Los aranceles de Trump

El pasado 20 de enero Donald Trump inició su segundo mandato presidencial en los Estados Unidos de América (EE.UU.), en el marco de una campaña presidencial que, por decir lo menos, polarizó al pueblo norteamericano. Uno de los anuncios de dicho mandatario fue su intención de imponer un arancel del 25% sobre todas las mercancías mexicanas y canadienses que intenten ingresar a Estados Unidos. Precisó que el objetivo de dicha medida es obligar a México y Canadá a responsabilizarse por la “invasión de inmigrantes y drogas” a través de sus “ridículas fronteras abiertas”.

¿Cómo afectaría esta medida al pueblo estadounidense? Vayamos por partes: en primer lugar, los EE.UU., México y Canadá forman parte de un acuerdo comercial llamado el T-MEC, el cual es un tratado de libre comercio, firmado por Trump en el 2018, durante su primer mandato, y en vigor desde julio del 2020. Cabe destacar que este acuerdo reconoce la concesión de ventajas derivadas del comercio entre estos tres países, incluyendo la eliminación de aranceles para ciertos productos. En otras palabras, EE.UU., México y Canadá están sujetos a determinadas obligaciones y derechos a través de la firma de este acuerdo internacional.

Ahora bien, el incremento de aranceles por parte de los EE.UU., de manera unilateral, podría, potencialmente, generar la imposición de medidas de retaliación por parte de los otros dos países; es decir, México y Canadá podrían a su vez incrementar sus aranceles respecto de productos procedentes u originarios de los EE.UU. Evidentemente, una de las consecuencias de dicha política sería el encarecimiento de ciertos productos, en detrimento de los consumidores norteamericanos y, en general de la economía estadounidense. Es más, sobre este último punto “investigadores del Instituto Peterson de Economía Internacional de Washington estiman que un arancel del 25% sobre todas las exportaciones de México y Canadá reduciría el producto interno bruto de Estados Unidos en unos US$200 mil millones durante la segunda administración de Trump”.

¿Es esta la medida más económicamente eficiente para poder frenar la “invasión de inmigrantes y drogas”? Consideramos que no, ya que el aumento de aranceles a fin de cuentas afecta a productores y a consumidores, es decir al mismo ciudadano norteamericano. ¿Existen otras medidas para abordar este impase? Consideramos que sí: fortalecer (o, de ser el caso implementar) unidades investigadoras contra el crimen transnacional relacionado con el tráfico ilícito de drogas; intercambio de información entre sistemas de justicia penal para identificar y expulsar a criminales extranjeros; mayor reforzamiento de controles migratorios en frontera, etc.

Dicho esto, es importante señalar: ¿cómo se materializaría esta medida? Formulamos esta pregunta ya que el T-MEC fue aprobado siguiendo un proceso que implicó la aprobación de la Cámara de Representantes, Senado y, finalmente, el presidente, lo cual haría presumir que alguna modificación tendría que atravesar por un procedimiento similar. ¿Sería este el caso para poder implementar la medida anunciada por el presidente Trump?

Brevemente, dentro de los EE.UU., el poder ejecutivo tiene la autoridad para imponer aranceles a través de dos procedimientos distintos. En primer lugar, una serie de leyes promulgadas entre los años 1930 y 1970 facultan al poder ejecutivo a imponer aranceles con el fin de proteger a los trabajadores y consumidores estadounidenses de prácticas comerciales desleales (de hecho, esta atribución permitió al presidente Trump a imponer aranceles a productos como paneles solares y lavadoras durante su primera administración). Como otra opción, Trump necesitaría invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Según esta norma, el Congreso puede otorgar poderes al ejecutivo para abordar situaciones de “amenaza inusual y extraordinaria”, a la seguridad nacional, política exterior o a la economía de dicho país, incluyendo el aumento de aranceles. Es decir, el presidente Trump tiene los medios para poder materializar esta medida.

Queda por ver cuál será el desenlace de esta historia. Por lo pronto, Trump ha solicitado formalmente a las agencias federales competentes la revisión de la política exterior norteamericana, lo cual precisamente podría “justificar” –dependiendo de las conclusiones de esta revisión– la imposición de aranceles como los prometidos. Esperamos que ello no sea así, por el bien de la economía estadounidense y por el respeto que todo país debe tener a los principios que rigen el comercio internacional.