Pobladores de pampa ocopilla denuncian no tener agua hace más de 6 meses. Fotos\Caleb Mendoza.
Pobladores de pampa ocopilla denuncian no tener agua hace más de 6 meses. Fotos\Caleb Mendoza.
Solangel Fernández Huanqui

Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

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Cada 22 de marzo, el nos interpela como comunidad global sobre una realidad atroz: 2.200 millones de personas, de las 7.600 millones que habitamos nuestro planeta, no acceden al agua potable.

Aunque el Perú se encuentra entre las diez naciones con mayor disponibilidad de agua en el mundo, tres millones de compatriotas no tienen agua potable en sus hogares. Pero además, esta crisis se acentúa cuando analizamos la calidad de nuestras fuentes de agua. Según la Autoridad Nacional del Agua, de una muestra de 115 unidades hidrográficas se encontró que el 74,4% no supera los Estándares de Calidad Ambiental. A este panorama debemos sumar los 7 millones de peruanos que no acceden a una red de desagüe.

Cerrar la brecha actual nos costaría cerca de 50.000 millones de soles. Para tener una idea de lo que esto implica, pensemos que en el presupuesto público del 2021 se asignaron, a la función vivienda y desarrollo urbano, 2.325 millones de soles. Es decir, este reto costaría invertir, durante 21 años y medio seguidos, lo asignado presupuestalmente a esta función.

Pero la tarea es aún más difícil si analizamos el crecimiento urbano. Según GRADE, desde el 2001, más del 90% de las nuevas áreas urbanas se han generado de manera informal, sin planificación y sin prever el acceso al servicio de agua potable y saneamiento. A ello sumemos que el modelo de gestión de la prestación de estos servicios se basa en un esquema de múltiples empresas que, solo en el ámbito urbano, alcanza el medio centenar.

¿Pero, qué estamos haciendo como ministerio? Vivimos una emergencia sanitaria global y sin precedentes. Lavarse las manos es esencial para contener el . Para ello, asignamos 300 millones de soles para repartir agua potable gratis a las familias más vulnerables. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, solo en Lima y Callao, entregamos el equivalente a 500.000 camiones cisternas de agua potable.

Como este gobierno solo abarca 8 meses y medio de gestión, concentramos parte de nuestra labor en asegurar la continuidad de ejecución de las obras programadas para el 2021, cuya inversión es de 1.080 millones de soles. Otra tarea importante es el destrabe de los proyectos que por diversas causas no han avanzado. Ya lo hemos hecho con 400 de ellos. Además, fortalecemos su impacto trabajando junto a los gobiernos locales para darles un enfoque integral.

Pensando más allá del 28 de julio, el nuevo Plan Nacional de Saneamiento 2021-2025 permitirá cuantificar y ordenar en el tiempo las inversiones, además de alinearlas con los planes regionales de saneamiento. La inversión sin planificación es poco eficaz e ineficiente.

La integración de las empresas prestadoras de servicio es una tarea permanente, pendiente y que supera la lógica de un gobierno con un mandato corto. A pesar de ello, ya encaminamos 53 procesos de integración que involucran a 58 localidades y benefician a 575.875 personas. Este es uno de los mayores retos para la siguiente administración, que requiere de voluntad política y de los incentivos necesarios.

El desafío es enorme e impostergable, requiere una labor integral y sostenida en lo que resta de esta década. Quienes nos sucedan deberán articular capacidad de gestión y búsqueda de consensos para garantizarnos una inversión pública y privada eficaz y eficiente junto a un enfoque de gestión, de nuestros recursos hídricos, que garantice su acceso a todos los peruanos. Este es uno de los desafíos para el bicentenario, nos urge que prime un desarrollo urbano y rural planificado y en equilibrio con el ambiente y sus ecosistemas.