“En la lucha por promover el bien común y la felicidad general, los legisladores pueden verse tentados a romper reglas elementales”. (Foto: GEC).
“En la lucha por promover el bien común y la felicidad general, los legisladores pueden verse tentados a romper reglas elementales”. (Foto: GEC).
Alonso Villarán

Profesor de Ética de la Universidad del Pacífico

La crisis actual viene impulsando nuevas leyes. Se discuten apasionadamente asuntos como las condiciones para reabrir los negocios, nuevos impuestos, si las personas con excesivo sobrepeso podrán trabajar e, incluso, dónde y cómo jugarán los niños. Pero, ¿cómo legislar bien, es decir, éticamente? ¿Contamos con algún criterio o estamos condenados a leyes que son el resultado de las pasiones e intereses de los legisladores?

Aunque hoy en día a muchos sorprenda, el criterio nos lo puede dar un fraile dominico del siglo XIII. Me refiero a Tomás de Aquino (Italia, 1225-1274), para quien “la ley no es más que una [1] prescripción de la razón, [2] en orden al bien común, [3] promulgada por [4] aquel que tiene el cuidado de la comunidad” (Tratado de la Ley, Cuestión 90). Siguiendo a su maestro Agustín de Hipona (Algeria, 354-430), Aquino añade que, a falta de un elemento, no habrá ley, sino corrupción de ley.

Las leyes de las que hablamos son emitidas o por el o por el Ejecutivo luego de la delegación de facultades respectivas. Estas leyes, también, son promulgadas en el diario oficial “El Peruano” y, más aún, anunciadas en los medios de comunicación: cumplirían, pues, con las condiciones tres y cuatro. Pero, ¿son racionales?, ¿y promueven el bien común? Es en estos dos elementos en donde se juega la “suerte moral” de las leyes.

Para que las leyes sean racionales, como mínimo, no deben violar deberes morales básicos como no matar, no robar y no mentir: no deben violar la dignidad ni los derechos de las personas, diría Immanuel Kant (Alemania, 1724-1804). Ejemplos de leyes arbitrarias sobran: las leyes en la Alemania nazi, en la Unión Soviética, etc. Tratándose del bien común, las leyes deben mejorar el estado de cosas: deben promover la felicidad general, diría John S. Mill (Inglaterra, 1806-1873).

El reto de los legisladores en relación con el bien común es inmenso: reducir el número de infectados y muertos, así como los despidos y las quiebras. Parte de la tragedia es que son objetivos que parecen incompatibles: si se prioriza el primer objetivo, se agrava el otro y viceversa. Difícil imaginar un escenario más difícil para legislar. Es aquí donde los políticos deben apoyarse en los especialistas y afectados: doctores, economistas, trabajadores, epidemiólogos, etc.

Pero la tensión no es solo la de la salud y la economía, es decir, la tensión interna a las categorías del bien común y la felicidad general. Hay también una tensión entre dichas nociones y la racionalidad de la ley. Es decir, en la lucha por promover el bien común y la felicidad general, los legisladores pueden verse tentados a romper reglas elementales, es decir, a atentar contra la dignidad y los derechos de las personas: el derecho al trabajo, a la no discriminación, a la libertad de expresión, a la propiedad, etc.

La última tensión, sin embargo, es fruto de un análisis superficial. Lo es porque es imposible que las leyes promuevan el bien común y la felicidad general con medios inmorales. Puede parecer que lo harán en el corto plazo, pero en el largo los destruirán. En efecto, ¿cómo podría una sociedad florecer si en ella no se respeta al individuo y sus derechos? Esto es, sencillamente, imposible.

En resumen, legislar éticamente pasa por promover el bien común y la felicidad general. Más importante aún es que, al hacer lo anterior, las leyes no quiebren deberes y derechos fundamentales, es decir, que no violen la dignidad humana. De lo contrario, aun siendo promulgadas por autoridad competente, no serán leyes, sino corrupción de ley. Las leyes serán injustas y, como enseñan Aquino y Agustín, “ley injusta no es ley”.