AFPs y ONP: ¿Cómo debería reformarse el sistema previsional?

Una jubilación con pensión cierta, por Eduardo Morón

Para analizar sistemas de pensiones hay que mirar no solo la foto sino entender cómo termina la película. Dos datos que serán diferentes a lo que hoy ocurre. Primero, la generación actual tuvo menos hijos que la de sus padres y la de sus hijos tendrá menos hijos aun. Es decir, será cada vez más difícil confiar en el pacto intergeneracional en el que hijos cuidan de sus padres. Segundo, cada nueva generación de jubilados vivirá más años y los costos de atención de su salud serán mayores cada vez. 

En resumen, el fondo necesario para financiar nuestros gastos durante nuestros años de jubilación será crecientemente mayor. Para resolver esto, requerimos que hoy, cada uno de nosotros, ahorre más para la jubilación. 

Aquellos que por razones libertarias defienden que el ahorro para pensión no sea obligatorio se olvidan de que la tentación política para dar pensiones no contributivas es inmensa y ofertas más generosas solo se pueden financiar con más impuestos. Si los libertarios tienen un enemigo, son los impuestos, así que dejen de predicar cosas que tendrán peores consecuencias no deseadas. Jaime de Althaus lo señaló con claridad hace dos días en este mismo Diario.

La reforma previsional que deberíamos impulsar todos es una que sea capaz de dos cosas: (i) otorgar pensiones que sean cercanas a nuestra verdadera necesidad de gastos cuando dejemos de trabajar o por lo menos eviten que la mayoría de los peruanos en edad de jubilación caiga en pobreza y (ii) lograr el primer objetivo al menor costo posible, tanto para el afiliado como para el Estado.

Miremos lo primero. El primer detalle es que no estamos hablando del sistema actual en tanto lo que realmente nos debería interesar es que la mayoría tenga la posibilidad de construir una pensión que se acerque a los gastos mínimos que tendrá cuando deje de trabajar. Creo que es muy importante incluir en esos gastos los de atención médica. 

Hoy, antes de evaluar el impacto de las dos medidas del Congreso, el SPP solo permitía que una minoría logre este resultado. Hoy, no existe ningún incentivo para quien le cuesta aportar porque no tiene regularidad de trabajos dependientes, haga un esfuerzo de sacrificar algo de consumo presente y por ello sea premiado. Al Estado le saldría muy barato ofrecer acompañar el esfuerzo de cotización temprana (por ejemplo, en el primer año de trabajo o antes de los 25 años) junto con una garantía de pensión mínima si se completa un mínimo número de aportes. Esto evitaría tener pensiones ridículamente bajas que algunos jubilados obtienen por sus aportes tan poco frecuentes. Estas son políticas pro clase media.

El segundo cambio drástico debería ser una exigencia mucho mayor a competir. Pero aquí hay que tener cuidado porque más competencia no siempre ayuda al futuro jubilado, ¿o ya no se acuerdan de la época de comisiones altas para todos y regalos generosos para quienes tenían altos ingresos? Lo esencial aquí es que queremos costos mucho menores en la administración de nuestros recursos. En ese sentido, es absurdo mantener la ONP como un administrador más de recursos con fin previsional. La ONP no tiene ningún incentivo para hacerlo con más eficiencia. Muchos confunden más competencia con muchos ofertantes o muchos productos. Ambas cosas no necesariamente favorecen al trabajador.

Necesitamos que quienes hoy administran nuestros recursos realmente se conviertan en nuestros asesores patrimoniales. Queremos que se ocupen de ayudarnos a administrar nuestra riqueza por pequeña que sea, desde que empezamos nuestra vida laboral. Queremos que sus consejos no sean en beneficio de ellos mismos o de sus clientes. Por ello que es difícil imaginar un esquema en el que bancos o cajas sean administradores de estos fondos porque tienen el incentivo a darte un menor retorno por tus ahorros y ofrecer un menor costo de financiamiento a las empresas. 

Se tiene que exigir una mayor centralización del ‘back office’ de las administradoras que realmente permita reducir el costo de administración de los recursos. Eso tiene que ser exigido por el regulador, porque no ocurrirá voluntariamente. A la gente le fastidia la subasta de nuevos afiliados, pero ha sido eficaz en reducir el costo de administración. 
El mejor lugar para que esa competencia ocurra de manera realmente positiva para el afiliado es captar ese ahorro extra que permite una pensión mayor que un nivel mínimo. Para ello, necesitamos imponer un tope a los aportes sobre sueldos muy altos porque se está forzando a ahorrar en exceso a personas que tienen múltiples activos que utilizarán para financiar sus gastos en etapa de jubilación.

Todas las propuestas deben ser analizadas en un comité de verdaderos expertos en la materia que el Perú los tiene (Tuesta, Olivera, Bernal) y no en el Congreso, donde ha primado el deseo de satisfacer intereses electoreros y populistas sumado a una lamentable ausencia de liderazgo de quienes hoy encabezan los partidos políticos. Han preferido aprobar reformas mirando el focus group o la encuesta en lugar del análisis concienzudo del impacto en el bienestar de las personas. 

El Congreso ha abierto la puerta para que la jubilación de más peruanos sea incierta, sujeta a estafas como las que vemos en los diarios y en las colas de atención a futuros jubilados. Lo único positivo de estos errores es que antes la gente ni siquiera sabía cuánta plata tenía en su fondo. Hoy hace cuentas sobre cómo usar la protección de mañana en atender urgencias. Queremos tener un país con ciudadanos que sepan con certeza que al dejar de trabajar podrán contar con una pensión cierta más allá de si sus hijos o su familia están dispuestos a colaborar con ellos a llenar el vacío de un presupuesto incompleto.

Hacia un nuevo sistema previsional, por Juan Mendoza

El sistema previsional es un fracaso. Ocho de cada diez adultos mayores no tienen pensión. Apenas 4% y 17% de las personas de 65 años o más reciben pensión de las AFP o de la ONP. El éxito de Pensión 65 es palmario testimonio de la equívoca arquitectura previsional.

Las pensiones de los privilegiados que las reciben son bajas en relación con sus ingresos. En la ONP la pensión como proporción del ingreso (tasa de reemplazo) es inferior al 30%. Peor aun, como en la ONP solo reciben pensión quienes aportan 20 años o más, hay miles de trabajadores que, a pesar de haber aportado, no tienen pensión. La tasa de reemplazo promedio en las AFP es cercana al 40%, pero 3 de cada 10 afiliados tienen pensiones inferiores a los 400 soles mensuales.

Las leoninas comisiones tienen como consecuencia que las AFP y las compañías de seguros disfruten de elevadas tasas de rentabilidad y que los aportantes tengan menores ingresos disponibles y pensiones. La rentabilidad promedio de las AFP desde el 2000 ha sido 4 veces la de los fondos que administran. El 2015 la rentabilidad de las AFP fue de 18,3% mientras que los afiliados recibieron entre 2,4% y 5,9%. Si las comisiones, incluyendo las que se pagan a los seguros, fueran 2% en lugar de 3%, las pensiones serían al menos 20% superiores. 

El diseño del sistema previsional adolece de dos fallas estructurales. La primera es que solo tiene pensión quien aporta una fracción de su ingreso en planilla. Este diseño es absurdo porque en nuestro país 8 de cada 10 trabajadores no están en planilla. Peor aun, uno de cada 5 trabajadores que hoy está en planilla no lo estará en un año. Así, muchos afiliados a las AFP o a la ONP son cotizantes eventuales, lo que reduce sus pensiones.

Si seguimos financiando las pensiones a través de aportes que gravan las planillas formales, estaremos condenados a que la gran mayoría de las personas no tengan pensión durante muchas décadas. Además, a pesar de no ser la causa de la informalidad, el diseño previsional es una barrera a la formalización laboral porque, al reducir su ingreso disponible, el aporte es percibido por muchos trabajadores como un impuesto a los salarios. 

La segunda falencia estructural es insistir en el ahorro forzoso. Es un grave error porque parte de la premisa que los peruanos solo ahorran si se les obliga a hacerlo. Pero todos los datos disponibles del INEI nos dicen lo contrario: los peruanos fuera del sistema previsional ahorran esencialmente igual que quienes están en las AFP y en la ONP, alrededor de 24% de su ingreso. Los enormes esfuerzos por educarse y construir sus viviendas son meridiana evidencia de la preocupación de millones de compatriotas por su futuro.

Los datos sugieren que el ahorro obligatorio no tiene efecto neto sobre el ahorro nacional. Más bien, el ahorro forzoso redirecciona el ahorro de los trabajadores hacia las AFP y las compañías de seguros. La reciente ley que permite a los afiliados disponer de hasta el 25% de sus fondos para adquirir un inmueble no altera el ahorro total sino su composición.

El ahorro forzoso coarta la libertad económica, es una herencia del estatismo paternalista y mina el papel solidario y de protección social que la familia ha desempeñado durante milenios. 

Es un misterio por qué nos seguimos resistiendo a aceptar lo que dicen los datos sobre el ahorro de los peruanos. ¿Qué explica nuestra acendrada desconfianza en nosotros mismos? ¿Por qué, si no creemos en que las personas sean capaces en decidir lo mejor con sus ingresos, sí confiamos en el buen juicio de los reguladores estatales y de los gerentes de las AFP y de las compañías de seguros? 

¿Cómo reformar el sistema previsional? Lo ideal sería desechar el ahorro forzoso. Sin embargo, como mínimo, se debería acotar su incidencia. Una persona solo debería ser obligada a aportar hasta que tenga un nivel de ingreso que le garantice una pensión mayor a la que el Estado pueda pagar. Es decir, debe haber un tope al ahorro forzoso tal y como existe en Estados Unidos o en Chile.

Propongo que el tope sea 50.000 soles anuales. Suponiendo una tasa de reemplazo conservadora de 20%, ello le daría al afiliado, como mínimo, una pensión mensual similar a una remuneración mínima. El tope debería ser revisado periódicamente a medida que aumenta el ingreso per cápita. Con el tope las AFP tendrían el incentivo a bajar las comisiones de verdad para no perder los ahorros adicionales de sus clientes más afluentes.

El sistema previsional debe ser solidario con los menos favorecidos. Propongo, por tanto, que haya una pensión estatal que cubra la línea de la pobreza para todos aquellos mayores de 70 años que no reciban pensión o que reciban pensiones inferiores a esta línea. El costo fiscal de esta pensión estatal sería moderado, alrededor de 0,5% del PBI. La pensión solo debería cubrir la línea de la pobreza para evitar su utilización política o que sea un desincentivo al esfuerzo laboral. No habría razón para que la ONP siga recibiendo nuevos aportantes.

Es fundamental que en la anunciada comisión de reforma participen representantes de los afiliados y de la sociedad civil. Asimismo, se debe exigir que cada participante diga claramente si tiene algún conflicto de interés para evitar que los lobbies capturen la comisión.

Con las reformas propuestas el nuevo sistema previsional debería ser mucho más eficiente, solidario y con mayor cobertura que el fracasado sistema actual. Queda pendiente, por su complejidad, cómo integrar las pensiones de jubilación con la provisión de salud, que es la preocupación central de todos los humanos a medida que envejecemos.