Enfrentando la ‘contrarreforma’ del servicio civil

Imaginemos por un momento que, mediante una decisión legislativa, una entidad pública pudiera establecer sus propias normas presupuestarias, decidir autónomamente sobre sus inversiones e incluso definir sus propias reglas de control, apartándose de los marcos normativos que los entes rectores han diseñado para asegurar orden y eficiencia en la gestión pública. Tal escenario, por absurdo que parezca, atentaría contra el principio de unidad de la administración pública y socavaría décadas de esfuerzos por institucionalizar una gestión estatal orientada a la ciudadanía.

Sin embargo, algo similar ya está ocurriendo con la gestión de los recursos humanos. En los últimos años, se ha venido consolidando una peligrosa tendencia a fragmentar el sistema del servicio civil, permitiendo que determinadas entidades diseñen sus propios esquemas de gestión del talento humano, al margen del marco normativo para el resto del Estado, produciéndose una ‘contrarreforma silenciosa’: la proliferación de sistemas paralelos que pretenden operar como islas autárquicas dentro del aparato estatal, dejando atrás un modelo de gestión de recursos humanos que –al igual que el presupuesto, la inversión pública o el control– forma parte de los denominados sistemas administrativos del Estado, definidos por una ley orgánica.

Estos sistemas no son una invención burocrática, sino una herramienta que tiene una raíz constitucional para asegurar una administración coherente, racional, eficiente y orientada al interés general y que, por ende, no puede ser desconocida por ninguna entidad integrante del Estado Peruano. En este sentido, no es posible –ni legal ni institucionalmente deseable– que se promueva la ruptura de dicho marco, sin socavar gravemente los principios que sostienen el Estado de derecho.

La coexistencia de múltiples esquemas de gestión del servicio civil no solo fragmenta el sistema, sino que también genera incertidumbre en los propios servidores públicos, mina la predictibilidad normativa y limita el desarrollo de carreras meritocráticas. Pero, además, impide una gestión articulada de las capacidades estatales, reduciendo su capacidad de respuesta frente a la ciudadanía.

Por ello, se impone una lectura seria y responsable de la realidad y de cómo ella debe reorientarse dentro del marco constitucional que procura un Estado ordenado, eficaz y eficiente y con servidores públicos “al servicio de la nación”. Pueden existir particularidades institucionales que requieran tratamientos específicos, pero en ningún caso estas deben convertirse en excusas para apartarse del marco regulador del ente rector del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos, que pueda actuar como garante de la preservación de los valores, principios y objetivos del modelo de servicio civil que el país viene construyendo con esfuerzo, diálogo y visión de largo plazo, frente a cualquier otra regulación especial que pueda afectarlo.

Lograr entonces compatibilizar el reconocimiento de ciertas realidades sectoriales o institucionales con la necesidad de mantener un sistema articulado y coherente es el verdadero reto. Pero ello exige voluntad política, compromiso institucional y, sobre todo, una mirada de país que coloque al ciudadano en el centro de la gestión pública.

No se trata de una defensa corporativa ni de una postura tecnocrática: se trata de garantizar un servicio civil sólido, meritocrático, transparente y orientado a resultados, que permita contar con el mejor talento en el Estado para enfrentar los desafíos que el Perú demanda. La reforma del servicio civil no puede ni debe detenerse. Postergarla o retroceder en ella equivale a resignarnos a un Estado fragmentado, ineficiente y débil. Por el contrario, profundizarla es una apuesta para seguir ordenando la casa grande en un aspecto tan vital como es la administración del capital humano, fortaleciendo el servicio civil y así lograr mejores servicios a la ciudadanía.

Porque la ciudadanía lo demanda, para construir un mejor país, es hora de que impere la razón y el interés de todos.