¿Puede el Perú seguir postergando una norma ambiental cuando ya existen combustibles limpios disponibles en el mercado, capacidad de refinación para producirlos y una experiencia previa que demuestra que la transición gradual es posible? Mi respuesta es no.
La implementación del estándar Euro 6 debe comenzar en enero del 2027, de manera progresiva, empezando por Lima y el Callao y extendiéndose luego a otras regiones. Las dificultades que hoy enfrenta Petro-Perú deben ser atendidas, pero no pueden convertirse en una razón para postergar por tercera vez una política directamente relacionada con la salud de los peruanos y la contaminación del medio ambiente.
El punto de partida es concreto. La refinería La Pampilla, operada por Repsol, representa el 49% de la capacidad nacional de refinación, según sus propios reportes financieros consolidados en su Memoria Anual 2025. Desde el 2024, con una inversión de más de US$30 millones, la planta quedó técnicamente lista para producir y distribuir de forma masiva gasolinas regular y premium con un contenido de azufre menor a 10 partes por millón (ppm), cumpliendo con los requisitos del estándar Euro 6.
Pero hay un dato todavía más revelador. Según una muestra de control de calidad de grifos y estaciones de servicio en Lima y el Callao, correspondiente al período 2019-2026 y realizada por Osinergmin, a la que he tenido acceso, 77 establecimientos de Lima, el Callao, Cañete y Huarochirí ya comercializan combustibles con menos de 10 ppm de azufre. Es decir, el combustible limpio no es una promesa para el futuro, ya está llegando a los consumidores.
Entonces, la discusión debería ser otra: ¿cómo hacemos para que esa oferta crezca y llegue progresivamente a más peruanos? La respuesta está en establecer un calendario claro. No pretendo que el 49% de la capacidad de refinación disponible abastezca de un día para otro a todo el país. Propongo comenzar donde el problema es más urgente: Lima y el Callao, priorizando progresivamente al transporte pesado y público y, luego, a los vehículos particulares, para extender después la medida a otras regiones.
No sería la primera vez. En el 2016, el Perú transitó hacia Euro 4 mediante un esquema gradual. Se empezó con combustibles más limpios en Lima y el Callao y posteriormente se amplió la cobertura al resto del país. Esa experiencia demuestra que es posible establecer una transición por etapas mientras se fortalece la capacidad nacional.
¿Por qué debemos hacerlo? Porque el costo de esperar también existe, y lo pagan los ciudadanos y el medio ambiente.
Diversos estudios muestran que la contaminación del aire está asociada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otras afecciones. La contaminación vehicular en Lima y el Callao causa hasta 10.000 muertes prematuras anuales, según la Agencia de Protección Ambiental (USA), y reduce en 2,2 años la esperanza de vida, de acuerdo con estudios de la U- de Chicago y Air Quality Life. El Minam ha señalado, además, que el material particulado menor a 2,5 micrómetros suspendido en el aire es responsable del 4% de las muertes totales en Lima. La transición hacia combustibles compatibles con Euro 6 puede reducir en 80% las emisiones de óxidos de nitrógeno y en más del 67% las emisiones de material particulado.
Hay, además, una razón de Estado: el Perú asumió compromisos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París y en su proceso de adhesión a la OCDE.
Cumplir Euro 6 no significa abandonar a Petro-Perú. Significa darle un horizonte para acelerar su adecuación, mientras el Estado garantiza que los ciudadanos puedan acceder progresivamente a combustibles más limpios.
La política pública responsable no debería escoger entre empresa estatal y calidad ambiental. Debería hacer ambas cosas: fortalecer a Petro-Perú y proteger la salud de los peruanos.
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