"La encendida retórica, exhibición de estudios y presentaciones de expertos que recomendaban censurar a un ministro por tomar decisiones (sobre una obra, una contratación o un asesor) pocas veces (o nunca) terminaron con una hoja de ruta que permitiera activar la acción del Estado después de la investigación". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"La encendida retórica, exhibición de estudios y presentaciones de expertos que recomendaban censurar a un ministro por tomar decisiones (sobre una obra, una contratación o un asesor) pocas veces (o nunca) terminaron con una hoja de ruta que permitiera activar la acción del Estado después de la investigación". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Mauricio Novoa

Los futuros historiadores de este período de nuestra república hallarán, acaso con sorpresa, una esfera pública interesada en descubrir cosas como los méritos del porcelanato en las obras públicas o el gasto de los viáticos de los funcionarios. Se encontrarán con miles de horas al aire de programas mostrando, en primer plano, contratos resaltados en amarillo por manos que surgen de las penumbras y voces en ‘off’ dando cuenta de macabros arreglos ocultos, manejos impropios y coincidencias inculpatorias. Si en el ‘western’ “Territorio Comanche” (1950) el frágil tratado de paz que regía la vida entre indios y colonos termina siendo arrasado por un puñado de oportunistas codiciosos, en la política peruana de los últimos 20 años otra forma de oportunismo utilizó el ejercicio de la función pública (léase decidir) como materia prima para descabezar a funcionarios públicos, paralizando de esa forma la de gobierno.  El paulatino viraje de la política hacia el terreno de la adquisición pública, de la ejecución presupuestal, es una de las más conspicuas manifestaciones de la esfera pública de los últimos veinte años.

Como mucho de lo discutido en estas elecciones tiene su origen, en realidad, en la antipolítica que floreció en los noventa. Ello no solo acabó con la noción de que el presupuesto se aprueba en la Plaza Bolívar, pero se ejecuta en la Plaza de Armas, sino también ensanchó hasta el absurdo la noción de “responsabilidad política” (de pronto el ministro de Defensa se convirtió en responsable por cualquier decisión tomada por un oficial subalterno) y encumbró la presunción de culpabilidad a niveles insospechados. Las balaceras propiciadas por este ‘western’ tuvieron un altísimo costo en bajas de funcionarios, ministros, incluso presidentes. Y si bien ningún país puede vivir en un permanente conflicto, posiblemente el mayor costo de este accionar fueron las sucesivas heridas que recibió el ejercicio de la gestión pública al punto de paralizarla por completo. Los pocos que desafiaron el territorio comanche hoy arrastran años, posiblemente décadas de procesos judiciales solo por hacer lo que un funcionario público debe hacer: decidir. La mayoría prefirió, por razones evidentes, mantenerse debajo de la mesa mientras silbaban las balas. Hacer cosas, ejecutar presupuestos, sacar adelante proyectos devino en una actividad de alto riesgo.

Estoy seguro que esta lógica tuvo mucho que ver con un fenómeno poco estudiado, pero crucial para comprender los últimos 20 o 30 años, que llamaré, por falta de un mejor término, la ilegalidad-legal. La obsesión por las formas, por las presunciones y por lo superfluo, permitió que personajes como Rodolfo Orellana crearan un ‘outlet’ mafioso cuya base no fue otra que la activación de los resortes del mundo legal: procesos judiciales, declaraciones notariales, medidas cautelares y partidas registrales, perfectamente válidos en la forma, pero que ocultaron injusticias de fondo, evidentes abusos de poder y corruptelas que se escondieron “dentro la ley, el orden y la justicia”, tal como explicaba el personaje de Alex Valle al mítico doctor Chantada.

Igualmente tributarios de esta lógica fueron los gobiernos regionales y municipales que, la mayor parte de las veces, privilegiaron el control político del aparato de gobierno sobre la ejecución presupuestal. Paradójicamente, la inacción frente a las demandas de sus regiones, desnudadas en esta campaña política, no fue sancionada. Sabedores de las inmensas brechas, de la pobreza y las desigualdades, la sistemática ejecución del 30% del presupuesto regional no hacía arquear la ceja de ningún ‘sheriff’ del territorio comanche.

La encendida retórica, exhibición de estudios y presentaciones de expertos que recomendaban censurar a un ministro por tomar decisiones (sobre una obra, una contratación o un asesor) pocas veces (o nunca) terminaron con una hoja de ruta que permitiera activar la acción del Estado después de la investigación. No existieron recomendaciones que pudieran elevarse a los futuros portadores de un fajín para hacer mejor las cosas la siguiente vez. Pareciera que establecer procedimientos que posibilitaran una mejor ejecución del gasto, buscar expertos en el extranjero, racionalizar el ámbito de la fiscalización no estuvo, como se dice en el argot burocrático, “en agenda”. Estoy seguro que, en algunos casos, la lógica del territorio comanche sirvió para sancionar a malos funcionarios. Pero a su sombra creció una forma de hacer política que debe desaparecer. Las crisis normalmente se resuelven con importantes dosis de imaginación política, pero también con ser conscientes que hay cosas que deben desaparecer para avanzar. Si la pandemia no nos enseña que una de ellas es el territorio comanche, nos esperan años de inútiles tiroteos, duelos estériles y líos de cantina. Lograr un consenso mínimo en salud y educación, por decir algo, sería un gran comienzo.