Sin libertad, no hay democracia

La Constitución Política del Perú en su artículo 2 inciso 4 garantiza la libertad de expresión y de prensa, las mismas que ya se encuentran contempladas en el Pacto de San José (del cual el Perú es parte) en su artículo 13 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19. Esto añadido a diversos acuerdos y documentos como la Declaración de Chapultepec y la de Salta (I y II) de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La libertad de expresión y de prensa tienen dos reglas claras: i) no hay censura previa y ii) una vez emitido el contenido el mismo se encuentra bajo la legislación vigente (la misma que se debe respetar).

Es decir, nadie ni nada (mucho menos el Estado) puede impedir que alguien se exprese. Esto tiene una larga discusión sobre cómo actuar frente a quienes mal utilizan dicha libertad (generan desinformación, generan ‘fake news’, utilizan la libertad para emitir mentiras o contenidos que afecten a terceros, por citar algunos ejemplos). Pero ¿qué implica para la democracia el respeto de estas libertades?

Porque la libertad es para todos, todo el tiempo, no importando su opinión; no es un derecho para algunos, algunas veces y cuando dicen lo que a alguien le pueda gustar. Esto es uno de los problemas básicos de la democracia, como luchar por la libertad de todos, pero entender que su mal uso no puede hacer que se busque controlar de alguna manera dicha libertad. Un derivado de la libertad de expresión, y quizás el que tenga mayor despliegue, es la libertad de prensa. Es el ejercicio ya no solo de la posibilidad de expresarse, sino la labor desarrollada por instituciones de sociedad civil, la academia, el sector privado y las entidades de prensa de los gobiernos, de informar, investigar para informar, crear contenidos basados en los hechos que se han investigado, en establecer líneas editoriales para opinar sobre la realidad de la sociedad.

Es pues contrario a los cánones democráticos las acciones para hostigar a la prensa desde el ejercicio del poder político o económico, acusándoles de actuar con ensañamiento o por intereses cuando dicha prensa actúa en un ejercicio de las libertades de información, más aún de cuestionador del poder establecido. Ese mismo poder inicia acciones prejudiciales y judiciales para buscar que la prensa no siga informando.

La Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta (I y II), sobre libertad de expresión y libertad de expresión en entornos digitales, respectivamente, instrumentos desarrollados de manera colectiva por parte de la SIP, han sido adheridos durante las pasadas dos décadas por diversos estados y sus gobernantes, como un símbolo de respeto a la libertad de expresión y la libertad de prensa; un respeto asimismo al Pacto de San José donde se nutre dichas declaraciones. Es un gesto importante a realizarse el adherirse a dichos instrumentos; pero no es un cheque en blanco, la labor de la sociedad civil, y de manera especial de la prensa, de evitar que se creen instrumentos que vulneren la libertad de expresión y de prensa son fundamentales para la vida democrática.

Un gobierno que quiere controlar a su población controla su libertad de expresión en cualquier plataforma, sobre todo en plataformas digitales, y además busca controlar los contenidos de la prensa. La democracia se nutre de la libertad de expresión, es pues uno de sus pilares fundamentales.