Juventud: el manjar electoral de siempre

Cuando pensamos en la juventud, la pregunta es inevitable: ¿son el presente o el futuro? Y cuando se acercan las elecciones, reaparecen con fuerza los discursos políticos que prometen una nueva era para los jóvenes. En el Perú, el 25.6 % del padrón electoral está compuesto por personas menores de 30 años. Solo en las elecciones del 2026, más de 2.5 millones de jóvenes votarán por primera vez y se enfrentarán no a un examen de admisión, sino al reto de elegir entre 43 organizaciones políticas.

Las promesas de “empoderar a los jóvenes” han sido parte del libreto electoral por décadas. Pero qué tan ciertas y viables podrían ser. En 2001, el expresidente Alejandro Toledo impulsó el proyecto de ley que creó el Consejo Nacional de la Juventud, aprobado en el 2002 mediante la Ley 27802 y reglamentado por el D.S. 106-2002-PCM. Esta ley proponía una institución adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con un órgano rector (la Comisión Nacional de Juventud - CNJ) de rango ministerial y autonomía administrativa, funcional y económica. Además, incluía la creación del Consejo de Participación de la Juventud (CPJ), otorgando a los jóvenes representación formal ante el Estado por primera vez en nuestra historia republicana. Sin embargo, en el 2007, ese avance institucional fue desmantelado por una decisión política. El gobierno aprista encontró debilidades en la ley y su reglamento, y de manera unilateral modificó primero el reglamento, para posteriormente modificar la ley y aprobar el inconstitucional D.S. 010-2007-ED, que fusionó la CNJ con el Ministerio de Educación, sin debate ni consulta previa al grupo poblacional afectado.

Ya durante el gobierno de Ollanta Humala, la promesa electoral de devolverle aquella institucionalidad robada, quedó sin cumplirse. En el año 2013 se dio la estocada final y se derogó el reglamento de la ley 27802 mediante el D.S. 118-2013-PCM, dejando a la juventud sin nada. Desde entonces, los esfuerzos por devolver institucionalidad a las juventudes han sido escasos y frágiles. En 2019, el gobierno de Martín Vizcarra aprobó el D.S. 013-2019-Minedu, que creó la Política Nacional de Juventud, pero sin presupuesto asignado, lo cual la volvió inoperativa: sin presupuesto, no hay derechos.

Ante este abandono sistemático, desde la Red Nacional de Juventudes del Perú (Renajuv) decidimos actuar. En 2020 impulsamos el proyecto de Ley 6352 y, posteriormente, el proyecto de Ley 970: una propuesta de Ley General de Juventudes. Esta iniciativa obtuvo dictamen favorable por mayoría en julio de 2022 y llegó al Pleno del Congreso, en octubre del mismo año, pero fue devuelta a comisión sin explicación ni debate.

Esta iniciativa busca dotar al país de un marco legal actualizado en materia de juventud, con conceptos, derechos y deberes claramente definidos. Además, propone recuperar la institucionalidad perdida mediante la creación del Instituto Nacional de la Juventud del Perú, que reemplazaría a la actual Senaju, otorgándole mayor autonomía y capacidad operativa. De este modo, se desarrollaría un trabajo transversal, multisectorial, viable y sostenible, enmarcado en un renovado sistema nacional de juventudes.

En la actual legislatura 2025–2026, ya se instaló una mesa de trabajo en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, realizando su primera sesión el 13 de febrero de 2025, con el objetivo de elaborar un nuevo dictamen. El camino no ha sido fácil, pero seguimos apostando por un marco legal moderno y efectivo.

Creemos firmemente que las campañas electorales son terreno fértil para promesas que sin voluntad terminan siendo fallidas. Por ello, no debemos esperar ser convocados para ir en busca de respuestas: asumamos nuestro rol como ciudadanos y, juntos, escribamos la historia del Perú.