Reducir la economía circular al reciclaje es un error. Comprender su potencial exige mirar el marco de las 9R: rechazar, repensar, reducir, reutilizar, reparar, reacondicionar, remanufacturar, resignificar y, al final, reciclar. Esta jerarquía enseña que el mayor valor ambiental y económico se genera al intervenir cuanto antes en la cadena de producción y consumo. El objetivo no es gestionar mejor la basura, sino evitar que exista.
El Perú ha empezado este camino. Desde el Decreto Legislativo 1278 del 2016, la economía circular es principio rector de la gestión de residuos. La Hoja de Ruta Nacional al 2030, formalizada en febrero del 2025, traza un horizonte estratégico complementado con hojas sectoriales en agricultura, turismo y manufactura. Pero entre norma y práctica persiste una brecha enorme.
Generamos cerca de 23.000 toneladas de residuos sólidos municipales al día. Apenas entre el 1% y el 2% se recicla formalmente, pese a que el 78,4% podría valorizarse, según el Minam. Operan más de 100.000 recicladores de base y solo el 3% está formalizado: sostienen la escasa circularidad en extrema vulnerabilidad.
Las 9R no son teoría abstracta. Sinba convierte residuos orgánicos en alimento animal; Banánica transforma plásticos del banano en ladrillos; Plastic Corporation produce madera sintética; y Fussion rediseña bolsas descartadas. Ya son 26 las empresas con el sello “Economía Circular – Empresa”.
Para escalar el modelo hay tres retos. El primero es cultural y educativo: asociamos la sostenibilidad solo con el reciclaje, ignorando que las acciones más potentes son las preventivas, como rechazar lo superfluo, repensar modelos de negocio y resignificar materiales. Incorporar este enfoque en la educación e innovación empresarial es impostergable.
El segundo es la formalización integral de la cadena de valor. Sin un sistema que integre dignamente a los recicladores, incentive la segregación en la fuente y articule a municipios, empresas e industria, la circularidad seguirá siendo un privilegio aislado.
El tercero es normativo y financiero. Hace falta fortalecer la fiscalización ambiental, impulsar compras públicas sostenibles, diseñar incentivos tributarios ágiles y abrir financiamiento verde para pymes sostenibles.
La formalización es el reto más crítico. Sin ella no hay datos confiables; sin información no hay política pública eficaz; y sin políticas sostenidas, los esfuerzos pierden escala. Un paso determinante sería establecer, antes del 2027, un registro nacional obligatorio de los recicladores vinculado a incentivos municipales por tonelada valorizada.
La economía circular no es un lujo de los países ricos; para el Perú es una urgencia estratégica. Las 9R ofrecen una brújula: primero cuestionar, luego prolongar la vida útil y solo al final reciclar. Nos toca acelerar el paso y garantizar que esta transición no deje a nadie atrás, empezando por quienes hoy la sostienen. Una economía circular sin inclusión no es circular.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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