(Ilustración: Giovanni Tazza para El Comercio)
(Ilustración: Giovanni Tazza para El Comercio)
Walter  Gutiérrez

Defensor del Pueblo

Ninguna democracia puede sobrevivir sin un sistema de justicia eficiente, pero ninguna justicia funcionará adecuadamente sin una ciudadanía activa y que controle su idoneidad. Lo sucedido el martes de la semana pasada es un ejemplo revelador del enorme potencial de lo que podemos hacer cuando se conjugan esfuerzos.

El caso de la ciudadana M.V.M. activó el sistema de justicia contra el abogado Adolfo Ernesto Bazán Gutiérrez. Se trata de un sujeto que ya había sido sometido con anterioridad a cuatro meses de prisión preventiva, acusado de violación sexual. Dicho sujeto fue, sin embargo, liberado inexplicablemente y el caso archivado. Meses después comprobamos que se trata de un agresor reincidente que tiene varias denuncias contra la libertad sexual.

Puesto en evidencia por los medios, el sujeto quiso escapar de la justicia intentando abordar un vuelo rumbo al Ecuador. Pero de pronto algo sucedió que activó una cadena de esfuerzos entre la sociedad civil y el Estado. La indignación tomó cuerpo. Los vecinos del edificio donde vivía el sujeto alertaron sobre su escapatoria y la empleada de la línea aérea activó un protocolo para atajar su salida. De igual forma, una funcionaria de Migraciones lanzó una alerta a su institución, pese a que esta persona no tenía impedimento de salida, y Radio Programas del Perú dio cuenta de la noticia demandando su atención a las instancias competentes. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reaccionó de inmediato, solicitando la intervención del sistema de justicia. Luego de todas estas acciones, la fiscalía pidió el impedimento de salida del denunciado, que fue dictado rápidamente por el Poder Judicial. Lo que queda ahora, por la gravedad del delito y los antecedentes del acusado, es que se inicie la investigación y se ordene su prisión preventiva. Sin embargo, lo sucedido va más allá y es aleccionador.

Como lo ha expresado con lucidez Fernando Carvallo, el caso ha probado que la participación ciudadana es indispensable para que la justicia funcione. En realidad, podría decirse: para que todo el Estado funcione, porque la administración pública es otra cuando se sabe sometida al escrutinio de la opinión ciudadana.

La ecuación compuesta por una ciudadanía activa, funcionarios públicos que no ceden a la pasividad y una prensa movilizada por valores arroja como resultado una solución concreta y oportuna que no solo sirve para resolver los problemas de la justicia, sino también gran parte de los problemas sociales del país.

Las lecciones que nos quedan son dos: pese a que el sistema de justicia, en gran parte, se encuentra asfixiado por la ineficiencia y la corrupción, aún existe un número importante de jueces y fiscales que no se resigna a la inacción; por otro lado, la ciudadanía y la prensa deben tomar nota de que sin su participación decidida no habrá justicia que funcione.

Si el estado actual de la justicia es el punto de partida y el punto de llegada de todos nuestros males, también puede ser el punto de inicio y concreción de todos nuestros derechos, pero a condición de no dejarla solo en manos de los jueces y fiscales. Peter Drucker decía que la diferencia entre la intención y la decisión es la acción. El último martes la ciudadanía dio un robusto ejemplo de decisión: no está dispuesta a abandonar la justicia.