En el ámbito de las inversiones de largo plazo, el Perú parece estar ensayando un método singular de planificación: el respeto a las reglas del juego hasta que estas resultan políticamente incómodas. La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundado el hábeas corpus para los residentes de Puente Piedra y ordenar la suspensión del cobro del peaje de Rutas de Lima marcó un hito en nuestra historia jurídica: a través de una garantía sumaria, hoy se interrumpen contratos de concesión y se afectan políticas económicas. La jurisprudencia del TC fijó una regla tan simple como rígida: si el Estado no provee una vía alterna “real, segura y legal”, el cobro de cualquier peaje deviene en inconstitucional.
Frente a este escenario, el debate jurídico presenta dos posturas irreconciliables:
En contra del hábeas corpus: argumentan que utilizar esta vía desnaturaliza su carácter sumario al pretender resolver controversias contractuales y arbitrales. El peaje es una restricción económica vehicular —no física— que supera el test de proporcionalidad al financiar infraestructura con sus usuarios directos y no con los contribuyentes. La falta de vías alternas es una falla de planificación del Estado, no de la concesionaria.
A favor del hábeas corpus: sostienen que es la vía idónea para tutelar la libre locomoción cuando la inexistencia de vías alternas convierte el cobro en una “aduana interna de facto”. Esto vulnera colateralmente la salud, educación y trabajo, por lo que la justicia constitucional debe hacer primar a la población sobre contratos en los que jamás tuvo participación.
Al ponderar su decisión, el TC debió considerar que un contrato responde a una compleja ecuación técnico-económica y que el concesionario privado no tiene la obligación originaria de garantizar el acceso a infraestructura pública. Omitir el estudio del equilibrio financiero y las severas consecuencias —debilitamiento de la seguridad jurídica, deterioro del clima de inversiones y exposición a contingencias millonarias— sienta un precedente riesgoso en el que la tutela garantista se desentiende de la viabilidad del capital privado.
El fallo no tardó en generar seguidores entusiastas. Con una interpretación sumamente ágil, otros jueces clausuraron las garitas de Conchán, Villa y Punta Negra. ¿El resultado? Rutas de Lima inició su proceso de liquidación y el fondo canadiense Brookfield trasladó la disputa al CIADI exigiendo US$2.700 millones al Estado Peruano.
La conflictividad migró a Arequipa, apuntando al peaje de Camaná, operado por Covinca S.A. Sin embargo, intentar calzar este conflicto en la plantilla de Puente Piedra requiere creatividad para homologar la realidad de los hechos: a diferencia del entramado limeño, el contrato de Covinca es técnico y está libre de procesos criminales. La garita de Camaná no es una imposición reciente del sector privado: fue construida por el propio Estado en 1995, previa a la concesión del 2013 y al crecimiento urbano residencial.
Aunque la demanda sostiene un virtual encierro, informes técnicos y actas policiales documentan hasta seis vías alternativas para evitar la estación de cobro.
Mientras el entusiasmo populista celebra la gratuidad del tránsito, instituciones como el MEF, el MTC, Pro Inversión y Ositrán advierten del riesgo sistémico: si los peajes se suprimen por mandato judicial, el Estado —sin espacio presupuestario— deberá asumir el costoso mantenimiento o resignarse a ver el asfalto destruido, sumado a las contingencias arbitrales.
Intentar corregir las deficiencias de planificación urbana del Estado mediante el activismo judicial es el equivalente a querer operar a un enfermo con un hacha. Si el TC decide dar el paso en Arequipa bajo los mismos términos, el mensaje para el mundo será sumamente claro: en el Perú, los contratos públicos tienen la solidez de una sugerencia. Nuestro aplauso inmediato por una vía gratuita puede ser un paliativo temporal, pero la factura de largo plazo —en arbitrajes perdidos, aislamiento logístico y carreteras destruidas— terminará costándonos mucho más de lo que ahorraremos en la garita.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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