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El Consejo de Reparaciones y la reconciliación del país, por Ramón Barúa y Jairo Rivas Belloso

“El acervo documental del Consejo de Reparaciones reúne miles de testimonios y es el más grande del país sobre el período de violencia”.

Ramón Barúa y Jairo Rivas Belloso Ex consejero del Consejo de Reparaciones y ex secretario técnico del Consejo de Reparaciones

Aguilar

“Este importante material sirve a la memoria de hechos que no deben repetirse jamás en el Perú”. (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa)

El siglo XX en el mundo dejó tras de sí el legado contradictorio de enormes progresos civilizatorios y muestras de inhumanidad nunca antes vistas en la historia. La sociedad planetaria ha sabido valorar los primeros, y ha procurado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, poner en marcha respuestas para remediar el sufrimiento ocasionado por conflictos, dictaduras y otras situaciones donde se produjo la violación masiva de derechos humanos.

Nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia global. Después del período de violencia que sufrimos entre los años 1980 y 2000, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó, entre otros aspectos, buscar formas de resarcimiento a las víctimas de la violencia. Esta recomendación orientó la creación de una institucionalidad dedicada a este propósito.

Una primera tarea fue la identificación de las víctimas de este período, y para ello, en el 2006, se encargó al Consejo de Reparaciones, un conjunto plural de personas independientes y de trayectoria democrática, la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV). Doce años después, esta herramienta ha permitido identificar a más de 200 mil personas que, de distintas formas, sufrieron violaciones a sus derechos durante el período de violencia entre los años 1980 y 2000.

No fue un encargo sencillo de cumplir. A la pluralidad de visiones entre los integrantes del consejo sobre la tarea encomendada (pese a lo cual todas sus decisiones se adoptaron por consenso), se sumaron las dificultades operativas propias de ubicar a las víctimas a lo largo del país y de documentar el sufrimiento vivido. En todo este tiempo, el Consejo de Reparaciones ha recopilado, una a una, las historias de dolor que permanecen en la memoria de miles de personas y familias peruanas. Al incluir un nombre en el RUV, el Estado reconoce el sufrimiento vivido y garantiza el derecho a acceder a las formas de reparación señaladas por ley: memoria, indemnizaciones, salud mental, educación, vivienda, entre otras.

El acervo documental del Consejo de Reparaciones reúne miles de testimonios y es hoy el más grande del país sobre el período de violencia. Este importante material sirve a la memoria de hechos que no deben repetirse jamás en el Perú. Por su magnitud y relevancia, ha merecido ser incluido como parte del Programa Memoria del Mundo, promovido por la Unesco para la conservación del patrimonio documental que sea considerado de especial importancia para la humanidad. Este reconocimiento internacional revela también la calidad del trabajo realizado.

Doce años de trabajo ininterrumpido expresan un compromiso continuado del Estado peruano, a lo largo de cuatro gobiernos sucesivos, con una política de Estado de principal importancia, pues busca la reconstrucción de vidas afectadas por la violencia. El aporte del Consejo de Reparaciones a este propósito no ha sido menor y así fue reconocido el pasado 11 de diciembre cuando, en el marco de las actividades oficiales por la Semana de los Derechos Humanos, se presentó públicamente “Todos los nombres: Memoria institucional del Consejo de Reparaciones 2006/2018”. Estos aportes fueron destacados por Vicente Zeballos, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Sofía Macher y Enrique Silva (ex presidenta y presidente actual de esta entidad) y Leonor Saire, representante de las víctimas.

Si bien la elaboración del RUV es una tarea permanente, se puede afirmar que el objetivo está cumplido, pues independientemente del número de personas que falte registrar, existe un mecanismo confiable para identificarlas y derivarlas hacia la política de reparaciones. En este campo, sin embargo, hay una tarea que sigue pendiente: la ubicación y, cuando sea posible, también la restitución de restos de alrededor de 20 mil personas desaparecidas durante el período 1980-2000, según el estimado oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La desaparición forzada es un crimen permanente, es decir, su realización no concluye sino hasta cuando los familiares reciben una respuesta sobre el paradero de la persona que buscan. El RUV ha sido una fuente principal para la elaboración del listado de “peruanos y peruanas que faltan” y para encaminar el programa que tiene la responsabilidad de dar respuesta a familiares que llevan décadas buscando. Este capítulo contribuirá, sin lugar a dudas, a avanzar en la reconciliación de aquella parte del país que aún busca sobreponerse a la tragedia y convertir el dolor en esperanza.

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