Nuestros estudios de la Interoceánica, por Bonifaz & Urrunaga
Nuestros estudios de la Interoceánica, por Bonifaz & Urrunaga

El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), al igual que otras instituciones similares, produce investigaciones diseñadas y ejecutadas por sus miembros. Asimismo, elabora estudios técnicos, solicitados y financiados por organismos multilaterales, instituciones públicas, gremios y empresas privadas, pero no por eso pierde su independencia académica.

La Universidad del Pacífico garantiza la libertad de cátedra y la pluralidad de opiniones de sus profesores, por lo que no se solidariza necesariamente con el contenido de los trabajos que presenta, tal como aparece indicado en sus publicaciones. Naturalmente, exige que todos los trabajos sean de excelencia académica e imparcialidad, respetando los principios de veracidad, transparencia y ética. En este contexto, hace aproximadamente 10 años, los autores de este artículo realizamos los estudios técnicos que explicamos a continuación, con la información disponible entonces.

A inicios del 2006, cuando los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica ya habían sido otorgados en concesión, uno de los concesionarios, la empresa Odebrecht, nos solicitó un estudio para estimar los beneficios económicos de la carretera mencionada. Dicho estudio culminó en el documento “Estimación de los beneficios económicos de la carretera Interoceánica” (Documento de Trabajo N° 81 del CIUP). Si bien la publicación es de enero del 2008, el estudio se realizó en el 2006 y consideró la información de tráfico del 2005 y los montos de inversión contractuales. Luego, como el tráfico efectivo superó las proyecciones iniciales en varios tramos de la carretera durante el 2007, la empresa nos solicitó una actualización que culminó en el libro “Beneficios económicos de la carretera Interoceánica”, de junio del 2008. 

Ambos trabajos no evaluaron ni se pronunciaron sobre las magnitudes de inversión: ni las contractuales ni las ampliaciones materializadas mediante las adendas. Tampoco compararon la Interoceánica con otros proyectos de mayor o menor prioridad a nivel nacional. Queda claro, entonces, que estos estudios no fueron responsables del resultado de la licitación de estas concesiones ni de las posteriores adendas, tanto por las fechas de su realización como por sus objetivos y contenidos.

El objetivo de ambos estudios fue estimar los beneficios que generaría la Interoceánica para la macrorregión sur. Esta estimación consideró tanto los beneficios directos como los indirectos.

Los beneficios directos son aquellos que obtienen los usuarios de la carretera por la reducción de los costos operativos vehiculares y el ahorro en los tiempos de viaje de los pasajeros, y los calculamos siguiendo los conceptos y parámetros del SNIP.

Los beneficios indirectos son aquellos que se producen por el mejoramiento de la carretera, distintos a los percibidos directamente por sus usuarios. Estos beneficios son particularmente relevantes en proyectos de transporte alejados de las grandes urbes y se requieren para generar oportunidades a poblaciones marginadas de la economía de mercado. Así, por ejemplo, la mejora en la carretera generaría los incentivos para el incremento de la producción. Por ello, estimamos el efecto incremental de la carretera sobre el PBI potencial anual.

Los beneficios estimados fueron US$1.857 millones para los 25 años de la concesión, que, descontados del valor actual de los aportes del Estado, definidos originalmente en los contratos de los tramos 2, 3 y 4, involucraban un beneficio neto de US$1.246 millones. Los beneficios indirectos representaron el 84% del total, lo que era predecible, pues en este tipo de carreteras el tráfico no es lo más relevante, sino más bien el desarrollo de los beneficios sociales. Este resultado fue el que nos permitió concluir, en los años 2006 a 2008, que la Interoceánica resultaría beneficiosa para la macrorregión sur.

En conclusión, realizamos estudios técnicos para Odebrecht, como muchas otras instituciones serias en el país. Nuestros estudios fueron conceptual y metodológicamente rigurosos e independientes de su fuente de financiamiento y de ninguna manera avalaron las acciones de Odebrecht.

Finalmente, rechazamos rotundamente cualquier acto de corrupción en todas las esferas del Estado y el sector empresarial, y reafirmamos nuestro apoyo a la inversión pública y privada en favor del desarrollo del Perú.