El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, sostuvo este lunes una llamada con los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia -reconocido por Washington como ganador de los últimos comicios presidenciales de julio y actualmente exiliado en España- y María Corina Machado.
En la conversación, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo de su país a los dos líderes políticos y pidió “que se haga cumplir la voluntad de los venezolanos, expresada en las urnas”, según indicó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.
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Washington, indicó Blinken a los opositores, está “comprometido con una restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos injustamente detenidos”.
El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha insistido en que jurará como mandatario reelecto el próximo 10 de enero, a pesar de que González reivindica la victoria en los comicios de julio, que fueron seguidos por protestas en Venezuela y quejas internacionales después de que el ente electoral venezolano concediera la victoria al dirigente chavista, en el poder desde 2013.
En un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro dijo a mediados de diciembre que, junto con “millones de hombres y mujeres que estarán en las calles”, acudirá a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo- para jurar el cargo de presidente para un tercer sexenio en el poder.
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Maduro fue proclamado ganador de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desglosada, tras lo que la oposición mayoritaria denunció fraude.
Desde entonces, el país vive una crisis que, según la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- y diversas organizaciones no gubernamentales, está marcada por una “persecución” contra dirigentes y activistas antichavistas y por el mayor número de “presos políticos conocido en Venezuela, al menos, en el siglo XXI”, como lo denuncia la ONG Foro Penal.
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