Las comisarías enfermas, por César Bazán Seminario

En una ocasión, un general en retiro de la Policía Nacional contó la anécdota de que las comisarías en Lima son exteriormente muy parecidas porque en los noventa se consiguió una gran donación de mayólicas verdes de una empresa importante. Es decir, no se trató de una política de Estado, producto de un estudio sobre cómo hacer de las comisarías un lugar más adecuado para sus funciones, sino del esfuerzo de efectivos y la generosidad de los privados. Esta historia, quizá cierta, quizá no, es una alegoría de la improvisación y la mendicidad en que durante años los gobiernos han sumido a las comisarías.

La teoría y la ley dicen que las comisarías son la célula básica de la organización policial. Sin embargo, la célula fue descuidada y el organismo estuvo varias veces al borde de la metástasis. Según el Instituto de Defensa Legal, el número de policías en comisarías en Lima se redujo aproximadamente en 10% entre el 2013 y el 2015. Esa realidad es cotidianamente confirmada por las personas que hasta hoy acuden a las comisarías luego de ser víctimas de un delito o falta y en la dependencia policial son nuevamente victimizadas.

Además, organismos privados y públicos, entre los que destacan el INEI y la Defensoría del Pueblo, han documentado durante años la evolución del paciente. El análisis de la defensoría muestra una ligera mejoría a nivel nacional entre el 2012 y el 2015: 5% más comisarías y 5% más policías (aunque el 10% de las dependencias no cuenta hasta ahora con local propio, el 38% no tiene agua, desagüe y electricidad de manera permanente y el 32% no tiene acceso a requisitorias policiales).

Ante la situación de crisis, el gobierno anterior destinó mucho dinero para solucionar el problema, pero una fuerte inversión para una ligera mejora no produce un saldo positivo. Por eso, ha sido importante que en el plan para los primeros 100 días del gobierno actual se hayan contemplado medidas de emergencia para las comisarías que ayuden a superar la crisis.

El gobierno ha propuesto, por ejemplo, redistribuir a los efectivos policiales de los escuadrones de emergencia y destinarlos a las comisarías, de modo que haya 10% más efectivos. ¡El doble de lo que consiguió la gestión anterior en cuatro años! Si el presidente Kuczynski y el ministro Basombrío lo hacen, será una buena noticia. 

Esto nos llevar al gran reto: el factor humano. Los comisarios deben ser oficiales muy destacados, profesionales capaces de dar duros golpes a la delincuencia y tratar cordialmente con vecinos. Se necesitan entonces alrededor de 1.500 oficiales con esas características para comandar aproximadamente a 38.000 subalternos. Este gran reto no se enfrenta solo con recursos, sino buscando en la institución policial a los mejores. Obviamente, sin desvestir un santo para vestir a otro.

Más allá de eso, el gobierno ha perdido una primera oportunidad para relanzar la obligación de que los comisarios rindan cuenta periódicamente a los vecinos sobre su trabajo y que las autoridades y juntas vecinales participen de la evaluación de la policía. La prometida mejora de las condiciones salariales de los policías, el fortalecimiento de la Defensoría del Policía y el Premio Nacional de Mejores Comisarías son igualmente medidas relevantes, pero insuficientes si queremos salvar al paciente.