
Al presentar el reporte ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos, la jefa de la misión, Marta Valiñas, alertó que “está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad en la actuación de las autoridades”, por lo que “el riesgo de desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto”.
María Corina Machado agradeció desde la clandestinidad “este valioso y urgente informe” y pidió al consejo “acompañar a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio”.
“Todos quienes tuvimos responsabilidades directas en la defensa del voto hoy estamos resguardados, como yo, en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos”, subrayó.
