En los últimos meses de su mandato, el Congreso está eliminando uno a uno a sus últimos adversarios en el sistema de justicia. El jueves pasado inhabilitaron a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza con 69 votos a favor tras denunciar a 11 congresistas por la Ley 31473, sobre la “doble remuneración” para militares en retiro. En abril de este año, asimismo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ratificó al juez Oswaldo Ordoñez tras haber denunciado irregularidades del Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2024. La presidenta de esta institución fue congresista de Podemos Perú.
Si bien esto no es novedoso (en 1997, el Congreso dominado por Cambio 90-Nueva Mayoría de Alberto Fujimori destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional por oponerse a su tercera reelección), el Congreso 2021-2026 ha empleado esta herramienta de forma sistemática y cada vez más en escalada para garantizarse impunidad y menos vetos a su agenda.
La estrategia ha sido doble. Por un lado, el Congreso ha cooptado instituciones claves del sistema de justicia mediante nombramientos politizados de figuras cuestionadas por su cercanía con el Parlamento. Fue el caso del Tribunal Constitucional en el 2022 con el nombramiento de seis magistrados mediante un proceso cuestionado por falta de transparencia. Desde entonces, el TC ha archivado investigaciones o favorecido a políticos como Keiko Fujimori, Dina Boluarte y Daniel Urresti. En el 2025, asimismo, la destitución de Delia Espinoza, forzada por el Congreso, abrió el camino para que Tomás Gálvez, vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto, asumiera la Fiscalía de la Nación.
Por otro lado, el Congreso ha destituido a figuras del sistema de justicia que investigaban a sus integrantes: en el 2024, el Parlamento intentó por cuarta vez destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que investigaba a varios miembros del Parlamento por los casos Los Niños y Valkiria. Terminaría destituyendo e inhabilitando por diez años a su entonces vicepresidente, Aldo Vásquez, y a Inés Tello, dado que no les alcanzó los votos para destituir a los cinco restantes4. Si a estas destituciones les sumamos la inhabilitación de la exfiscal Espinoza y la no ratificación del exjuez Ordóñez, el patrón queda claro.
Asediar e infiltrar el sistema de justicia no es solo cuestión de retribución para estos congresistas. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, en julio del 2025 más de la mitad de los miembros del Congreso estaban investigados por corrupción u otros delitos5. Infiltrar el sistema de justicia y desactivarlo desde adentro, y despedir a los jueces que no se subordinan es, entonces, un intento del Parlamento de alcanzar a la justicia antes de que la justicia los alcance a ellos una vez vencida su inmunidad parlamentaria en julio de este año.
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