La cruda realidad fiscal, por Gianfranco Castagnola
La cruda realidad fiscal, por Gianfranco Castagnola
Gianfranco Castagnola

Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría

Durante la reciente edición de CADE, los cinco principales candidatos presidenciales coincidieron en propuestas para reducir impuestos y aumentar el gasto público: desde “shocks de infraestructura” y aumento de sueldos para trabajadores públicos, pasando por rebajas de tres puntos del IGV en tres años, hasta propuestas descabelladas como la construcción de un tren bala Tumbes-Tacna. Sin embargo, la aritmética fiscal no cuadra. Todas esas promesas difícilmente podrán ser cumplidas si se quiere mantener una política económica sensata.

Los años de bonanza fiscal pertenecen al pasado. Entre el 2011 y el 2013, el Perú registró superávits fiscales. En el 2015, en cambio, tendremos un déficit cercano a 2,5% del PBI, que hubiera sido de 3,0% si los gobiernos regionales y locales hubieran gastado su presupuesto. 

Este deterioro se explica por la caída de los precios de los metales, la desaceleración de la economía y reducciones de impuestos. El próximo quinquenio no será distinto. Los déficits tendrán que financiarse con endeudamiento público. Felizmente, gracias a 25 años de manejo prudente de las finanzas públicas, hay espacio para hacerlo. La deuda pública del Perú equivale hoy a 22% del PBI, un ratio muy favorable comparado con otros países de la región (en Colombia asciende a 51% y en Brasil a 70%) y del mundo (en España es de 99%, mientras que en Italia de 133%). En el 2020 ese ratio se acercará al 25% del PBI en nuestro país.

En este contexto, reducir la tasa del IGV del 18% a 15% a partir del 2019 no parece una buena idea. Según estimados de Apoyo Consultoría, ello implicaría incrementar el déficit y, por tanto, la deuda pública a 28% del PBI. El beneficio, por otro lado, sería mínimo: por cada sol que deja de recaudar el Estado, el PBI crece 20 centavos. Tampoco existe evidencia empírica que demuestre que esa reducción ampliaría la base tributaria. Si se trata de ser expansivos, el aumento de la inversión pública en un punto del PBI es una medida que generaría el mismo costo en déficit y endeudamiento, pero un beneficio mucho mayor: por cada sol que gasta el Estado, el PBI crece S/.1,20. Además, se tendría un impacto positivo sobre la competitividad del país. 

Es cierto que el Perú es un país con muy poca deuda y que cuenta con ahorros públicos equivalentes al 16% del PBI. No obstante, existe una regla fiscal aprobada por ley que limita el endeudamiento público al 30% del PBI. Y, aunque tenga aspectos debatibles, esta norma debe cumplirse hasta que se modifique. El sentido común dice que debe existir algún margen de maniobra entre ese bajo endeudamiento y el colchón de ahorros para un gasto mayor en, por ejemplo, infraestructura –que aumente la competitividad del país–. Pero también es cierto que la historia nos muestra que la imprudencia fiscal –reflejada entre otras cosas en mayores gastos corrientes– tarde o temprano pasa la factura. Cuánto puede usarse de esos ahorros, bajo qué mecanismos y, sobre todo, en qué, es un tema que habrá que debatir en los siguientes meses. El ex ministro Luis Carranza hace tres días.

Mientras tanto, el próximo gobierno tiene bastante por hacer en materia de crecimiento económico y en mejorar el desempeño del Estado. 

Primero, tiene que ponerse en agenda la competitividad. Rehuir el tema de la reforma laboral en campaña electoral es comprensible, pero hacerlo como gobierno no. 

Segundo, debe asegurarse que los proyectos de infraestructura ya concesionados y por concesionar se ejecuten, además de formular nuevos. Ello elevaría el crecimiento anual en 0,4 puntos en promedio entre el 2016 y el 2020, lo que en épocas de vacas flacas no es poco. 

Finalmente, en el Estado hay mucho por hacer en favor del ciudadano. Esto que requiere, más que mayores recursos, liderazgo y capacidad. Ejemplos sobran. El Reniec ofrece trámites expeditivos por Internet y en plataformas automáticas; la ONP ahora resuelve las solicitudes de jubilación en menos de un mes; y la ONPE ha dado la opción a los ciudadanos de Lima y Callao para que escojan su centro de votación. Tramitar un duplicado de DNI por Internet y votar cerca de nuestro domicilio no solo significa un ahorro de tiempo, sino también gozar de la gratificante idea de que alguien en el Estado piensa (¡por fin!) en la comodidad del ciudadano. 

Haría bien el próximo gobierno en averiguar qué pasó en estas instituciones para replicar esos factores de éxito en el resto de la administración pública dentro de la austeridad que enfrentaremos en el próximo quinquenio.

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