¿Cómo combatir la inseguridad ciudadana?

El gobierno ha vuelto a recurrir al estado de emergencia como respuesta a la falta de estrategias para detener la ola de criminalidad que mantiene en vilo al país y terminó con la vida de Paul Flores y cientos de peruanos.

Está claro que los estados de emergencia reducen en un porcentaje solo los delitos menores. No contamos con herramientas para enfrentar a las bandas dedicadas al sicariato y la extorsión. La policía lucha sin nuevas herramientas, los serenos no tienen con qué defenderse y el sistema de justicia arrastra las mismas falencias de siempre.

El Conasec arribó a las propuestas de siempre: reforma del sistema penitenciario, servicio militar obligatorio, declaración de emergencia de la policía, entre otras. Muchas de estas iniciativas se arrastran del discurso de Dina Boluarte en julio del 2024, y otras, como la declaración de emergencia de la PNP, la venimos proponiendo desde el año pasado.

Las propuestas del gobierno, a través del Conasec, son tardías y su implementación, en varios de los casos, depende del trámite en el Congreso. Existen otras propuestas encaminadas que, con el impulso del Ejecutivo y con la debida presión al Parlamento, podrían materializarse en el corto plazo. Lo primero es la creación del sistema de unidades de flagrancia, cuya iniciativa está estancada en el Parlamento. Este sistema ya se viene aplicando en San Martín de Porres, donde cedimos un local, con resultados concretos, pero, desde mis competencias, insuficientes por falta de compromiso de los demás actores. También cedimos un local a la brigada contra la criminalidad; sin embargo, hace falta personal e inversión con la que se pueda hacer inteligencia e investigación.

En el ámbito local, para el equipo de serenazgo hemos comprado 14 camionetas para el patrullaje; sin embargo, hace falta policías para poder articular de manera efectiva.

Decía John Stuart Mill que la clave para el desarrollo de cualquier sociedad era el orden y el progreso, es decir, la tranquilidad social no perturbada por ninguna violencia privada, la protección de todos los bienes y el incremento del bienestar y el desarrollo de las cualidades intelectuales y morales de la población. Nada de eso se percibe en el Perú de hoy; por el contrario, la inseguridad, la corrupción y el desgobierno son pan de cada día. Las declaraciones de los estados de emergencia terminan en eso, en declaraciones, sin ninguna consecuencia real.

Por ello, no solo basta adelantar las elecciones para resolver la crisis política y social que padecemos, es necesario también realizar cambios estructurales y reformas a la institucionalidad de las entidades que, particularmente, están vinculadas a la seguridad ciudadana. En ese sentido, considero importante realizar las siguientes acciones:

1. Dotar de recursos necesarios a la PNP: logística, tecnología y capacitación. Particularmente, fortalecer sus áreas de investigación e inteligencia.

2. Debe reformarse los mecanismos de investigación y juzgamiento de la fiscalía y el Poder Judicial, a efecto de proteger a su personal ante el acoso de la delincuencia y la corrupción, así como dotarlos del presupuesto necesario para atender con eficacia y prontitud los delitos.

3. Debe reformarse el INPE, para resolver la crisis de corrupción, hacinamiento y deterioro estructural. Habría que considerar los nuevos modelos de gestión penitenciaria que Estados Unidos y El Salvador están implementando.

4. Derogar todas las leyes que han permitido la impunidad en el seguimiento de los delitos penales, como la detención en flagrancia y la ley de extinción de dominio.

Finalmente, es necesario recalcar la necesidad de buscar una solución democrática a la crisis que padecemos; no podemos esperar a que la crisis se profundice y deteriore, y resquebraje los lazos solidarios que unen a nuestra sociedad. Adelantar las elecciones no solo es el sentido común de la mayoría de la población, es hoy la única manera de mantener nuestro sistema democrático.