El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes que su despacho solicitó ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio -estimado en 2.400 personas por el Ejecutivo-, sin precisar si se trata de posibles excarcelaciones.
“Se han solicitado 225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos”, dijo el fiscal, en alusión a la crisis desatada luego de los comicios, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.
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Explicó, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que esta decisión se tomó “luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios” y en coordinación con tribunales.
Esto “tiene como centro la reunificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos”, concluye el comunicado leído por Saab, que recordó que los casos a revisar están “relacionados con acciones violentas ocurridas posterior” a las presidenciales, cuyo resultado oficial fue señalado de fraudulento por la oposición mayoritaria.
Remarcó que este proceso -que empezó luego de que Maduro llamase el lunes a revisar y rectificar en los casos en que hubiera errores- es “atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano”, por lo que criticó los pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos en los que han pedido estas excarcelaciones.
“Vamos a seguir revisando, vamos a seguir mirando los casos a los que haya lugar, porque por eso Venezuela es reconocida como un sistema que protege los derechos humanos”, adelantó.
No obstante, el fiscal reiteró que quien “haya sido responsable de las acciones criminales sujetas a una vinculación como participante directo de las mismas será castigado”.
Varias ONG y partidos opositores han identificado a cerca de 1.850 personas aprehendidas tras las presidenciales, en protestas contra la reelección de Maduro o en operativos policiales, entre ellas 69 menores de edad, así como decenas de mujeres y militares, casi todos señalados por delitos como terrorismo y conspiración.
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