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La cuestión de confianza, por César Landa

"En una democracia los políticos deben tomar en serio el cumplimiento de los mandatos constitucionales".

César Landa Ex presidente del Tribunal Constitucional

Congreso de la República

"Todo ha constituido una clara demostración de las razones de la desconfianza en el Congreso, no solo del Gobierno, sino de la mayoría ciudadana". (Foto: Congreso)

Congreso

El pleno del Congreso ha otorgado al Gabinete Del Solar el voto de confianza, por 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, se ha comprometido a debatir los proyectos de ley de reforma constitucional para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sea realizado por la Corte Suprema, para que se prohíba la participación de candidatos al Congreso condenados con sentencia de primera instancia, para realizar reformas legales para promover la participación ciudadana en la democracia interna de los partidos políticos mediante la selección de sus candidatos, para eliminar el voto preferencial y delimitar la tipificación penal en el financiamiento ilegal de los partidos políticos.

Estos pedidos se remontan a las medidas gubernamentales propuestas por el presidente de la República en la lucha contra la corrupción y la impunidad del sistema político y judicial de julio del 2018, a raíz de las escuchas telefónicas de los llamados Cuellos Blancos del Puerto, en alusión a la organización criminal integrada por jueces y fiscales supremos, jueces superiores, empresarios, congresistas y ex consejeros; que son sujetos de investigación penal por los fiscales.

La demora entonces en el debate y aprobación parlamentaria de las iniciales medidas de reforma política y judicial presentadas por el Ejecutivo llevó el año pasado al ex primer ministro Villanueva a presentarle al Congreso una cuestión de confianza, sobre un paquete de proyectos de ley, dado el clamor popular y la urgencia de tomar medidas gubernamentales anticorrupción. En esa oportunidad el Gabinete recibió el voto de confianza por 82 votos a favor, dos en contra y 14 abstenciones.

A partir de entonces, bajo el liderazgo del presidente del Congreso Daniel Salaverry se debatieron y aprobaron cuatro proyectos de ley de reforma constitucional del Ejecutivo, que fueron sometidos a referéndum popular el 9 de diciembre del año pasado. Se obtuvo una altísima votación favorable de más del 80% de los votos para la creación de la Junta Nacional de Justicia, la fiscalización de los aportes a los partidos y la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata. La ciudadanía rechazó el retorno al sistema parlamentario bicameral por la desnaturalización por la mayoría parlamentaria de la propuesta del Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo nombró una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, de cuyo trabajo presentó como proyectos de ley las principales medidas para transparentar nuestro sistema político, sin respuesta de la oposición parlamentaria a pesar de que dichos proyectos gozan de una prioridad dada la urgencia de las medidas en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Pero la Comisión de Constitución archivó súbitamente el proyecto de ley para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria fuera realizado por la Corte Suprema. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria blindó al congresista Donayre condenado judicialmente, permitiendo su fuga, y dilató la investigación al congresista Mamani por tocamientos indebidos. Además, la Comisión Permanente archivó la acusación constitucional contra el fiscal supremo Chávarry, entre otros casos. Todo ha constituido una clara demostración de las razones de la desconfianza en el Congreso, no solo del Gobierno, sino de la mayoría ciudadana.

Por ello, en una democracia los políticos deben tomar en serio el cumplimiento de los mandatos constitucionales, asumiendo que el voto de confianza parlamentaria que han otorgado al Gobierno es un contrato político que se suscribe en un acto, pero se verifica en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en su desarrollo, de acuerdo con los términos del acuerdo. Y, de no cumplirse lo pactado, la Constitución le provee al Poder Ejecutivo la potestad de llamar otra vez a un referéndum constitucional; en la medida que la cuestión de confianza reposa en última instancia en la voluntad popular.

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