"¿Estamos preparados para proporcionar servicios básicos y de calidad, así como nuevas oportunidades a las víctimas de explotación?" (Ilustración: Giovanni Tazza)
"¿Estamos preparados para proporcionar servicios básicos y de calidad, así como nuevas oportunidades a las víctimas de explotación?" (Ilustración: Giovanni Tazza)
Andrea Querol Lipcovich

Presidenta del consejo directivo de CHS Alternativo

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En el 2017 escuchamos al profesor hablar de la deuda social con el magisterio. En campaña escuchamos al candidato Castillo afirmar “no más pobres en un país rico”. También sabrá que no se pueden permitir más personas explotadas en un país digno. Hoy, como presidente de la República, le toca generar un país más justo y respetuoso de los para toda la ciudadanía.

El Ministerio Público recibió 7.042 denuncias de trata de personas entre el 2015 y mediados del 2020. Entendiendo que la finalidad de la trata de personas es la de un ser humano por otro, intuyo que estas denuncias son apenas una pequeña muestra de lo que ocurre en la realidad. Sin embargo, ¿estamos preparados para proporcionar servicios básicos y de calidad, así como nuevas oportunidades a las víctimas de explotación? ¿Estamos como sociedad previniendo desde la escuela situaciones de discriminación y abuso? ¿Hacemos lo necesario para controlar los entornos de riesgo para las niñas y mujeres, nuestras principales víctimas de trata de personas y explotación sexual? ¿Reconocemos la salud mental como una prioridad en la política pública para prevenir la violencia? ¿Hay presupuesto suficiente para prevenir, perseguir el delito, atender y reintegrar a las víctimas, denuncien o no?

Para estas y muchas otras preguntas la respuesta corta es no. Hay una larga deuda social del Estado peruano en la lucha contra la trata de personas y cualquier otra forma de explotación humana. Desmenuzarla es enfrentar la impronta histórica de un país en el bicentenario de su independencia, con un pasivo extenso para ser genuinamente inclusivo y para que todos sus ciudadanos puedan ser y sentirse libres.

Contamos con un extenso marco normativo en torno a la trata de personas y otras formas de abuso y explotación. Ahora el gobierno tiene la responsabilidad de cerrar la brecha entre las normas y la realidad. Debe concretarse el acceso a la justicia y la inclusión social para las víctimas y sus familiares. Es necesario y urgente un plan que trascienda la política nacional y que determine las responsabilidades, los plazos y las rutas locales y regionales para cerrar la brecha entre lo real y lo ideal en este Estado fallido.

La pandemia ha agudizado determinantes sociales y económicos como la violencia, la pobreza y el desempleo, que inciden en la vulnerabilidad de la población ante la trata de personas. La pandemia también ha visibilizado y potenciado los riesgos para los más desprotegidos, incrementando las desapariciones, los embarazos de niñas y adolescentes producto de violaciones, y la violencia de género. Más del 74% de los que han sido víctimas de explotación y abusos son menores de 18 años y la gran mayoría son mujeres.

En esta enorme tarea, el Estado debe convocar y darle un activo lugar a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado. La Constitución del 93 es clara en defender los derechos fundamentales de la persona. Estos no pueden someterse a referéndum. No se requieren más normas, se requiere compromiso, solidaridad, honestidad, acción, presupuesto y trabajo. Los ciudadanos esperamos que el presidente Castillo nos dé su palabra.