Toda situación de crisis genera incertidumbre, por lo que el principal objetivo de los organismos electorales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es dotar de certidumbre a la población antes que el contexto de negación o ‘crisis propensa’ se vuelva aguda o crónica.
Los responsables de los organismos electorales tienen el desafío de reducir la incertidumbre de la gente, sobre todo ahora que se viene la segunda vuelta, en junio, y las elecciones municipales y regionales, en octubre de este año. Y la comunicación es fundamental.
La comunicación no puede ser reactiva. Informar después de los hechos resulta insuficiente. Hoy, más que nunca, la política y todo lo que la rodea debe comunicar antes de actuar. ¡El voto no es una ecuación, también es una emoción!
La vieja forma de hacer política sostenía que el elector debía ser un sujeto racional, capaz de evaluar propuestas y comparar planes de gobierno para decidir. Esa visión, heredera de la teoría del ‘rational choice theory’, resulta insuficiente para explicar lo que ocurre en las ánforas.
El elector moderno no responde exclusivamente a argumentos, sino a percepciones. No vota solo por lo que se promete, sino por quién hace la promesa. La credibilidad de los políticos, y también de las instituciones electorales, son el verdadero y principal activo político.
Por ejemplo, las candidaturas de Ricardo Belmont o Carlos Álvarez expresaron curiosidad, hartazgo y deseo de romper con lo establecido, aunque sea por un momento porque los sentimientos adquieren mayor relevancia. A veces por encima de la razón.
La accidentada primera vuelta electoral ha dejado una señal clara: no basta con ajustes menores, se requieren decisiones firmes y visibles para garantizar que el sufragio del 7 de junio se desarrolle con normalidad. La ciudadanía no solo espera eficiencia, sino también responsabilidad política frente a los errores cometidos.
Una primera medida sería la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Más allá de las limitaciones legales que establece su ley orgánica, el propio artículo 10 contempla como excepción a la irrenunciabilidad cuando exista un impedimento debidamente fundamentado. La magnitud de las fallas operativas configura un escenario en el que, por decoro y legitimidad institucional, corresponde una renuncia o retiro del cargo, además de las sanciones respectivas a los que resulten responsables.
En segundo lugar, resulta indispensable que la ONPE articule de manera efectiva el apoyo de las Fuerzas Armadas para la distribución del material electoral. Su capacidad logística y presencia territorial pueden contribuir a generar confianza de que los insumos lleguen a tiempo, especialmente en zonas críticas.
Una tercera medida clave es la realización de simulacros o pruebas reales del funcionamiento de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), al menos una semana antes de la jornada, considerando que se continúa la previsión para volverse a aplicar en Lima Metropolitana y el Callao. Estas pruebas deben verificar aspectos técnicos esenciales como conectividad, operatividad de equipos e insumos básicos, como la tinta de impresoras.
Asimismo, es urgente replantear la capacitación de los miembros de mesa. No se trata solo de repetir contenidos, sino de adoptar estrategias más prácticas y focalizadas que aseguren su desempeño en condiciones reales.
Finalmente, se debe fortalecer integralmente el proceso logístico de distribución electoral. Sin una cadena eficiente y supervisada, cualquier esfuerzo adicional perderá impacto.
La segunda vuelta no admite improvisaciones. Recuperar la confianza ciudadana pasa por asumir responsabilidades y ejecutar soluciones inmediatas.
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