"Desde su primer día en el cargo, el presidente se ha venido reuniendo con personas de su entorno sin registro oficial alguno, afectando con ello el buen desarrollo del Estado" (Foto: Andina).
"Desde su primer día en el cargo, el presidente se ha venido reuniendo con personas de su entorno sin registro oficial alguno, afectando con ello el buen desarrollo del Estado" (Foto: Andina).
Romy Chang

Abogada penalista

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La clave para la lucha contra la corrupción en la administración pública es la transparencia, que implica el manejo visible de las actuaciones de las y los funcionarios que representan al Estado. Lamentablemente, el presidente no ha comprendido la importancia de este pilar y, desde su primer día en el cargo, se ha venido reuniendo con personas de su entorno sin registro oficial alguno, afectando con ello el buen desarrollo del Estado.

Al inicio, se pensó que su inexperiencia lo había hecho caer en esta falta. Pero luego de verificar que no ha cumplido con subsanar el registro oficial de las reuniones que tuvo entre el 28 de julio y el 1 de agosto, así como de ver los videos difundidos en los medios sobre las reuniones secretas sostenidas hace poco en su casa en Breña, queda claro que, “sabiendo que está prohibido, viene realizando lo indebido”.

Ahora bien, ¿qué consecuencias penales se pueden derivar de ello? Si bien sostener reuniones secretas, en principio, no es un delito, este hecho no puede valorarse de manera aislada, sino que deben atenderse una serie de elementos que ya han motivado investigaciones contra personas cercanas al mandatario: el otorgamiento de la buena pro a una empresa que representa Karelim López (que se reunió con durante el proceso de licitación), las investigaciones contra Bruno Pacheco (exsecretario general de Palacio) por traficar influencias a favor de empresarios ante la Sunat, la citación al presidente para que declare ante la fiscal de la Nación por el caso de los ascensos militares, entre otros, que hacen que las reuniones clandestinas y la lista negra de citas fuera de Palacio generen suspicacias respecto de posibles delitos. Así, entre los posibles delitos que una investigación fiscal acuciosa eventualmente podría advertir, están los de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, actos de negociación incompatible (a favor de empresarios y en contra de los intereses del Estado), actos de abuso de autoridad, etc.

La explicación dada por el presidente respecto de que se trataron de reuniones personales en las que no se discutieron asuntos oficiales no solo contradice lo que declaró su ministro de Defensa Juan Carrasco (quien señaló que se trataron temas de defensa nacional) y la congresista de Perú Libre Katy Ugarte (que indicó que se trataron temas magisteriales), sino que, además, resulta poco creíble si se toma en cuenta que hasta el sombrero chotano quedó de lado para evitar ser identificado.

Por ello, instaurar la transparencia y recuperar la confianza de la población deben ser prioridades para el jefe del Estado. Una buena oportunidad será la citación formulada por la fiscal de la Nación para este 14 de diciembre, pues, como se dice, “quien nada debe, nada teme”. Y en este contexto de desconfianza en torno de posibles actos de corrupción que el mismo mandatario ha generado, una buena explicación nunca estará de más.