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La batalla por el Estado, por Carlos Ganoza Durant

El verdadero obstáculo que tenemos para seguir progresando es que el Estado no hace lo esencial para que la sociedad prospere

Carlos Ganoza Durant Economista y cofundador de Quantum Talent

La batalla por el Estado, por Carlos Ganoza Durant

La batalla por el Estado, por Carlos Ganoza Durant

Al igual que los generales, los intelectuales y periodistas pueden cometer el error de prepararse para pelear su última guerra en lugar de la siguiente. 

Eso ocurre con la discusión bizantina que tiene liados a comentaristas de izquierda y derecha sobre qué debe y no debe hacer el Estado. 

Ese debate fue crucial de la década de 1970 a la de 1990. Pero hoy el Estado ya no es ni remotamente el ogro filantrópico que anulaba la iniciativa individual, metía sus narices en cuanto resquicio de la sociedad pudiese y hacía engorroso lo simple. 

Ciertamente aún hay muchos hábitos y reflejos intervencionistas en distintas áreas y los políticos de turno pueden ceder más o menos ante ellos, pero la bestia negra del liberalismo fue derrotada. La Constitución de 1993 garantiza la libertad de empresa y de trabajo, y permite la actividad empresarial del Estado solo bajo el principio de subsidiariedad. El Estado se replegó dramáticamente y dio lugar a una actividad privada dinámica que creó riqueza donde se le permitió, aumentando el ingreso per cápita real en más de 200% en 20 años.

El problema ahora es que la bestia dejó de ser un ogro para convertirse en un perro de chacra famélico y bullero, que si bien fastidia y estorba, lo más trágico es que es incapaz de hacer su trabajo. 

Podría decirse que el Estado en el Perú tiene algo del perro del hortelano: ni siquiera puede hacer lo mínimo que se espera de él. ¿Imponer el monopolio del uso de la fuerza? Si tan solo a pocos kilómetros del centro de poder político del país, en San Juan de Lurigancho, las mafias de extorsionadores amenazan con desplazarlo como proveedor de seguridad. 

¿Establecer y proteger derechos de propiedad? Los traficantes de tierras como Orellana a duras penas contendrían la carcajada, acostumbrados a infiltrar o aprovecharse de la Sunarp y Cofopri para concretar usurpaciones. 

¿Puede al menos llevar un control adecuado de cómo gasta nuestros impuestos? Pregúntenle a la Contraloría si tiene recursos y procesos adecuados para auditar a tiempo y con efectividad a los más de 2.500 organismos públicos. 

En ese contexto, la discusión entre quienes fustigan a esta criatura débil por hurgar donde no le compete y quienes le exigen que haga tareas improbables para su condición, pierde todo sentido práctico. 

Incluso si el Estado se repliega aun más y deja de pedir requisitos absurdos –como pide la derecha–, o aumenta su intervención para limitar abusos del sector privado –como pretende la izquierda–, no vamos a mejorar mucho si no puede hacer lo mínimo indispensable. 

El verdadero obstáculo que tenemos para seguir progresando no está en aquellas cosas que podría o no hacer el Estado, sino en que no hace lo esencial para que la sociedad prospere. Aunque se ha dicho mucho, vale repetir que lo que importa no es el tamaño, sino la capacidad. 

La forma de escapar de esa discusión bizantina pasa por reconocer que si bien las posiciones sobre dónde debe actuar el Estado parecen antagónicas, los intereses de fondo tienen coincidencias importantes.

La izquierda y derecha comparten una preocupación básica sobre la acción estatal: la captura. Los primeros temen que el Estado sea capturado por intereses empresariales que lo alejen de cumplir una función social y corregir fallas en el mercado. Los segundos temen que sea capturado por políticos que lo usen para construir clientelas. 

Ambos entonces deberían querer lo mismo: que el Estado sea competente y autónomo. Esto significa que decida bajo objetivos de bienestar social y con criterios técnicos, que implemente soluciones eficientemente y que resista intentos de captura, ya sean de sindicatos, gremios empresariales, ONG o monopolios privados. 

Es cierto que entre la izquierda y la derecha existen diferencias importantes en la valoración de la eficiencia versus la equidad. Pero nuestros problemas son mucho más básicos, por lo que en la mayoría de casos es posible mejorar en eficiencia y en equidad a la vez.

Si el Estado Peruano fuese autónomo y competente, el que Petro-Perú opere un lote petrolero sería una solución subóptima, no un desastre. Del mismo modo, un estudio de impacto ambiental hecho por la entidad pública relevante podría ser suficiente para zanjar una disputa entre una empresa minera y la población local.

Nada de esto ocurre porque el Estado no goza de la confianza de nadie, y con justa razón.

En lugar de exigir a los políticos que metan o saquen al Estado de una actividad y discutir sobre la conveniencia de eso, deberíamos exigirles que lo fortalezcan construyendo burocracias profesionales, autónomas y competentes. Eso es lo más importante y urgente, esa tiene que ser nuestra siguiente batalla. 

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