Debate técnico: los planes económicos de Fuerza Popular y PPK
Debate técnico: los planes económicos de Fuerza Popular y PPK

El Comercio ha invitado a los representantes de los equipos técnicos de ambos partidos que participan de la segunda vuelta a presentar sus propuestas sobre temas de relevancia para el país. Confiamos en que las columnas sirvan para dar a conocer mejor sus puntos de vista, enriquecer el debate y contribuir a que nuestros lectores puedan tomar la decisión más informada posible el próximo 5 de junio.

La micro y pequeña empresa
Por Elmer Cuba
Vocero económico de Fuerza Popular

El partido Peruanos por el Kambio plantea como instrumento de formalización una reducción del IGV de 18% a 15%. Es decir, una reducción de 16,6%. Casi la mitad del IGV se cobra a las importaciones. La otra mitad se cobra internamente. Si las primeras no se mueven mucho, la base imponible del IGV interno tendría que aumentar en cerca de 30% solo para recaudar lo mismo que antes de la reducción. Nos parece débil ese incentivo para la formalización y muy segura la pérdida fiscal generada por el menor pago de las grandes compañías generadoras de valor agregado.

El de las mypes es un mundo complejo y heterogéneo. En todos los sectores y actividades económicas se tienen diversos grados de informalidad. Esta existe desde los sectores más formales –como los servicios financieros– hasta los más informales –como el comercio ambulatorio–.

Según diversos estudios, la mitad de las mypes son formales y las otras no. Formalidad en el sentido de operar legalmente, observando las normas vigentes. Por el lado laboral, la informalidad es mayor, llega al 70%. Ello porque existen empleados informales dentro de empresas formales.

Según el Censo Económico 2008, el 95% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La legislación indica que las mipymes son, en general, aquellas que venden hasta un máximo de 2.300 UIT. Sin embargo, a pesar de su gran número, estas contribuyen con apenas 20% del valor agregado total no agrícola y con 8% de la recaudación del Impuesto a la Renta (IR). Sin embargo, emplean a más de 90% de la PEA privada no agrícola. Es decir, el problema central es su baja productividad. 

Actualmente existen normas sectoriales especiales para este tipo de empresas. La legislación tributaria también ha intentado adaptarse a ellas con el Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) y el nuevo Régimen Único Simplificado (RUS). La legislación laboral también reconoce su existencia, con regímenes especiales en términos de vacaciones e indemnizaciones.

La legislación tributaria y laboral les otorga beneficios a las mipymes. Sobre todo a las microempresas (ventas de hasta 150 UIT). Estas tienen una mayor flexibilidad laboral y el Estado subsidia parte de la seguridad social y las pensiones. En la parte tributaria se han creado esquemas de pago único, reduciendo al mínimo los trámites. Sin embargo, a pesar de esto, los resultados en formalización, entendido como aquel negocio que cuenta con RUC, son insatisfactorios. 

Debemos saber cuántas son (censo de mipymes) y cuáles son sus características, tanto de las formales como de las informales. Un mejor conocimiento permite diseñar y ejecutar políticas efectivas para elevar su productividad, como paso previo a formalizarlas.

Por el lado público, la Sunat, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción son los que más conocen a este sector. Del lado privado, los bancos y cajas de crédito.

El Estado también tiene programas de desarrollo productivo vinculados a este sector, por el lado de gestión empresarial, calidad, apoyo crediticio, etc. 

Existen mypes en todos los sectores económicos. Acompañar a las mypes formales en su salto de productividad y mejorar la actual normativa vigente para ellas es una tarea crucial del próximo gobierno.

Pero ¿y el resto? ¿Qué hacer con los cientos de miles de unidades productivas informales en los sectores de minería, pesca, industrias, construcción, comercio y servicios? Se estima que en el país operan cerca de 3 millones de microempresas y pequeñas empresas y, dentro de ellas, la mitad serían informales.

Agencia de desarrollo productivo para las mypes. Actualmente existen múltiples programas manejados por diversos ministerios. La idea es hacer algo similar a lo que se hizo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Reunir programas de alivio y superación de la pobreza en una sola institución. Muchos ministerios tienen estos programas, pero la mayoría opera de un modo inconexo.

Esta agencia daría apoyo técnico tanto a mypes formales como informales. Su tratamiento sería distinto, pero el objetivo el mismo: una mayor productividad. 

El problema es complejo. Si se tratara solamente de relajar la normatividad sectorial y laboral, ello haría aumentar la formalidad per se, pero no provocaría un cambio de las realidades productivas de estas unidades. Se hace la vida más fácil a las mypes formales, pero no cambia en lo sustancial la mype informal.

El único camino –más largo– está en elevar los niveles de productividad de las actuales mypes informales y que, a consecuencia de ello, puedan cumplir con la formalidad, que obviamente no es el objetivo final, sino un velo. 

En resumen, la informalidad empresarial no mejorará por bajar unos puntos al IGV o cobrar 10% de renta (hoy se cobra 1,5% de las ventas netas). Tampoco con mejorar solo los actuales servicios empresariales para las mypes formales. Las mypes informales requieren políticas públicas de desarrollo productivo dirigidas a ellas.

Formalidad, crecimiento y equidad
Por Alfredo Thorne
Jefe de Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio

Nuestra economía se distingue de muchas otras de igual nivel de PBI per cápita por su alta informalidad, tanto laboral como económica. De lograr converger al promedio de estas economías, nuestra tasa de crecimiento potencial anual, es decir, aquella que usa plenamente su capacidad productiva, aumentaría en al menos 2 puntos porcentuales a 5,5%. Según el INEI y a manera de ilustración, la productividad laboral en una microempresa es 2,2 veces menos que la de una gran empresa. De ello se deriva que si pudiéramos transferir, casi mágicamente, trabajadores de la micro a la gran empresa, la productividad laboral se duplicaría. 

Pero más sorprendente resulta que cerca del 75% de la PEA que labora en la informalidad recibe un ingreso 2,7 veces inferior al de una formal, y no tiene acceso a la gran cantidad de beneficios sociales dirigidos a los trabajadores en general. 

No es necesario mucha ciencia para convencerse de que la formalización debería ser nuestra prioridad de política económica, así pensamos en Peruanos por el Kambio (PPK) y es justamente ese el eje principal de nuestra propuesta. Sin embargo, la definición de política no resulta sencilla. Por una parte está la complejidad del mundo informal (existe el urbano, el minero y el agricultor) y los motivos que la inducen (culturales, étnicos, económicos y políticos).

No somos los únicos que hemos logrado poco progreso en la formalización, otros países como India y Pakistán tampoco han tenido éxito. Pero es en la persistencia donde vamos a encontrar nuestro éxito; y en la complacencia, nuestro fracaso. 

Nuestra propuesta parece muy sencilla, pero en realidad es muy potente: fijar una meta de formalización laboral y de generación de PBI, orientando todas las políticas públicas a su cumplimiento y de la misma manera que lo hicimos con la meta de inflación, y después con la reducción de pobreza. El objetivo es alinear todas las políticas al cumplimiento de la meta propuesta. En PPK nos hemos propuesto llegar al 50% de formalidad laboral al final del período presidencial en el 2021. 

Este compromiso nos obliga, como gobierno, a monitorear cuidadosamente su cumplimiento y exigir a todo el Gabinete a alinear sus políticas hacia este fin. Esto significa que no será solo una medida de política que logrará el objetivo, sino el conjunto de esfuerzos. Lógicamente se seguirá una estrategia que será definida por el zar de la formalidad que deberá estar adscrito a nuestro presidente. 

No podemos ignorar que los agentes económicos responden a incentivos. Estudios internacionales, como los realizados por Santiago Levy y muchos otros, nos indican que una parte de la falta de formalización se debe a los altos costos de entrada, a los pocos beneficios públicos y a los sesgos de la política económica, y aquí el Estado cumple una gran rol. La complejidad tributaria, las altas tasas impositivas y la mala calidad de los servicios públicos resultan un gran impedimento para la formalización. 

¿No es acaso evidente que un empresario informal que vende a una gran empresa termina pagando un 18% de impuesto sobre sus ventas, pues no puede descontar el crédito tributario del 18% sobre sus compras como lo supone el IGV? También, ¿no es obvio que un trabajador va a querer evadir su contribución a Essalud cuando tiene que esperar, en muchos casos, 30 días para que su médico le dé una cita o simplemente no recibe servicio médico? Finalmente, ¿por qué querrá formalizarse una familia que tiene que pagarle colegio privado a sus hijos, o procurarse su propia seguridad dado que los servicios públicos resultan ineficientes?

Gran parte del debate se ha centrado en el tema tributario, pero nuestra propuesta es más compleja y propone menores costos, mejores servicios públicos y afinar la política económica: un Estado que le dé la cara al pueblo. 

En lo tributario tenemos dos propuestas: el 10x10 y la reducción de la tasa del IGV. Proponemos un programa de formalización tributaria de 10 años a las empresas que facturen 2.300 UIT o menos, permitiéndoles que paguen 10% de impuesto a las utilidades, o si se les hace muy difícil llenar el formulario, solo el 2,5% de sus ventas brutas, y borrón y cuenta nueva a sus deudas tributarias, siempre y cuando se comprometan a formalizarse. Por otro lado, proponemos bajar gradualmente la tasa del IGV en un punto porcentual por año hasta llevarla al 15% en el 2019.

Algunos economistas han criticado las consecuencias fiscales de nuestra propuesta –el efecto sobre la recaudación–. Nosotros lo vemos de otra forma: es una propuesta de crecimiento con equidad, de ampliación de la base tributaria y de mayor eficiencia del Estado. Según nuestros cálculos, aumentaremos la recaudación tributaria en al menos 2 puntos del PBI en el 2019. Pero para despejar las dudas fiscalistas, en nuestro plan de gobierno nos hemos comprometido a que en ningún momento hasta el 2019 el déficit fiscal superará el 3% del PBI, y bajará 1% por año hasta llegar al 1% en el 2021, como manda la Ley de Transparencia Fiscal.