Durante mucho tiempo se ha demonizado la participación del empresario formal en la política. Lava Jato fue una mancha roja que para muchos no permitió separar la paja del trigo. Es así, que aprovechándose de su retórica populista efectiva, Martín Vizcarra junto a asesores políticos que no midieron las consecuencias adecuadamente, hicieron campaña por eliminar el financiamiento privado de la política. Resultado: los intereses de los ilegales tienen carta libre en nuestra representación nacional.
El 2026 está más cerca que las elecciones del 2021, y si hay una regla de juego que debe de cambiar es esta. Es así, que el congresista Alejandro Muñante ha propuesto un proyecto de ley que ha sido aprobado a nivel de la Comisión de Constitución y que es urgente debatir a nivel del Pleno. Este proyecto de ley propone restaurar el financiamiento de personas jurídicas.
La propuesta plantea dos modalidades para el financiamiento de partidos políticos: una directa, que permitiría a los donantes contribuir directamente a los partidos con su conocimiento, y otra indirecta, que introduce una innovación al permitir depósitos anónimos - pero con conocimiento de la ONPE- a través del Banco de la Nación hacia una o varias organizaciones políticas. Esta última busca desconectar el origen de los fondos de su ejecución por las plataformas políticas. Ambas modalidades comparten requisitos importantes, como la bancarización de los ingresos, estableciendo que aportes mayores al 25% de una UIT deben realizarse mediante el sistema financiero. Además, existen límites en los montos de las contribuciones: para campañas presidenciales, un donante puede aportar hasta 200 UIT a un partido o 500 UIT al conjunto del sistema político. En el caso que el aportante opte por la vía del Banco de la Nación, está sujeto al límite del 40% de los montos indicados.
Sin embargo esta propuesta debería ser complementada con dos reformas adicionales. Primero, la bancarización de los gastos de las campañas políticas. Esto permitiría una mayor transparencia hacia los electores y ayudaría a prevenir financiamiento ilegal, ya que plataformas como Yape o Plin podrían ser utilizadas para transferencias con proveedores que no participan dentro del sector financiero tradicional. La segunda propuesta aboga por un control concurrente del financiamiento durante la campaña electoral. Actualmente, la ley exige que las organizaciones políticas presenten reportes de ingresos y gastos solo 15 días después de las elecciones, dejando a la ciudadanía con poca información durante el proceso. Se propone que los partidos declaren sus movimientos financieros en momentos predefinidos antes de los comicios, para mejorar la transparencia y el control ciudadano.
En conclusión, consideramos que estos cambios pueden cambiar el panorama político para bien. La economía formal es aquella que paga impuestos y sostiene al estado. Es solo adecuado que tengan mecanismos para participar en la política que depende de ella.