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Familiares de presos políticos venezolanos iniciaron el sábado una huelga de hambre en Caracas como medida de presión para lograr una ley de amnistía, cuya aprobación viene siendo aplazada por el Poder Legislativo.
Familiares de presos políticos venezolanos iniciaron el sábado una huelga de hambre en Caracas como medida de presión para lograr una ley de amnistía, cuya aprobación viene siendo aplazada por el Poder Legislativo.
La propuesta de normativa plantea una amnistía plena para los detenidos desde 1999, que incluye la finalización de procesos judiciales, restitución de bienes y la eliminación de antecedentes penales.
La Asamblea Nacional de Venezuela confirmó el último fin de semana que 17 reclusos de la cárcel de Zona 7 fueron liberados el 14 de febrero, lo que no ha impedido que una decena de mujeres proteste por la liberación de sus parientes, todavía detenidos en el centro regentado por la Policía Nacional Bolivariana.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 8 de enero el inicio de un proceso de excarcelaciones en medio de la presión que ejercía Estados Unidos tras la detención de Nicolás Maduro.

El 6 de febrero el presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, había prometido la liberación de todos los detenidos cuando se aprobara la ley de amnistía, señalando que esto iba a realizarse “a más tardar” el pasado viernes 13. Esto no sucedió y la votación del proyecto legislativo fue aplazada para el jueves de esta semana.
Como respuesta, una decena de familiares de mujeres familiares de detenidos en la cárcel de Zona 7 viene realizando una huelga de hambre y pide a Jorge Rodríguez que “cumpla su palabra”. Desde el sábado, el grupo viene acampando en los exteriores del centro de detención.
“Necesitamos con urgencia las excarcelaciones, dejen de demorar los procesos, basta ya de tanta indolencia y tanto sufrimiento. ¿Qué quieren? ¿Matarnos a todos aquí afuera? ¿Que nuestros familiares allá dentro también mueran? ¿Hasta cuándo?”, declaró a EFE Yessy Orozco, hija del exdiputado Fernando Orozco, quien asiste a las protestantes.
Cientos de detenidos
Según la organización no gubernamental Foro Penal, desde el anuncio de Delcy Rodríguez hasta la actualidad se han confirmado 444 excarcelaciones de presos políticos; sin embargo, la misma entidad señaló que hasta el 15 de febrero se contabilizaban 644 que permanecían encarceladas por motivos políticos. Del total, solo 179 detenidos contaban con condenas judiciales.
Pese a ello, las entidades humanitarias como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) han criticado que las liberaciones no se han traducido en libertad plena, pues los excarcelados todavía están sometidos a medidas restrictivas como la imposibilidad de salir al extranjero, la prohibición a prestar declaraciones sobre sus casos y la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

Un informe de Foro Penal señalaba que hasta enero más de 11.000 personas en Venezuela continuaban sin poder ejercer su derecho a la libertad plena a pesar no estar en prisión. La ONG señala que desde el 2014 ha documentado más de 18.000 detenciones con fines políticos en el país sudamericano.
El gobierno de Venezuela se muestra contrario a las manifestaciones y denuncias, negando tener presos por esta causa y atribuye sus detenciones a la comisión de delitos.
Sin noticias sobre los militares
Se estima que 185 de las personas que todavía se encuentran encarceladas en Venezuela por causas políticas son militares y hasta el momento prácticamente todos los reclusos liberados son civiles, según los reportes de las ONG. Las asociaciones humanitarias han criticado la escasa transparencia en torno al proceso de liberación, indicando que hasta ahora se desconoce qué criterios se emplean al respecto.
En este contexto de liberaciones, que esto suceda también con los militares parece una labor más complicada, debido a que muchos de estos detenidos enfrentan cargos de insurrección contra el régimen chavista.
Estos militares son algunos de los presos políticos más reconocibles de Venezuela y sus familias no pierden la esperanza de que el escenario actual permita que salgan en libertad.
“Nosotros los familiares estamos al borde de la alegría y al borde de la tristeza”, señaló al medio colombiano NTN24 el padre de Juan Caguaripano Scott, uno de los militares encarcelados por sedición en Venezuela. “Es cierto que los militares siempre lo dejan al final”, añadió.
CASOS CÉLEBRES
Capitán de la Guardia Nacional Bolivariana crítico con el gobierno de Nicolás Maduro y protagonista del asalto al Fuerte Paramacay en agosto de 2017, alzamiento contra el régimen bolivariano que denominó “Operación David”. Fue capturado poco después en Caracas y se encuentra detenido desde entonces por cargos de “rebelión”.
El entorno de Caguaripano denuncia que el capitán ha sido torturado de forma extrema, los que ha incluido la aplicación de descargas eléctricas y otros castigos que le han dejado “daño permanente”. Su excarcelación parece compleja por la insurgencia protagonizada.

General de Brigada de la Guardia Nacional de Venezuela de gran prestigio al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Fue detenido en agosto de 2018 acusado de intento de magnicidio contra Nicolás Maduro sin pruebas.
Su hija, Loredana Hernández, señala que sus afecciones cardiacas y diabetes son desatendidas, generándole problemas de salud cada vez más severos que lo están condenando a una “muerte lenta”.

Teniente coronel que lideraba el Batallón de Infantería Motorizada Simón Bolívar, siendo conocido por tener uno de los promedios más altos que se han registrado en la Academia Militar de Venezuela. Fue detenido de forma arbitraria en 2018 por acusaciones de “conspiración” y “traición a la patria”.
Los reportes indican que su encarcelamiento se produjo luego de que denunciara las malas condiciones que tenían los efectivos militares y la corrupción al interior de la milicia. Su familia sostiene que desde su detención ha sido sometido a tortura y a lo largo de su confinamiento ha realizado dos huelgas de hambre en protesta por las condiciones a las que es sometido.

Libertad parcial
Tal como se mencionaba líneas arriba, parte de los presos políticos excarcelados por el gobierno venezolano han pasado a un régimen que no puede considerarse de libertad plena, debido a la imposición de restricciones tras su salida de los centros de detención. A algunos de los recién liberados incluso se les imputaron nuevos cargos.
Juan Pablo Guanipa, líder del partido opositor Justicia Primero, fue liberado el 8 de febrero, pero a las pocas horas fue detenido por sorpresa y fue puesto bajo arresto domiciliario. Una situación similar pasó Freddy Superlano, otro político de oposición que fue liberado el mismo día para ser sometido a un régimen de prisión en casa.

El abogado Perkins Rocha, exasesor legal de María Corina Machado, también ha sido sometido a un sistema de control similar. Otras personalidades como los activistas Rocío San Miguel y Javier Tarazona han enfrentado el seguimiento de las autoridades venezolanas y el impedimento de pronunciarse o realizar cualquier tipo de actividad relacionada a la política.
Son los tres presos políticos más antiguos de Venezuela y fueron integrantes de la antigua Policía Metropolitana de Caracas. Fueron condenados a 30 años de cárcel por ser los responsables de varias de muertes durante una marcha que se dirigía al Palacio de Miraflores en abril del 2002.
El proceso judicial fue sumamente cuestionado y se les acusó sin pruebas, tras lo cual han ya han cumplido cerca de 23 años tras las rejas. Durante ese periodo se han omitido los derechos que les correspondían y son los únicos de los nueve implicados originales en el caso que no han salido en libertad. También se encuentran a la espera de la ley de amnistía.
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