El ascenso del Estado milicia, por Vanessa Barbara

En el 2018, la concejal Marielle Franco se dirigía a casa después de un evento cuando un automóvil se detuvo y alguien abrió fuego, matándola a ella y a su conductor. Era obvio desde el principio que se trataba de un asesinato premeditado y profesional. Franco era una activista LGBT negra y feminista, una defensora feroz de los derechos humanos y no temía abordar temas delicados: el uso de la violencia en las favelas, por ejemplo, o la participación de policías y políticos en los grupos paramilitares de Río.

Hubo un gran avance en el caso el mes pasado: la policía estatal arrestó a dos sospechosos. Eran ex policías militares. El presunto tirador, Ronnie Lessa, se había retirado de la fuerza tras ser herido en un ataque con coche-bomba. Según los investigadores, luego tomó un trabajo como asesino a sueldo y corredor de armas para una de las milicias más poderosas de Río de Janeiro, llamada la Oficina de Delitos. El otro, Élcio Vieira de Queiroz, quien podría haber sido el conductor de escape, había sido expulsado de la policía bajo sospecha de brindar seguridad a una casa de juego ilegal. Ambos niegan estar involucrados.

¿Pero quién ordenó el asesinato? Ahí las cosas se complican. Tanto que el año pasado la policía federal comenzó una indagación al proceso de investigación, después de las acusaciones de que había sido obstruido por miembros de la milicia, funcionarios y políticos. En noviembre, el ministro de Seguridad Pública dijo que es “más que una certeza” que personas poderosas están involucradas.

El grupo de trabajo federal ha allanado las residencias de un ex representante del Estado, un ex policía civil, un ex agente federal y un oficial de policía en servicio activo. Incluso el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido objeto de escrutinio público por sus vínculos con los dos sospechosos en el asesinato. Él y Lessa eran vecinos en un condominio en Río de Janeiro, y su hijo menor salía con la hija de Lessa. También hay una foto de Bolsonaro junto a Queiroz. El presidente ha negado conocer a los hombres.

Pero estas podrían ser solo coincidencias. Más preocupante es la abierta simpatía del presidente y su familia por los paramilitares.
Las milicias, en su forma actual, se establecieron en las favelas de Río de Janeiro a fines de la década de 1990 y principios de la década del 2000, bajo el pretexto de proteger a los residentes. Están formadas principalmente por policías y ex policías que asumen el control de las comunidades y extorsionan a los ciudadanos. Un informe del 2013 concluyó que de las más o menos 1.000 favelas de la ciudad, 45% están controladas por milicias y el 37% por pandillas de narcotraficantes.

Como congresista, Bolsonaro apoyó repetidamente a los escuadrones de la muerte y las milicias. En el 2003, dijo: “Mientras el Estado no tenga el coraje para adoptar la pena de muerte, en mi opinión, esos escuadrones de la muerte son muy bienvenidos”.

Es de familia, al parecer. Recientemente se reveló que el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, tiene conexiones con un ex capitán de la policía militar, Adriano Magalhães da Nóbrega, presunto jefe de la Oficina de Delitos. Él elogió a Nóbrega dos veces en la Asamblea Legislativa de Río por su trabajo como oficial de policía y le otorgó el honor más alto conferido por la asamblea, la Medalla Tiradentes, mientras estaba en la cárcel por una condena por homicidio. Incidentalmente, cuando Nóbrega fue declarado culpable y condenado a 19 años de prisión, Jair Bolsonaro también lo defendió, diciendo que era un “oficial brillante” y exigió una revisión de la condena. Nóbrega fue finalmente absuelto en apelación.

En el 2015, Flávio Bolsonaro fue el único legislador que votó en contra del establecimiento de una comisión parlamentaria para investigar asesinatos por parte de la policía que, según se informa, se produjeron en defensa propia. Argumentó que la investigación pondría un “cuchillo en la garganta” a los oficiales de policía, quienes ya no tienen seguridad legal para llevar a cabo su trabajo.

El año pasado, fue el único legislador que votó en contra de otorgar la Medalla Tiradentes a Franco.

Lo que nos lleva de nuevo al asesinato. Los registros bancarios muestran un depósito de 100.000 reales en la cuenta del presunto tirador. ¿Quién ordenó el crimen? ¿Por qué? ¿Qué tan extendida está la influencia de las pandillas paramilitares?

Esas preguntas se responden con silencio, mientras que el país sigue siendo uno de los lugares más mortales para los defensores de los derechos humanos en el mundo. La situación parece estar a punto de empeorar, ya que el nuevo presidente detesta el concepto de derechos humanos.

Hoy, uno podría tener la impresión de que los grupos paramilitares no son un Estado paralelo, son el Estado.

–Glosado y editado–
© The New York Times
​