El tránsito y el transporte no pueden seguir fuera de la agenda del país

El martes 17 de marzo, durante el Foro de Candidatos a la Presidencia organizado por la Unión de Gremios junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, volvió a quedar en evidencia una omisión que el Perú ya no puede permitirse. Y es que seguimos hablando de crecimiento, empleo, salud y seguridad, pero todavía no colocamos al tránsito y al transporte terrestre en el lugar que les corresponde, como un asunto central del Estado. Eso es un error de fondo porque no hay desarrollo posible si las personas y la economía no pueden moverse de manera eficiente, segura y digna.

Desde la Asociación Automotriz del Perú llevamos este tema al centro del debate. En ese mismo foro trasladamos preguntas directas sobre caos vehicular, seguridad vial, brecha de infraestructura y reforma del sistema de transporte. Hubo respuestas y propuestas, sí, pero en términos generales quedó la sensación de que, salvo algunas menciones puntuales, el problema sigue siendo tratado con diagnósticos amplios, propuestas gaseosas y compromisos aún insuficientes para responder a la magnitud de la crisis. El país no necesita más frases correctas sobre movilidad; necesita una hoja de ruta clara, con plazos, responsables, financiamiento y decisión política. Esa es la diferencia entre reconocer un problema y querer resolverlo de verdad.

Seguir minimizando este tema ya no es solo una omisión; es una irresponsabilidad. El Banco Central de Reserva del Perú ha advertido que la congestión vehicular en Lima hace que una persona pierda en promedio S/3.800 al año por el tiempo desperdiciado en sus desplazamientos, y que, al sumar ese impacto sobre la población ocupada, la pérdida asciende a cerca de S/20.000 millones, alrededor del 2% del PBI. Pero sería un error seguir creyendo que esta es una crisis exclusiva de la capital. El TomTom Traffic Index 2025 confirma que el problema golpea también a otras ciudades del país. Tenemos a Lima que pierde 195 horas al año en hora punta; Arequipa, 154 horas; y Trujillo, 130 horas. Es decir, no estamos frente a una molestia urbana más, sino ante un problema nacional que drena productividad, deteriora la calidad de vida y le arrebata a millones de peruanos tiempo que deberían dedicar al trabajo, al estudio, al descanso o a sus familias.

Y si ampliamos la mirada a Lima y Callao, el golpe es todavía mayor. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional ha advertido que la congestión genera pérdidas anuales por S/27.691 millones, una cifra que por sí sola retrata la enorme factura económica del desorden vial. Pero reducir este problema al dinero sería quedarse solo en la superficie. También estamos hablando de salud y de vidas humanas. La EPA de Estados Unidos estimó que en Lima y el Callao la exposición a PM2.5 provoca más de 10.000 muertes al año, en una ciudad donde el transporte es una de las principales fuentes de contaminación. Y, además, está la tragedia diaria de la inseguridad vial. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el 2024 el Perú registró 3.002 muertes y 56.747 lesiones por siniestros de tránsito; es decir, más de ocho fallecidos y 155 heridos por día. Por eso, el transporte no puede seguir siendo tratado como un asunto secundario ni sectorial; es economía, sí, pero también salud pública, seguridad, bienestar y calidad de vida.

Por eso ya no basta con decir que se harán obras. El Perú necesita continuidad, ejecución y autoridad. No podemos seguir postergando proyectos estructurales ni conformándonos con soluciones fragmentadas. La propia ATU aprobó en diciembre del 2025 el Plan de Movilidad Urbana 2025-2045, que contempla cerca de 200 proyectos para 11 millones de habitantes y proyecta, al 2030, la operación de la Línea 2, el ramal de la Línea 4 y una red de más de 200 kilómetros de corredores preferenciales para buses. Es decir, el país ya tiene una base técnica sobre la mesa. Lo que falta no es diagnóstico; lo que falta es voluntad para ejecutar, articular y sostener una reforma seria.

El próximo gobierno tiene que asumir, de una vez por todas, que el tránsito y el transporte terrestre deben estar al nivel de la salud, la educación y la seguridad dentro de las prioridades nacionales. Porque no se trata solo de mover vehículos, sino de mover personas, oportunidades, estudio, producción, trabajo y desarrollo. Lo verdaderamente inaceptable no es que el problema exista; lo inaceptable es que la política siga administrándolo con indiferencia, como si pudiera esperar. El Perú no puede seguir retrocediendo ni resignándose a vivir atrapado en el caos. Lo que se requiere es una reforma integral, con infraestructura suficiente, gestión eficiente del tránsito, fiscalización real, renovación del parque vehicular y un sistema de transporte público moderno, seguro, eficiente y sostenible. Y lo necesitamos ahora.