La CCL se pronunció sobre la cuestión de confianza que planteó el presidente Martín Vizcarra al Congreso. (Foto: GEC)
La CCL se pronunció sobre la cuestión de confianza que planteó el presidente Martín Vizcarra al Congreso. (Foto: GEC)
Óscar Urviola Hani

La constante pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, desde que se inició el período constitucional, nos lleva a analizar y reflexionar sobre los mecanismos contemplados en nuestra Constitución para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las funciones de cada uno de estos dos poderes del Estado, bajo el régimen de separación y el equilibrio de poderes, en el juego de pesos y contrapesos democráticos.

A raíz de esta confrontación se han puesto en entredicho las herramientas que la Constitución les otorga a estos dos poderes del Estado, como son la sobre políticas de Estado, y la censura, así como la interpelación de ministros. El uso de estas herramientas que garantizan el equilibrio de poderes y, consecuentemente, la gobernabilidad del país exige, al mismo tiempo, una suerte de autolimitación, que asegure su utilización en los casos estrictamente necesarios, por tratarse de medidas extremas, que generan crisis que es preferible evitar utilizando el diálogo y el debate, como herramientas primarias y consustanciales a las características de todo sistema democrático moderno.

A esta confrontación se ha agregado, como nueva manzana de la discordia, el tema de , cuya aplicación defectuosa e inoportuna ha permitido que con frecuencia se evada a la justicia, convirtiéndola en mecanismo de impunidad y motivo de fundada indignación de la población, cuando su correcta aplicación está diseñada para garantizar el fuero parlamentario, libre de cualquier forma de interferencia política disfrazada de figuras penales inexistentes.

En este contexto es importante revisar la cuestión de confianza que ha sido anunciada hace dos días por el presidente –y formalizada ayer ante el por –, vinculada a la política de Estado para consolidar el sistema democrático y fortalecer la lucha contra la corrupción, que se traduce en iniciativas legislativas, tanto de reforma constitucional como legal.

La cuestión de confianza, por ser una institución relativamente nueva, no solo ha generado debates a favor y en contra, sino que se ha llegado al extremo de dudar sobre su legalidad, así como la atribución de las características de un golpe de Estado y la especulación de las consecuencias de su eventual aprobación o desaprobación.

Para dar respuesta a las interrogantes que genera la presentación de una cuestión de confianza en nuestro país, empezaremos por señalar que su aplicación es reciente y se consagra en la Constitución de 1979 para reforzar el sistema presidencialista, que antes estuvo expuesto al predominio de los parlamentos controlados por una mayoría opositora que no dejaba gobernar.

La Constitución de 1993 la recoge y, al amparo del artículo 133, el Ejecutivo la ha formalizado ahora, ejerciendo una facultad constitucional. Por lo tanto, no se le puede atribuir las características de un golpe de Estado y menos de un ejercicio abusivo del poder. Es importante señalar que el TC, en la sentencia 0006-2018PI/TC, la ha reconocido como una facultad y prerrogativa exclusiva del Ejecutivo que garantiza el equilibrio y la división de poderes, y ha considerado que las políticas de Estado comprenden las iniciativas legislativas que tiendan a concretarla.

Las consecuencias de su aprobación o de su desaprobación han sido motivo de especulación. Sobre la primera no debemos hacer mayor comentario, ya que la aprobación permitirá conducir los temas propuestos por los canales normales, comprometiendo al Congreso a honrar la confianza otorgada.

La segunda alternativa generará no solo una crisis ministerial, sino que puede –no necesariamente, por ser facultativo del presidente– dar lugar a la disolución del Congreso y a la convocatoria a un Congreso transitorio para completar el período constitucional que finaliza en el 2021.

Esta consecuencia sería el resultado de la aplicación del artículo 134 de la Constitución por haber sido el mismo Congreso el que la ha negado, , al gobierno elegido para el período constitucional que culmina en el 2021.

Este último escenario no es el más deseado, porque truncaría la aprobación de las reformas que son necesarias para encarar una nueva etapa en nuestra vida democrática.

Ojalá que la cordura y el diálogo nos permitan llegar al bicentenario con ánimos de consolidar la democracia.