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¿Saben esto las municipalidades?, por José Luis Guasch

“El objetivo es convertir esos espacios públicos en plataformas de transformación social”.

José Luis Guasch Ex jefe de la Unidad de Expertos Globales en APP del Banco Mundial

Tazza

“¿Saben ustedes que los usos más comunes destinados a esos espacios han sido sedes sociales para la comunidad, complejos y programas deportivos y culturales?“. (Ilustración: Giovanni Tazza)

¿Saben ustedes que un gran activo de las municipalidades son los espacios públicos no o mal usados?

¿Saben ustedes que esos espacios, generalmente abandonados o mal operados, constituyen en promedio entre el 3% y el 10% del espacio de las municipalidades?

¿Conocen ustedes la paradoja de Shoup (1994)?: “¿Por qué es tan difícil financiar aquella infraestructura pública que aumenta el valor de la tierra eficientemente trabajada por mucho más que el costo de la infraestructura misma?”. ¿Saben que diversos estudios muestran que el costo promedio de proveer servicios públicos asciende a US$35 por metro cuadrado, mientras que el valor del suelo adicional atendido por el servicio se eleva a US$145 por m2 (Vetter et al., 2012, y otros estudios en un gran número de municipalidades en Brasil) y que ,además, la recuperación de la inversión a través del incremento de los impuestos prediales (cuando se ajusta la valorización) y/o tarifas –cuando es relevante–, se recupera en pocos años? Entonces, ¿por qué los espacios públicos no se mejoran con mayor frecuencia, teniendo en cuenta que aún persisten deficiencias notables en la cobertura y la calidad de los servicios públicos?

¿Saben ustedes que, a razón de eso, un gran número de municipalidades en el mundo han implementado programas para corregir esos temas, con sus dos vertientes: una, incrementar cobertura y calidad de los servicios; y dos, desarrollo integral de espacios públicos, con alto éxito e impacto social?

¿Saben ustedes que los usos más comunes destinados a esos espacios han sido sedes sociales para la comunidad, complejos y programas deportivos y culturales, centros para la tercera edad, centros y talleres de capacitación y –ocasionalmente– viviendas sociales?

¿Saben ustedes que los mecanismos usados en el mundo para la transformación de esos espacios en centros de actividad social fueron alianzas público-privadas (APP), obras por activos, obras por impuestos y, en algunos casos, hubo un cofinanciamiento por la municipalidad a cambio del uso de la sede para actividades de la misma?

¿Saben ustedes que el éxito de esas iniciativas respondió a la gestión del proyecto por el sector privado, así como al compromiso y patronización de actividades y membresías de grandes empresas bajo el concepto de la responsabilidad social corporativa?

El objetivo es convertir esos espacios públicos en plataformas de transformación social, a través de actividades como el deporte, la cultura y la sociabilización. Todo esto enmarcado en un nivel de civismo donde se promueva la igualdad de género, el respeto a las personas y a la propiedad. Esas iniciativas son pedidas a gritos por municipalidades con población promedio de bajos ingresos, donde hay gran necesidad de espacios seguros y de integración; inexistentes en estas zonas de la ciudad. Ya existe un proyecto referencial, llamado ActivaClub, en un área de 25 mil m2 en el distrito de Independencia y que tiene un gran impacto social. Consta de sede social para talleres, además de programas para jóvenes y para la tercera edad, piscina olímpica, cancha profesional de fútbol y canchas para otros deportes –estableciendo ligas para equipos de la municipalidad, tanto masculinos como femeninos–. La iniciativa fue desarrollada como una APP autosostenible, que no le ha costado nada a la municipalidad y que está recibiendo pagos anuales del concesionario más impuestos y arbitrios por montos que superan los S/200 mil. Ello aparte del impacto social del proyecto. A través del mismo, se integran las diferentes instituciones del barrio mediante convenios para que usen las instalaciones a costos especiales, ya sea para eventos deportivos o sociales –como clases de educación física para los colegios de la zona (bomberos y policías practican el deporte)–, así como un espacio seguro para que las niñas y mujeres del barrio puedan desarrollarse, entrenar o ser parte de un equipo. Con tarifas familiares acomodadas a la capacidad de pago de la comunidad –que equivale en este caso a un sol por día para cada miembro de la familia–, este proyecto es asequible para las poblaciones más vulnerables, generándoles un espacio propio en el que pueden desarrollar una sensación de pertenencia. Todo lo anterior genera alto rédito político a las autoridades competentes.

Los resultados son extraordinarios: reducción de la criminalidad, el vandalismo y el consumo de drogas. Asimismo, se fomenta una alta participación de los jóvenes (hombres y mujeres) en programas deportivos, se observa un incremento sustancial de autoestima en la comunidad, se registran menores ausencias y un mejor desempeño en las escuelas, una mayor interacción social de la comunidad, etc.

En aras de esta información, ¿no deberían las municipalidades priorizar y sistematizar esas iniciativas en sus dos vertientes, incrementar la cobertura y calidad de sus servicios públicos, y transformar esos mal usados espacios públicos en sedes de desarrollo e integración social?

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