3 ejemplos que evidencian cómo Delcy Rodríguez está desmantelando en Venezuela el modelo económico chavista

“El capitalismo es la causa, la verdadera causa de la miseria, de la desigualdad y de la exclusión (…) El supremo mandato de Cristo Redentor solo será posible cuando reine el socialismo en estas tierras y en estos mundos”.

Dos décadas después de que el fallecido Hugo Chávez pronunciara estas palabras, el llamado socialismo del siglo XXI que impulsó en Venezuela está más en entredicho que nunca.

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Desde la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra el país sudamericano el pasado 3 de enero —y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores—, el modelo económico que el desaparecido líder de la revolución bolivariana defendió ha experimentado una acelerada metamorfosis, impulsada por apresuradas reformas legales aprobadas por el Parlamento controlado por el chavismo y por otras medidas de carácter ejecutivo.

A continuación, te presentamos tres ejemplos que evidencian cómo la economía venezolana parece estar dejando atrás una larga etapa en la que el Estado ha sido su principal actor.

1. De vuelta a los mercados internacionales

El pasado 13 de mayo, el gobierno interino venezolano anunció el inicio de un proceso “integral y ordenado” de reestructuración de su deuda pública externa y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El objetivo de la medida es “liberar al país de la carga de la deuda acumulada” y, para ello, las autoridades esperan renegociar con sus acreedores los plazos para pagar los créditos impagados desde 2017 y conseguir condonaciones.

La noticia se conoció menos de un mes después de que el gobierno de Rodríguez anunciara el restablecimiento de sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, organismos a los que los líderes chavistas habían denostado insistentemente a lo largo de los años.

“El FMI debería suicidarse. No me refiero a los señores que lo manejan. No, no, ojalá tengan larga vida, pero deberían convocar a una sesión y declarar su disolución”, afirmó en 2008 Chávez, quien culpó al organismo multilateral de la crisis financiera internacional que estalló ese año.

En similares términos se pronunció en 2025 Nicolás Maduro, quien no solo responsabilizó al FMI del “hundimiento de los países”, sino que también acusó de “traidor” a cualquiera que en Venezuela pensara en negociar con él.

“Quien le entregue nuestro país al FMI será un gran traidor y el pueblo tendría derecho a irse a las calles otra vez”, declaró.

El anuncio de la renegociación de la deuda externa venezolana fue recibido con optimismo por los mercados internacionales. Los bonos del país, cuyo precio no llega a un dólar, repuntaron más de un 2%, mientras que los de PDVSA avanzaron hasta un 4% tras conocerse la noticia, según reportó la agencia Bloomberg.

Expertos consultados por BBC Mundo advirtieron que este es solo el primer paso de un largo proceso que podría culminar con el pleno regreso del país al sistema financiero internacional y, en consecuencia, con la posibilidad de acceder nuevamente a créditos y financiamientos.

“Estamos comenzando un proceso de renegociación sin tener los números en la mesa. No sabemos cuánto se debe ni a quién se le debe”, afirmó el economista venezolano José Manuel Puente.

El profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela (IESA) y del IE University de Madrid (España) resaltó que no existe claridad sobre el monto adeudado a China, ni sobre si esa cifra incluye los miles de millones correspondientes a litigios internacionales que Venezuela mantiene pendientes con firmas como las petroleras Exxon Mobil y ConocoPhillips.

“En 1998, la deuda externa ascendía a US$35.000 millones, pero ahora se estima que está entre US$170.000 y US$190.000 millones, lo cual convierte a la deuda venezolana en la mayor del mundo si se le compara con el Producto Interior Bruto (PIB) del país, que hoy es apenas una quinta parte de lo que era en 2013”, agregó Puente.

Por su parte, el economista Rodrigo Cabezas puso en duda que el gobierno interino pueda llevar con éxito el proceso.

“La crisis política en curso les niega (a las autoridades) legitimidad”, explicó quien fuera el diputado oficialista y uno de los ministros de Finanzas de Chávez.

2. Revisión del aparato empresarial estatal

“¡Exprópiese!”. La palabra que el fallecido Hugo Chávez empleó como consigna en su guerra contra el capitalismo, y con la cual anunció la estatización de cientos de empresas y miles de hectáreas de terreno durante los 13 años que ocupó el palacio presidencial de Miraflores, ha sido enterrada definitivamente por las autoridades venezolanas.

El pasado 22 de abril, la presidenta interina Delcy Rodríguez instaló una comisión que se encargará de revisar el enorme aparato empresarial e industrial público para decidir “cuáles bienes no son necesarios para el Estado”, con el propósito de que sean transferidos al sector privado o liquidados.

La noticia ha despertado suspicacias entre algunos de aquellos que en su momento se identificaron con el chavismo.

“La existencia de las empresas públicas no fue lo que hundió a Venezuela”, afirmó a BBC Mundo el sociólogo Moisés Durán, otrora cercano al oficialismo.

“Lo que hundió a Venezuela fue la corrupción que se ensanchó con el chavismo, la militarización de la administración pública, la destrucción brutal de la institucionalidad democrática y la represión”, agregó quien fuera coordinador nacional de la Misión Vuelvan Caras, un programa gubernamental destinado a capacitar para el trabajo a personas desempleadas o en la economía informal.

Por su parte, Transparencia Venezuela, agrupación dedicada al combate a la corrupción, demandó de las autoridades claridad sobre cómo se llevará adelante este proceso de revisión del aparato empresarial público, para así evitar que en el país se produzca una situación similar a la vivida en las naciones que formaron parte del extinto Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética.

“Desde el año pasado se han estado entregando acciones y empresas completas mediante la figura de los convenios de participación productiva (CPP), y lo que hemos podido comprobar es que esos CPP se han adjudicado de forma opaca a amigos”, declaró a BBC Mundo Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

Aunque no existe un registro oficial del número de empresas en manos del Estado, Transparencia Venezuela en un informe publicado en pasado abril contabilizó 920.

“Si bien consideramos importante que el Estado deje de ser tan grande y poderoso, y que se concentre en lo esencial —los derechos de las personas y evitar abusos por parte de las empresas—, eso no está reflejado en las reformas de leyes aprobadas, como las de Hidrocarburos o Minas”, añadió De Freitas.

3. Abriendo los pozos, las minas y algo más

Sin embargo, las recientes reformas exprés a las leyes de Hidrocarburos y de Minas aprobadas por la Asamblea Nacional han sido lo que más ha costado digerir a los sectores más radicales del oficialismo.

“Es una violación de nuestra soberanía”, dijo el exdiputado chavista Mario Silva, un connotado propagandista del oficialismo, desde sus redes sociales.

Las modificaciones, en la práctica, han revertido el modelo implantado por Chávez, al abrirle las puertas al capital privado nacional e internacional para la explotación de los vastos recursos petrolíferos y mineros del país.

A lo anterior habría que sumarle una hipotética reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, la cual quedó abierta con otra comisión que la presidenta Rodríguez instaló a finales de abril, en la que participan los sectores empresariales y sindicales, y a la que pidió que “se sienten a conversar, a dialogar y de allí salga un consenso sobre cuál es el modelo que necesitamos”.

“No hay duda de que el modelo económico del chavismo ha sido desmontado”, le dijo a BBC Mundo la experta en comunicación política Carmen Beatriz Fernández.

“Pareciera que la ambición de la presidenta encargada es instalar un modelo muy abierto en lo económico, pero que restringe las libertades políticas”, agregó la profesora de la Universidad de Navarra (España).

En similares términos se pronunció el sociólogo Moisés Durán, quien, sin embargo, puntualizó que lo ocurrido en los últimos meses en el país “ha sido más radical de lo que la propia oposición ha llegado a plantear”.

“Lo paradójico es que ese desmantelamiento (del modelo económico) no lo está ejecutando una fuerza opositora, sino la misma élite que durante más de dos décadas construyó su identidad política sobre la denuncia apasionada del imperialismo estadounidense”, declaró.

Desde el oficialismo, por su parte, han reconocido que se han visto obligados a adoptar medidas contrarias a su propio ideario desde los sucesos de enero, pero aseguran que lo han hecho dentro de lo que definen como “pragmatismo chavista”.

“La presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Alto Mando Político de la Revolución Bolivariana están actuando y tomando decisiones para proteger al pueblo de otra acción de guerra por parte de EE.UU. y evitar una guerra civil”, escribió el diputado Francisco Ameliach hace unas semanas en su sitio web.

“El gobierno de Venezuela y de la Revolución Bolivariana no negocian en condiciones normales, negocian con secuestradores que poseen armas nucleares”, remató el legislador.

No obstante, Durán opina que mucho antes de los sucesos del 3 de enero el llamado socialismo del siglo XXI ya era una “fachada retórica”.

“Lo que está en peligro ahora va más allá del socialismo del siglo XXI: es la capacidad del Estado venezolano de tomar decisiones autónomas”, advirtió.

“Por preservar el poder político (la élite chavista) ha estado dispuesta a sacrificar el proyecto que retóricamente venían defendiendo y la República misma”, agregó.

Los cambios, al menos en el ámbito económico, parecen estar lejos de terminar; así lo dejó entrever Rodríguez, quien recientemente afirmó: “Pido que corrijamos errores propios del pasado”.