¿Es positivo que el serenazgo sea apoyado por guardaespaldas armados?

“Esta medida es altamente disuasiva, ya que los delincuentes no se sentirán seguros”.

Si bien la Municipalidad de Magdalena del Mar ha suscrito un convenio con el Ministerio del Interior para contar con patrullaje integrado, es decir, un policía armado en cada unidad de serenazgo, no es menos cierto que un porcentaje elevado de los efectivos policiales asignados a dicha labor faltan al servicio, lo que pone en riesgo la vida de nuestros serenos que persiguen y detienen a maleantes armados. Por ello, hemos iniciado los trámites para la contratación de resguardo personal (guardaespaldas) para los choferes de las camionetas de seguridad ciudadana. La propuesta es legal, puesto que el Decreto Legislativo 1213 y su reglamento permiten que dicho servicio sea contratado por personas jurídicas públicas.

Algunos creen que la contratación del citado resguardo colisionaría con las competencias de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero ello no es cierto, ya que el citado decreto –en sus artículos 1.2, 3.2, 3.3 y 3.4– precisa que los servicios de seguridad privada son “complementarios” a las funciones de dicha institución y que deben colaborar con ella ante la comisión de delitos o faltas. Asimismo, establece que dichos servicios tienen como límite las facultades de la PNP. Es importante entender que, de conformidad con el artículo 197 de la Constitución, las municipalidades tienen la obligación de brindar el servicio de seguridad ciudadana con la cooperación de la policía. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 437/2020, declaró que la atribución de resguardar el orden interno no excluye a los municipios de dicha función y que las facultades que el citado decreto le otorga a la seguridad privada no le quitan la autoridad que la ley le ha otorgado. No se trata pues de competir con nuestra policía, sino de contribuir con su labor.

Esta medida es altamente disuasiva, ya que los delincuentes no se sentirán seguros en un distrito en el que podrían perder la vida si disparan a miembros del serenazgo durante una intervención. Basta con ver el asesinato de un sereno en Santiago de Surco para darse cuenta de que, de haber tenido resguardo personal, quien hubiera muerto sería ‘Maldito Cris’.

Esta propuesta se justifica en el alarmante crecimiento de los índices delictivos del país (del 19 al 25 de enero, fueron asesinadas 71 personas) y en que existe un déficit de 50.000 policías a escala nacional, una brecha que no podremos cubrir ni en 100 años si tenemos en cuenta que, durante el último año, ingresaron aproximadamente 5.000 policías a la institución, pero salieron cerca de 4.500. Ello nos obliga a buscar nuevas alternativas para enfrentar la segunda ola de violencia que estamos viviendo, tal y como hicimos cuando el Estado entregó armas de fuego a los ciudadanos que conformaban los comités de autodefensa para que enfrenten al terrorismo.

Es momento de sumar esfuerzos para cumplir con la más importante de nuestras funciones: la defensa de la persona humana (como lo indica el primer artículo de la Constitución).

“La propuesta seguramente tiene muy buena voluntad, pero no respondería a la realidad de todos los distritos”.

Si nos detenemos a evaluar cuáles son las verdaderas competencias de las municipalidades para la lucha contra la inseguridad ciudadana, podemos observar que estas son la de proveer al vecino de acciones preventivas y disuasivas. Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos locales, mediante sus serenazgos municipales, han asumido roles que le corresponden a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Es cierto que muchos planes de seguridad ciudadana no están dando resultados como, por ejemplo, el plan de patrullaje integrado que implica que el serenazgo junto con la PNP realice un trabajo en los diferentes distritos de la capital. Considero que no han funcionado adecuadamente, básicamente, porque existe ausencia de policías y un bajo interés por fortalecer las competencias de estos.

Considero, además, que el hecho de tener la posibilidad de contratar guardaespaldas privados para los miembros de serenazgo no sería una solución al problema de inseguridad ciudadana, toda vez que la seguridad privada no tiene la capacidad de realizar un control de identidad, no puede detener a los sospechosos, no puede realizar operativos, no disuade; y son estas justamente las acciones necesarias e indispensables para luchar contra la delincuencia.

Es imperativo salvaguardar la vida de todos los seres humanos; sin embargo, si analizamos cuál es el porcentaje de miembros de serenazgo que perdieron la vida en operativos de seguridad ciudadana, vamos a encontrar que es muy bajo, por lo que tampoco ameritaría contratar seguridad privada al servicio público de serenazgo. La vida de los miembros de serenazgo se puede salvaguardar con una buena capacitación sobre cómo deben actuar ante diferentes situaciones y de tener bien definidas nuestras competencias como agentes municipales.

Asimismo, pensar en contratar seguridad privada no solo incrementa la ausencia del Estado; también menoscaba las competencias que tiene la Policía Nacional, además que resultaría siendo inaplicable para muchos distritos que no cuentan con presupuesto para ello, teniendo en cuenta que contratar seguridad privada resultaría más costoso que contar con efectivos policiales mediante un convenio con la PNP. Sumado a ello, algunos alcaldes tenemos programado equipar a nuestros efectivos de serenazgo con chalecos antibalas y armas no letales, tal y como señala la última ley aprobada por el Congreso de la República. La propuesta seguramente tiene muy buena voluntad, pero no respondería a la realidad de todos los distritos en el ámbito nacional debido al presupuesto económico.

Debemos poner mayor énfasis en requerir a la PNP que cumpla su deber para que se mejoren los mecanismos de control y supervisión de los agentes de la policía que realizan el patrullaje integrado, a fin de obtener resultados positivos en el trabajo conjunto entre las municipalidades y la Policía Nacional.

Por ello, es importante que el ministro del Interior, Víctor Torres, tenga mayor diálogo y coordinación con los gobiernos locales, toda vez que somos los alcaldes los que estamos en contacto directo con los vecinos y luchamos a diario contra la inseguridad ciudadana de nuestras localidades.