El costo de la falta de resiliencia

El Perú no empieza a perder cuando llega el desastre. Empieza a perder mucho antes, cuando una obra pública se piensa solo para ser inaugurada y no para seguir funcionando cuando más se la necesita. El desastre no crea esa vulnerabilidad; solo la revela.

Los fenómenos naturales seguirán ocurriendo, con mayor frecuencia e intensidad. La magnitud del daño dependerá menos de la naturaleza que de la calidad de la infraestructura que construimos para enfrentarla. El eventual regreso de El Niño, que se prolongaría hasta el próximo verano, debería ser la ocasión para plantear esa pregunta con seriedad, no la excusa para volver a postergarla.

El problema no está únicamente en cuánto invertimos; también está en cómo invertimos. América Latina destina, en promedio, menos del 2% de su Producto Bruto Interno (PBI) a infraestructura pública, cuando debería invertir casi el doble para cerrar sus brechas. Pero incluso esa inversión limitada suele destinarse a reconstruir lo que ya falló, en lugar de prevenir que vuelva a hacerlo.

Incorporar criterios de resiliencia desde la formulación o el diseño no significa encarecer irrazonablemente los proyectos. Elevar los estándares de diseño y anticipar escenarios climáticos extremos puede representar entre el 1% y el 6% adicional sobre la inversión inicial, dependiendo del sector. A cambio, esa inversión puede generar retornos de entre cuatro y siete veces su costo, al evitar reconstrucciones futuras, reducir interrupciones de servicios esenciales y proteger mejor a la población.

El Perú cuenta con herramientas para empezar a cambiar esa lógica. Las asociaciones público-privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI) ya permiten movilizar inversión privada para desarrollar infraestructura pública. El desafío está en aprovechar mejor esos mecanismos e incorporar la resiliencia desde la estructuración misma de los proyectos, en lugar de tratarla como un requisito accesorio o una mejora opcional.

La experiencia latinoamericana demuestra que disponer de un marco legal para desarrollar APP no garantiza, por sí solo, infraestructura más resiliente. Cuando los proyectos se diseñan sin incorporar adecuadamente los riesgos climáticos, ambientales y operativos que enfrentarán durante su vida útil, terminan reproduciendo las mismas vulnerabilidades que luego obligan al Estado a destinar nuevos recursos para reparar, reconstruir o restablecer infraestructura y servicios esenciales.

Por eso, la resiliencia no debería discutirse cuando la obra ya está en ejecución. Debe incorporarse desde la etapa o fase en la que se definen los estudios, los términos de referencia y la asignación de riesgos del contrato.

Si el contrato no precisa quién asume el costo adicional de construir con estándares más exigentes, y cómo se le retribuye a lo largo del tiempo, ese costo termina cayendo sobre quien menos puede pagarlo: el usuario, cuando el servicio se interrumpe, o el Estado, cuando debe reconstruir. Es allí donde realmente se decide si una carretera, un sistema de agua o una infraestructura energética podrá seguir prestando servicios frente a un evento extremo o volverá a fallar cuando más se la necesite.

Lo mismo ocurre con los proyectos que se ejecutan bajo OxI. El mecanismo facilita el desarrollo de infraestructura pública, pero solo generará proyectos verdaderamente resilientes si ese criterio forma parte de su planificación y diseño desde el inicio.

Cambiar esa lógica no exige una reforma legal extraordinaria. Exige incorporar la resiliencia como un criterio obligatorio en la planificación, estructuración y contratación de los proyectos de infraestructura. Un expediente técnico que no considera el riesgo climático difícilmente puede considerarse completo.

El debate que el Perú necesita ya no es cuánto cuesta construir para resistir. Es cuánto le sigue costando al país no hacerlo. Los fenómenos naturales no siempre pueden evitarse. Las consecuencias de una mala planificación, sí.