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El Congreso que queremos, por Gerardo Távara Castillo

“Las actuales comisiones se han organizado según los ministerios existentes y no según las grandes políticas de Estado”.

Gerardo Távara Castillo Secretario general de Transparencia

El Congreso que queremos, por Gerardo Távara Castillo

El Congreso que queremos, por Gerardo Távara Castillo

Desde hace algunos meses, la Asociación Civil Transparencia ha puesto en discusión 32 propuestas de reforma para mejorar la calidad de la democracia y de la representación política. Diez de estas propuestas están referidas directamente al funcionamiento del Congreso de la República para hacerlo más representativo, eficaz y –por tanto– más significativo para las personas.

Varias de las reformas propuestas por Transparencia apuntan a la estabilidad de las comisiones ordinarias. Veinticuatro comisiones son demasiadas, como es demasiado que un congresista participe en tres, cuatro y hasta cinco de estas comisiones; así no hay forma de especializarse y de cumplir satisfactoriamente con la labor que el electorado les asigna. Necesitamos reducir el número de comisiones del Congreso buscando que cada una de ellas aborde temas que se encuentren claramente vinculados entre sí. 

De forma referencial, recordemos que hoy tenemos una Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, una Comisión de Educación y una de Cultura. Un esfuerzo por racionalizar el trabajo parlamentario y abordar los temas con un enfoque integral aconsejaría unir estas tres comisiones y diseñar una forma de proceder que permita especificidad e integralidad. 

Un ejercicio similar podría hacerse en torno a las comisiones vinculadas a temas de producción y empleo o a las de infraestructura, por ejemplo. Las actuales comisiones se han organizado, en parte, según los ministerios existentes en el Poder Ejecutivo y no según las grandes políticas de Estado u objetivos de desarrollo nacional. Es innegable, también, que en algunos casos las comisiones se fueron creando para satisfacer expectativas de los grupos parlamentarios por presidir algunas comisiones, como una forma de repartir cuotas de poder al interior del Congreso.

Mejorar el funcionamiento de las comisiones del Congreso requiere también del fortalecimiento del servicio parlamentario; es decir, del personal profesional que brinda asistencia y asesoría técnica en el proceso legislativo y cuya permanencia en el equipo de las comisiones y despachos congresales debería estar sujeta a criterios de meritocracia y sobre la base de un proceso de selección y capacitación continua que bien podría ser acompañado –cuando no conducido– por la Ley Servir. Esta propuesta no pretende que desaparezca el personal de confianza, lo que busca es un sano equilibrio entre la labor política y la técnica. Un profesional altamente calificado y adecuadamente seleccionado debería merecer la confianza de todo representante político.

Actualmente, en el Congreso cada año se aprueba el cuadro de comisiones y se decide a cuáles de ellas irá cada congresista. Aunque hay quienes se mantienen en las mismas comisiones, nada impide que los congresistas roten entre una comisión y otra en períodos de doce meses (como muchos lo vienen haciendo), con el añadido de que –como hemos dicho– hay quienes participan hasta en cinco, seis y siete comisiones al mismo tiempo. Durante el período legislativo 2014-2015, un congresista estuvo como miembro titular en nueve comisiones. 

Transparencia ha propuesto que cada congresista escoja al inicio de su mandato un máximo de dos comisiones en las que permanecerá al menos durante 30 meses, la mitad del tiempo para el cual ha sido elegido. En otras palabras, el cuadro de comisiones cambiaría solo una vez a lo largo de cinco años.

Además de ofrecer mayores oportunidades para la especialización en la labor parlamentaria, una propuesta como esta favorecería la relación entre el Congreso y las demás instituciones públicas, incluyendo por supuesto a los gobiernos regionales y locales, así como con las organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, que buscan que sus propuestas y demandas sean tratadas con un criterio de continuidad. El impulso de la reforma electoral nos ha dejado como experiencia que cada cierto tiempo era como volver a empezar, pues las prioridades en la Comisión de Constitución fueron cambiando según cambiaba su composición y presidencia.

La reforma es urgente y debiera estar más presente en el debate electoral.

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