Élite intelectual y censura de ideas, por Octavio Salazar
Élite intelectual y censura de ideas, por Octavio Salazar
Octavio Salazar

Es insensible la inacción cuando tenemos un panorama social, en el que la integridad personal es amenazada no solo por la inseguridad ciudadana sino también por la violencia familiar, pues un 71,5% de mujeres peruanas ha sufrido de violencia por su esposo o pareja, ya sea física, psicológica, verbal o sexual. Por ello, no solo es necesario sino urgente tomar medidas como poder del Estado que protege la vida como valor supremo.

En los índices de feminicidio en nuestro país, apreciamos que la violencia procede de los esposos el 28,27% de las veces, de convivientes el 63% y de enamorados o novios el 8%. Los fundamentos de nuestra iniciativa legislativa son la protección de la vida y la integridad frente a los altos índices de violencia contra la mujer, que son consecuencia de una clara inestabilidad emocional en los distintos niveles socioeconómicos de la población.

El requerimiento de la prueba psicológica en los futuros cónyuges se convierte en una medida preventiva contra actos de violencia. No es en sí la solución definitiva y ninguna ley lo será al tratarse de un problema transversal que compromete múltiples aristas e involucra diversas acciones y presencia del Estado. 

Como toda propuesta, deberá estar sujeta al debate y ello la enriquecerá más, pero partiendo de criterios de igualdad. El propio Código Civil contempla como “impedimento absoluto” el “adolecer enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia”; es decir, prioriza la salud del cónyuge. Entonces, ¿por qué ahora el requerir una evaluación psicológica no condicionante al acto matrimonial es motivo de cuestionamiento si protege la vida?

Inexactamente se ha dicho que se restringe la libertad individual o de pareja, pero se olvidan los múltiples pronunciamientos del Tribunal Constitucional que señalan que todos los derechos no son absolutos, pudiendo ser limitados en resguardo de uno de mayor prioridad (Exp. 0032-2010-PI/TC). Quizás dicho razonamiento sea cuestionado bajo el análisis económico del derecho que impulsan algunos académicos, quienes lejos de aportar soluciones solo prospectan ilusiones teóricas.

La tarea legislativa no está exenta de crítica y ello no implica un monopolio de ideas ni una aristocracia intelectual que establezca qué propuesta es la idónea y cuál la inadecuada. Nuestra fórmula legislativa recoge el valor ‘vida’ sobre otros derechos, y al no existir la panacea ni remedios mágicos que acaben con todos los problemas, esta es de discusión y perfeccionamiento ineludibles. Los críticos y académicos exigen soluciones absolutas y en el supuesto –negado– de que existan, ¿por qué entonces no fueron promovidas por dicha aristocracia intelectual que se opone y no propone? 

La informalidad en la relación de pareja origina que la convivencia sea cada vez más común y, por la reticencia al compromiso, hay como respuesta la lesión de ciertos derechos fundamentales y una limitada protección legal que aumenta el índice de violencia en ella. Es complejo un marco normativo que alcance a todos, como es solicitado por algunos analistas. 

Los proyectos de ley se fundamentan en propuestas, las mismas que pueden ser cuestionadas pero no censuradas, criticadas mas no calificadas, pues reflejan el derecho al libre pensamiento y opinión del autor. Las perspectivas problema-solución son variables y, como el arte de Salvador Dalí, pueden revolucionar la forma de ver las cosas. 

No impulsamos la referida fórmula mágica que pretenda solucionar toda la problemática, pero sí equiparamos un contenido normativo que prioriza la salud y vida de los cónyuges. Damos el primer pincelazo de una obra que debe encajar los múltiples factores sociales con las medidas a tomar por parte del Estado, en esa búsqueda por considerar al cuidado de la salud mental como una política pública prioritaria en la agenda nacional.