El Perú atraviesa una tormenta política que amenaza con reducir su democracia a un cascarón vacío. Lejos de ser el bastión de la representación ciudadana, el Congreso parece haberse convertido en una trituradora de institucionalidad, pues varias de sus decisiones estarían siendo alimentadas por intereses mercantilistas, mafias y economías ilegales.
Entre sus decisiones más controversiales destaca una ley que establece que los partidos políticos no pueden ser considerados organizaciones criminales, incluso frente a graves casos de corrupción institucionalizada. Bajo el pretexto de “desjudicializar la política”, esta norma limita herramientas claves para perseguir la corrupción en las cúpulas partidarias. Otra decisión cuestionable es la ampliación de los plazos de formalización del Reinfo. En la práctica, este mecanismo permite que actores vinculados a la minería ilegal eviten la incautación de equipos y materiales. Así, se fortalece a mafias que destruyen ecosistemas y condenan a comunidades rurales a la violencia.
También se aprobó una ley que restringe la colaboración eficaz, debilitando un mecanismo crucial para combatir el crimen organizado y la corrupción. Este cambio envía un mensaje preocupante: los mecanismos para enfrentar la delincuencia se están erosionando peligrosamente. El sector educativo tampoco ha escapado del impacto regresivo. La contrarreforma universitaria debilitó la supervisión estatal, entregando el control de las universidades a grupos políticos y comprometiendo la calidad educativa. A esto se suma la reincorporación de docentes interinos cesados por no cumplir con los requisitos de evaluación establecidos por la ley de Reforma Magisterial. Estas medidas afectan gravemente la educación, perjudicando a la niñez peruana, que merece recibir una enseñanza de calidad.
Por si fuera poco, el Congreso eliminó el sistema de elecciones primarias abiertas, cerrando el paso a liderazgos emergentes y perpetuando un sistema político que refuerza la mediocridad y aleja aún más a los ciudadanos de sus representantes. La corrupción ya ni siquiera es una sombra en el Congreso que amenaza desde los márgenes; parecería ser el motor que impulsa muchas de sus decisiones. Informes recientes revelan que al menos un tercio de los congresistas enfrenta investigaciones por corrupción, narcotráfico o vínculos con economías ilegales. Varias leyes, lejos de responder al interés público, parecen hacerlo al de mafias que se han infiltrado en las instituciones.
Ante esta realidad, la indignación no basta. Es imprescindible llevar a cabo una verdadera reforma del sistema político que garantice transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía debe organizarse para ejercer presión mediante vigilancia activa y mecanismos que mantengan a raya los excesos del poder.
Los empresarios también tienen un rol crucial. No pueden seguir siendo espectadores. Su posición como ciudadanos influyentes es clave para exigir instituciones sólidas y respaldar iniciativas democráticas. Deben asumir un rol activo y visible. El Poder Judicial, como última línea de defensa ante la captura del Estado, debe ser fortalecido. La ciudadanía puede contribuir exigiendo reformas que promuevan la meritocracia y la imparcialidad en la selección de jueces y fiscales, asegurando su independencia y demandando que cuenten con las herramientas necesarias para perseguir la corrupción.
Finalmente, invertir en educación cívica y política es imprescindible. Ciudadanos informados y críticos son nuestra mejor defensa contra el autoritarismo. Las democracias no colapsan de golpe; se desangran lentamente, bajo el peso de la corrupción y la indiferencia. Cada ley regresiva y cada maniobra a favor de intereses oscuros nos empuja más cerca del abismo.
Pero el Perú aún puede resistir. La democracia no es un regalo; es una conquista. Si queremos evitar que el Congreso siga siendo el epicentro de la desdemocratización, debemos actuar para generar #ContenciónDemocrática, que no es solo un ideal y mucho menos un ‘hashtag’, sino una tarea urgente que empieza con cada uno de nosotros.