El Perú podría enfrentar un fenómeno El Niño de gran magnitud en plena transición política, una coincidencia que debería preocuparnos. Cuando una emergencia de esta escala coincide con un gobierno nacional de salida, autoridades entrantes aún sin equipos y gobiernos subnacionales cerrando gestión mientras nuevas autoridades compiten en campaña, el riesgo no solo es natural; también es institucional y territorial.
El país no parte de cero. Tiene un sistema nacional de gestión del riesgo. Sin embargo, como recuerda la literatura sobre implementación de políticas públicas, los problemas rara vez están solo en el diseño institucional, sino en la capacidad real de coordinar decisiones en el territorio. Los sistemas existen, pero no operan solos. Sin liderazgo presidencial y sin una PCM capaz de ordenar prioridades, las respuestas se fragmentan.
El primer desafío recae en el gobierno saliente. Las comisiones de transferencia no pueden reducirse, como suele ocurrir, a plazas, presupuestos o márgenes de contratación. Frente a una amenaza anunciada, las autoridades salientes deberían transferir algo más valioso: cómo opera realmente el Estado cuando los procedimientos dejan de alcanzar, qué coordinación suele romperse primero y qué actor destraba decisiones. Conocimientos que rara vez aparecen en los documentos oficiales, precisamente porque revelan cómo el Estado logra –o no– responder bajo presión. En emergencias, la experiencia estatal también salva vidas.
Además, hay una tarea ineludible para el presidente electo. Las semanas previas a la juramentación serán quizás el período de mayor capacidad de articulación política de todo su mandato. No deberían agotarse en cuotas o arquitectura ministerial. La alta dirección pública exige coordinación, construcción de confianza y decisiones bajo incertidumbre.
Esa ventana política, en la que recibirá a sectores interesados en construir una relación con el nuevo poder, debería aprovecharse para articular un espacio público entre Estado, empresa y sociedad civil que ordene esfuerzos y transparente capacidades antes de la emergencia.
Aquí aparece una discusión incómoda sobre el rol del sector privado. El estándar no debería ser cuánto se ayuda, sino cuánto se reduce una brecha real de respuesta del país. El compromiso no se mide por la narrativa de apoyo, sino por la transparencia, anticipación y capacidad real que se esté dispuesto a poner sobre la mesa.
Cuando los gobiernos se debilitan, sostener al Estado deja de ser un debate técnico y se convierte en una prueba de madurez política. Porque llegar tarde también cuesta vidas.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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