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Condiciones igualitarias para gobernar, por Alejandra Aramayo

"La norma está enfocada en el uso de recursos del Estado con fines políticos, pues no queremos alcaldes y gobernadores candidatos con condiciones ilegales".

Alejandra Aramayo Congresista de la República

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(Ilustración: Giovanni Tazza)

"El proyecto de ley 'Condiciones igualitarias para gobernar' pretende monitorear el presupuesto, incorporar la inversión capital y mejorar la estabilidad política ”. (Ilustración: Giovanni Tazza)

(Ilustración: Giovanni Tazza)

El país tiene un Estado único e indivisible. Según la Constitución, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. En la práctica, no hay mucho de esto. Tenemos un gobierno fundamentalmente centralista que no ha sabido entender que hay competencias por cada nivel y que hay temas en los que tiene injerencia y otros en los que no.

Estamos de cara a un proceso de recentralización en el que el ejercicio de facultades de los actores subnacionales (regionales y locales) no ha contribuido mucho. Cada acto de corrupción, cada obra mal ejecutada y la insatisfacción ciudadana respecto a la oferta pública, lo hace más evidente y constituye un retroceso en el proceso.

En ese contexto, la reforma electoral es parte de la agenda legislativa, la que debe emprenderse desde la Comisión de Constitución del Congreso, en donde, como una alternativa a los proyectos reeleccionistas, hemos puesto en debate el proyecto de ley N° 981/2016-CR titulado “Condiciones igualitarias para gobernar”. Ampliar el período de gestión regional y municipal de cuatro a cinco años permitirá implementar y monitorear el presupuesto por resultados integrado a los planes de desarrollo concertado (mediano plazo de cinco años), la incorporación de la inversión de capital y de planes de prestación de servicios multianuales (de tres a cinco años), mejorar la estabilidad política y de gestión, un mayor tiempo para cumplir los planes de gobierno y un menor gasto público en la organización de procesos electorales. En suma, el fortalecimiento del proceso de descentralización, además de dar equidad en períodos de gestión a los ejecutivos subnacionales.

Se pretende erradicar los argumentos de la reelección inmediata como: “no me alcanza el tiempo para cumplir mis promesas” (no existe ley que vincule que la oferta de campaña se haga plan de gobierno); “no va a haber continuidad de obras, estas quedarán inconclusas” (basados en el principio de continuidad, tienen prioridad presupuestal los proyectos que están en ejecución); “no habrá equipo técnico calificado” (no hay evidencia de que los actores subnacionales reelegidos sean más eficientes que aquellos que no lo son).

Por otro lado, cada vez son menos los reelegidos. Veamos qué pasó en el 2014: el 44% de gobernadores regionales buscaba la reelección, solo lo logró el 16%. En el caso de los alcaldes provinciales, postuló a la reelección el 52,31%, pero repitió el plato la quinta parte (10,77%). Si miramos a los distritales, del 60,62% que intentó reelegirse, solo lo logró el 17,41%.

La voluntad popular manifiesta la necesidad de generar cambios que pasan por la no reelección. La encuesta de Ipsos publicada en este Diario el pasado 11 de abril plantea la conveniencia o no de que los alcaldes vayan a la reelección o participen de la reconstrucción luego de los desastres naturales. El 71% no está de acuerdo (frente a un 23% que opina diferente).

Esta percepción se sustenta también en los altos índices de corrupción que nos recuerdan a autoridades locales involucradas en denuncias. Esto ha permitido identificar las ocho regiones denominadas como “puntos rojos”: Lima, Junín, Áncash, Ayacucho, San Martín, Arequipa, Ucayali y La Libertad (Procuraduría Anticorrupción-Agencia Peruana de Noticias).

Se han identificado no solo en los titulares de pliego “alcaldes y gobernadores” altos niveles de responsabilidad penal, civil y administrativa, sino que sus funcionarios también han sido y son procesados. Por citar un ejemplo, entre el 2009 y abril del 2017, en la gestión regional-provincial-distrital hay 22.668 casos de responsabilidad penal.

Respecto a la responsabilidad civil y administrativa en el mismo período en los gobiernos subnacionales, se tienen identificados 12.768 casos, de los cuales 93 corresponden a los cuatro primeros meses de este año.

Finalmente, parte de los argumentos de la norma tiene que ver con el uso de recursos del Estado con fines políticos. Hemos tenido alcaldes y gobernadores candidatos con ilegales condiciones al momento de participar en la campaña electoral cuando estos “echaban mano” a recursos (operativos, humanos, financieros) del Estado para impulsar sus maquinarias reeleccionistas.

En el 2018 se dará uno de los últimos procesos electorales antes de celebrar 200 años de vida republicana. Es momento de escribir con pertinencia esta parte de la historia, para que independientemente de donde hayamos nacido tengamos condiciones igualitarias de acceso al desarrollo. Y esto pasa por las reglas de cómo elegimos a quienes nos gobiernan.

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